PROYECTO

En la antesala de la Cámara de Senadores, este martes legisladores de todos los partidos políticos firmaron un convenio con los actores del sector inmobiliario para impulsar en el Parlamento el proyecto de ley que busca regular la actividad del operador inmobiliario.

De la firma participaron la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; parlamentarios y empresarios del sector.

“Son legisladores de todos los partidos trabajando intensamente para darle estado parlamentario a una iniciativa que viene desde un sector importante de la sociedad”, indicó Argimón.

Según explicó a El País el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena -quien también participó de la firma del acuerdo-, el objetivo es que el proyecto se trate en el Parlamento “lo antes posible”, puesto que corresponde a “un pedido que el sector viene reclamando desde hace años”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, los operadores inmobiliarios señalaron que “existe la percepción de que buena parte de las actividades vinculadas al sector inmobiliario” -particularmente las relacionadas con la intermediación en la negociación de inmuebles-, se llevan adelante de manera no regulada.

“Ello puede generar evasión tributaria y posibilidades actividades ilegales pasibles de constituir en el delito de lavado de activos, desprotección de los trabajadores formales y afectación del público consumidor”, advierten desde el sector.

De acuerdo con Sena, el hecho de que el acuerdo haya sido respaldado por legisladores de todos los partidos políticos, “hace que el tratamiento en la comisión sea mucho más rápido”.

Actualmente, la actividad involucra a casi 30.000 personas y desde las gremiales empresariales del sector entienden que incide en el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

“La aprobación de este proyecto de ley, redundará en una mejor imagen de Uruguay como país receptor de inversiones, para el inversor particular y el turista en general, y permitirá dar cumplimiento a los estándares y recomendaciones internacionales”, señaló el documento.

Asimismo, desde el sector entienden que si se aprueba la normativa, implicará la concreción de “varios objetivos a favor del país”. Entre ellos: “obligará la mejora en la prestación de servicios inmobiliarios; contribuirá a disminuir la evasión fiscal; otorgará seguridad jurídica en el negocio; y colaborará con las calificaciones del país frente a los organismos internacionales que lo evalúan”. Además, destacan que el proyecto “implicará un seguro cumplimiento” de las obligaciones impuestas a los operadores inmobiliarios en términos de control de lavado de activos.