“Como presidente de la directiva de la Caja de Profesionales (Cjppu), me siento reconfortado de que el Poder Ejecutivo haya presentado una solución (para la crisis que atraviesa la institución) y con la velocidad con que se trabajó”, dijo Daniel Alza a El País sobre el proyecto de ley que elaboró el Poder Ejecutivo para solucionar el déficit de la institución.

“Nos podrá gustar o no, porque realmente tiene cosas que no nos cierran del todo y hubiéramos querido que fueran diferente, pero de todas maneras la Caja necesita una solución ya y urgente. Y este gobierno respondió y ha trabajado, le reconocemos que lo ha hecho”, agregó el presidente de la Cjppu.

Alza destacó del proyecto de ley tres puntos principales: en primer lugar, el aumento de 18,5% a 22,5% en la tasa de aportes de los activos. “La base filosófica es igualar con el sistema común del BPS (Banco de Previsión Social) para las empresas que son similares al profesional independiente, que son las unipersonales y pagan ese porcentaje sobre determinados fictos”, señaló.

Agregó que el mismo proyecto de ley permite, creando algunos sistemas de tablas de fictos diferentes, que el profesional pueda elegir cómo seguir aportando. “Es decir, puede bajar el monto de acuerdo a sus posibilidades, bajando a otra escala de categoría. Se le da la libertad al afiliado de elegir, de acuerdo a sus posibilidades económicas, cómo gestar su jubilación. Hay caminos diferentes a lo que se había hablado en otras oportunidades”, remarcó Alza.

El segundo punto que Alza mencionó es la denominada contribución pecuniaria de los pasivos, sobre la cual la Cjppu comenzó a analizar su impacto, ésto es, cuánta gente se impactaría en cada uno de los niveles. “Hay gente a la cual no llega a la tasa de contribución, estamos estudiando también eso”, apuntó.

Esas tasas de contribución establecidas serán las que correspondan al monto nominal jubilación o pensión de cada contribuyente, medido en Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC).

La escala 1 que va de 0 a 6 BPC (de $ 0 a $ 39.456) pagará 0%; la escala 2 va de más de 6 BPC hasta 10 (entre $ 39.457y $ 65.759) y pagará 2%; la escala 3 va de más de 10 BPC hasta 15 (entre $ 65.760 y $ 98.639) y pagará 7,5%; la escala 4 va de más de 15 BPC hasta 20 (entre $ 98.640 y $ 131.519) y pagará 10%, y en la escala 5 que es para jubilaciones y pensiones de más de 20 BPC (de $ 131.520 en adelante) pagará el 12%.

Esta contribución de los pasivos, generaría entre US$ 40 millones y US$ 45 millones al año de ingresos para la Caja.

El tercer punto que resaltó el presidente de la Cjppu de la lectura del proyecto de ley es que se adelanta la convergencia con la ley 20.130 (de reforma jubilatoria de 2023), para el grupo de afiliados activos. Y una disposición para que los afiliados que se jubilan puedan seguir trabajando, en determinadas condiciones.

Entre los temas que Alza —“en lo personal”, dijo— le preocupan es el aumento del aporte de los afiliados activos y pasivos. “Es un esfuerzo realmente importante que tendrán que hacer, hubiéramos querido que fuera de otra manera, pero tenemos otro ámbito de discusión más adelante en el Parlamento como para poder plantearlo”, adelantó.

Consultado sobre si el aumento de las tasas de aporte a los activos, podría elevar el número de afiliados que se declaran en “no ejercicio” (uno de los principales problemas de la Cjppu, porque en ese carácter no aportan aunque tampoco se jubilan por la Caja), Alza consideró que “cada vez que se realizan cambios, se generan movimientos, hay gente que deja de aportar, otros lo hacen y otros que cambian de categoría. Lo que veo, y esto es a título personal, es que acá se le da el profesional que no pueda pagar los nuevos aportes, la opción de que lo haga en una escala inferior, y generar su propia jubilación en la escala en la que él puede pagar. Que es, en definitiva, lo que nos han pedido muchísimos profesionales”.

Consultado sobre si el aporte del Estado de unos US$ 30 millones anuales, le resultará suficiente a la Cjppu, respondió que “tenemos que ver cómo juegan las otras variables de impacto, los ingresos, la tasa de los activos, de los pasivos, el ajuste de la convergencia, hay que estudiarlo, porque nosotros lo teníamos estudiado en otros escenarios y esto es distinto. Por lo tanto, en cuanto a los números, no puedo adelantar si va a ser suficiente o no va a serlo. Eso es un tema del Poder Ejecutivo”.

Según informó Alza, los representantes del Poder Ejecutivo calculan que esta ley estaría garantizando la continuidad del pago de las prestaciones de la Cjppu por unos 20 o 25 años más. Después vendrían, eventualmente, otras reformas, porque todo sistema de seguridad social requiere ajustes periódicos, más allá que la Caja irá convergiendo con el régimen general de BPS.

Finalmente, al preguntarle sobre si este proyecto de ley es, a su entender, una “ley exprés” similar a la ya propuesta y rechazada en 2023, Alza fue categórico: “No estoy de acuerdo. Puede tener una base similar porque son las mismas cosas las que se estudiaron, pero no es igual a la anterior”.

Daniel Alza y Virginia Romero.

“Lo van a presentar cuanto antes, porque es un problema de Estado y lo quieren solucionar. No necesitan nuestra opinión ni voto. Es privativo del Poder Ejecutivo”, concluyó Alza.