Redacción El País
La crítica situación de la Caja Bancaria (agotaría sus reservas al inicio del tercer trimestre como adelantó El País la semana pasada) tiene dos aristas: una es la búsqueda de liquidez a corto plazo para hacer frente al pago de pasividades y la otra es lograr un consenso entre gobierno, empresas (bancos, administradoras de crédito, aseguradoras, transportadores de valores, etc.) y trabajadores (nucleados en AEBU) para una reforma de la misma que le dé sostenibilidad.

El problema en ambas es la urgencia. Para paliar la falta de dinero, el directorio de la Caja Bancaria pidió a las instituciones aportantes que adelanten sus pagos de aportes (al antepenúltimo día hábil del mes previo) en vez de abonarlos el octavo día hábil del mes en curso (o el día 20 del mes en algunos casos) como ocurre actualmente.

Esa solicitud es desde junio, por lo que si las instituciones aceptaran el pedido, deberían volcar los aportes dos veces este mes: el octavo día hábil (o el 20 de junio) y nuevamente el antepenúltimo día hábil (correspondiente al mes de cargo julio).

Pero, ¿por qué si la situación es tan crítica, se demora el proyecto de ley de reforma? Una comisión con integrantes del gobierno, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y el sindicato financiero trabaja en ello, contra reloj, dado que el proyecto tiene que estar aprobado a más tardar a fin de octubre. Y es que constitucionalmente no se pueden hacer modificaciones impositivas y/o previsionales un año antes de las elecciones.

¿En dónde está trancada la discusión? El lunes AEBU y la ABPU emitieron sendos comunicados en el que el primero decía que la solución de fondo al problema es aumentar la Prestación Complementaria Patronal (PCP) y con eso alcanza, mientras que el segundo no está dispuesto a ello y además señala que por sí sola no es suficiente para abarcar los US$ 600 millones que implica dar sostenibilidad a la caja.

La última reforma de la Caja Bancaria de 2008, implementó la PCP en un máximo de 4 por 10.000 (0,04%) de los activos bancarios. Esa tasa, desde que rige se aplica en un 2,5 por 10.000 (0,025%). AEBU pide llevarla al máximo.

La ABPU sostuvo que “incluso aumentando la PCP al máximo permitido legalmente” no se cubrirían los US$ 600 millones. Además planteó que “aumentar la PCP derivaría en un incremento del costo del crédito a la población; algo que sería injusto, además de inconveniente para la economía del país” y “encarecería aún más la estructura de costos de las instituciones, lo que llevaría a un menor volumen de negocios y de necesidad de personal y así, una menor base de aportación”.

AEBU dice que los bancos han ganado dinero como nunca antes en la historia y los bancos sostienen que las utilidades en Uruguay medidas sobre activos o patrimonio son de las más bajas de la región.

A ese tire y afloje sobre aumentar la PCP o no entre bancos y sindicato, se suma el gobierno que ve inconveniente aumentar la carga tributaria en un sector donde ya el aporte patronal por cada trabajador es casi cuatro veces superior al del régimen general (25,25% versus 7,5%).

Pero, ¿qué otras opciones se están manejando? El sindicato bancario AEBU envió una comunicación entre sus afiliados (a la que accedió El País) en la que dio detalles de la negociación.

“Como sindicato AEBU, no estamos en este baile porque ‘compramos la entrada’, hemos sido empujados por el Poder Ejecutivo por su negativa a aumentar la PCP y nos mantenemos en este ámbito de negociación, con el objetivo de acordar con las autoridades de la caja un proyecto lo menos malo posible para los trabajadores y jubilados”, señaló esa comunicación.

Uno de los puntos de mayor debate es el de elevar la edad de jubilación. “El Poder Ejecutivo propone un aumento inmediato a 65 años la edad para jubilarse”, indicó esa comunicación de AEBU a sus afiliados.

Además propone “una rebaja de hasta un 20% a las nuevas jubilaciones, con excepción de los compañeros que ya tienen causal jubilatoria, que no les afectaría”, añadió.

La Caja Bancaria paga actualmente las jubilaciones más altas de todo el sistema en promedio, en el orden de $ 120.000 nominales, según indicó ayer el diario El Observador. Incluso, hay jubilaciones (por regímenes anteriores) que rondan los $ 500.000 mensuales, aseguraron fuentes del sector financiero a El País.

Otro aspecto de la discusión entre bancos, AEBU y el gobierno son algunos beneficios que perciben los trabajadores del sector. Esto forma parte de la negociación por la reforma de la Caja Bancaria, según consignó la comunicación de AEBU.

Por un lado está el subsidio por enfermedad: a diferencia de los trabajadores de otros sectores que perciben el 70% con un tope de $ 55.869, el subsidio por enfermedad de los bancarios cubre el 100%. La propuesta que AEBU no acepta es que se iguale al del régimen general.

Otros beneficios en discusión, que AEBU quiere mantener son el de la prima por antigüedad, la licencia por los 25 años de antigüedad y los viáticos en zonas balnearias.

Además, los bancos quieren “reconsiderar” el aporte que realizan a la guardería de AEBU, planteó el sindicato.