Redacción El País
Siete agrupaciones que nuclean a diferentes profesionales uruguayos, concurrieron este martes al Parlamento para expresar su rechazo (y plantear modificaciones) al proyecto de ley de reforma de la Caja de Profesionales (Cjppu), enviado por el Poder Ejecutivo. Las críticas tienen sus matices y las propuestas hechas por las distintas asociaciones -para solucionar el problema deficitario de la Caja- varían en algunos aspectos, pero hay consenso en cuanto a la disconformidad con el proyecto planteado por las autoridades y también coinciden en que el Poder Ejecutivo tiene responsabilidad en la situación deficitaria del organismo.

En ese sentido, comparecieron ante la Comisión de Trabajo de Diputados, la Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Aacjppu), la Asociación Civil El Orden Profesional (Aceop), el grupo “Marcha por los Derechos Profesionales Universitarios”, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores (Cceau), el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), el Sindicato Médico (SMU) y la Asociación de Funcionarios de la Caja de Profesionales Universitarios (Afcapu).

En primer lugar, la Aacjppu planteó redirigir el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) a la caja, en el entendido de que el Banco de Previsión Social (BPS, destinatario actual de la recaudación de dicho tributo) no es el único organismo que paga jubilaciones. “Es hora de que esa violación se corrija”, plantearon desde la asociación y rechazaron las afirmaciones hechas por algunas autoridades en cuanto que redireccionar el IASS provocaría perjuicios en los ingresos al BPS. “Oí que decían ‘se viste un santo para desvestir otro’. Yo les digo: creo que hay un santo al que vistieron con ropa ajena”, reclamó Graciela Zaccagnino.

Por su parte, la Aceop -cuyo representante es el actual director de la Caja, Fernando Rodríguez Sanguinetti-, manifestó ante los diputados que el proyecto enviado por el Ejecutivo “no tiene ningún consenso” y dijo que si bien no se oponen a que haya una reforma de la Cjppu, sí rechazan el proyecto presentado “por la forma como fue concebido y, sobre todo, por el contenido”.

Entre otras cosas, esta asociación propuso “ensanchar la base de cálculo” de la Cjppu, mediante el ingreso a la Caja de los profesionales (egresados de universidades públicas y privadas) que trabajan en relación de dependencia, cuyos aportes serían en función de sus ingresos reales.

“Esta es la lógica de equidad que debería tener el sistema y no expulsar a la gente (...) proponemos un cambio de paradigma y entendemos que un proyecto de ley que reforme la caja no puede ser tratado en 20 días a las corridas”, criticó Sanguinetti.

Asimismo, desde Aceop proponen aumentar el valor de los timbres y las tasas profesionales, los cuales se ajustan por el Índice de Precios del Consumo (IPC), mientras que las prestaciones se ajustan por el Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN). “El IPC ha crecido bastante menos que el IMSN, lo que provocó un “desfase de entre un 20% y 25%” de menores ingresos para la caja, dijeron.

En tanto, el grupo “Marcha por los Derechos Profesionales Universitarios”, se diferenció de las agrupaciones anteriores al no solicitar el redireccionamiento del IASS, ni el aumento de los timbres profesionales. Por el contrario, su foco estuvo puesto en mejorar la gestión de la Cjppu, abaratar sus costos de funcionamiento (estimados en US$ 20 millones), que los aportes de los profesionales se hagan en función de los ingresos reales y no en esquema de fictos y que la caja sea absorbida por el Estado.

“Estamos totalmente en contra de la ley exprés. Entendemos que no soluciona la realidad de la caja. No va a hacer que sea viable”, indicó su representante, Pablo De Barros.

Los representantes del Cceau y del SAQ coincidieron en pedir que el IASS retenido por la caja sea volcado al propio organismo y no al BPS.

También propusieron incrementar 20% el importe de los timbres profesionales, los cuales representan un 30% de los ingresos de la Cjppu. Por otra parte, reclamaron que la asistencia económica del Estado se realice a partir del 1º de enero de 2024 y hasta tanto el déficit del instituto esté superado. “La ley exprés no mejora en nada” a la caja, “lo único que hace es prolongarle la vida hasta 2028, con suerte”, indicó Jorge Visca, secretario general del Cceau.

La solicitud del SMU fue la de que se otorgue más tiempo para estudiar el proyecto de ley y poder mejorarlo. Asimismo, plantearon que los aumentos previstos en los aportes de los profesionales activos y jubilados, “podrían ser de menor impacto o más progresivos”.

También coincidieron en revisar los timbres y tasas profesionales, para que sean ajustadas por IMSN y no por IPC. Sin embargo, discreparon con el pedido de que el IASS que aportan los profesionales se destine a la Cjppu por entender que es una idea “muy pesada”. En lugar de redefinir su destino, plantearon gestionar un aporte estatal equivalente a ese monto.

Por último, los funcionarios de la Cjppu criticaron no haber sido incluidos en la discusión de reforma y rechazaron que el proyecto de ley presentado no contempla a su colectivo. Su solicitud fue la de mantenerse como trabajadores dependientes de la Cjppu (como en la actualidad), de forma que no queden incluidos en el aumento de la tasa de aportes previsto.