El proyecto de ley para regular la actividad del operador inmobiliario -que impulsa la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), entre otras entidades, y que hoy está en Cámara de Diputados-, tiene detractores que buscan frenar su aprobación.

Según la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei), dicho proyecto es inconstitucional y, de aprobarse, dejará gente sin trabajo y podría alejar a las franquicias internacionales de este país. Así lo expresó la Cumei en una carta dirigida a las autoridades nacionales, Poder Legislativo y opinión pública.

En diálogo con El País, John Leaman, presidente de Cumei, señaló que el proyecto de ley “dice querer bajar la informalidad y la competencia desleal entre operadores, pero eso es un disfraz”. Agregó que “sostienen que el proyecto es en el marco de la defensa de la libre competencia, pero es justamente lo que no quieren”.

Leaman insistió en que la iniciativa busca cerrar el mercado. A su entender, el requisito de realizar cursos en el sector para tener la licencia, sacaría de escena a muchos operadores actuales, además de que “esos cursos duran dos años” y hay “muy pocos” en el país.

“El proyecto de ley es una inconstitucionalidad que afecta a toda la actividad al limitar la libertad en general y la de empresas en particular, sin basarse en razones de interés general, que en este caso no las hay”, fundamentó.

“También nos preocupa que haya una marcada voluntad de dejar afuera a las franquicias, algunas de las cuales tienen más de veinte años en el país”, agregó. Esto, en referencia a que son precisamente las franquicias las que tienen como modelo trabajar con agentes y no tanto con empleados. En esa línea, según su lectura, prácticamente solo se podrá entrar al sector como empleado de una inmobiliaria.

“Los impulsores de esta ley dicen que quieren darle seguridad a los clientes, pero los operadores acercan a las partes de la operación, dado que la seguridad jurídica y en otros aspectos viene después, con abogados, escribanos, arquitectos; no le corresponde eso a los operadores”, dijo.

“Son palabras vacías para crear una matrícula, dirigida además por un consejo por miembros designados por el Poder Ejecutivo y cámaras inmobiliarias, lo que es un peligro porque el derecho de sancionar entre colegas no existe”, prosiguió. Leaman señaló al diputado nacionalista en representación de Maldonado, Diego Echeverría, como uno de los artífices de la ley, y dijo que las objeciones que la Cumei presentó en Diputados “fueron descartadas de un plumazo”.