Redacción El País
La calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) mantuvo este jueves la nota de la deuda de Uruguay en BBB+ (dos escalones por encima del mínimo del grado inversor), la más alta del país en su historia. A su vez, mantuvo la perspectiva de la calificación en "estable", lo que indica "nuestra expectativa de que el crecimiento económico y los resultados fiscales estables moderarán el aumento de la deuda".

El informe de la calificadora indicó que "la perspectiva estable refleja nuestra visión de continuidad en las políticas económicas clave después de la reciente elección".

"Esperamos que las políticas fiscales prudentes y el crecimiento económico mantengan el déficit del gobierno central en niveles moderados y que la deuda aumente solo modestamente. Esperamos que las inversiones moderadas, que representan el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), en diversos sectores de la economía respalden un crecimiento del PIB de alrededor del 2,6% en 2025-2027", añadió.

S&P señaló que la calificación de BBB+ está sostenida "por un PIB per cápita que sigue siendo el más alto de la región y un sólido perfil externo".

"Las calificaciones soberanas también reflejan la democracia estable y las instituciones políticas del país, que esperamos que fomenten una amplia continuidad de las políticas tras el cambio de gobierno", destacó.

"Sin embargo, nuestras calificaciones están limitadas por la limitada flexibilidad fiscal del soberano. Aunque esperamos que los déficits se mantengan moderados, la depreciación nominal proyectada, combinada con una proporción significativa de deuda indexada y en moneda extranjera, probablemente resulte en un cambio en la deuda neta del gobierno general por encima del 5% del PIB entre 2024 y 2027", advirtió.

S&P es una de las tres calificadoras (las otras dos son Moody's y la japonesa R&I) que dan a Uruguay la máxima nota de su historia, dos escalones por encima del mínimo dentro del grado inversor. Las calificadoras FitchRatings y DBRS Morningstar dan a Uruguay una nota de BBB (un escalón por encima del mínimo dentro del grado inversor).

La calificadora dijo que prevé "una amplia continuidad en la política económica tras la elección presidencial".

Fotos: Ignacio Sánchez y Natalia Robira.

"Un contrato social sólido, que enfatiza el consenso y la cohesión y las amplias coaliciones de partidos políticos, ayudan a anclar la estabilidad macroeconómica, como se vio en el rechazo de la propuesta de reforma de las pensiones", elogió.

El informe también mencionó que "las instituciones de Uruguay se destacan como impulsoras de grandes proyectos de inversión, lo que compensa parcialmente el mayor costo de producción" en el país.

Según S&P "los resultados de la primera vuelta de las elecciones del 27 de octubre apuntan a una segunda vuelta competitiva para las elecciones presidenciales el 24 de noviembre. El candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, quedó en primer lugar con casi el 44% de los votos, seguido por Álvaro Delgado del Partido Nacional (aproximadamente el 27%) y Andrés Ojeda del Partido Colorado (16%). Los dos últimos candidatos pertenecen a la actual coalición gobernante".

"Independientemente del resultado, no esperamos un cambio significativo en la dirección de las políticas, ya que las diferencias en materia de política económica entre los partidos son estrechas, especialmente en comparación con otros países latinoamericanos", remarcó.

A su vez, "la derrota del plebiscito de la seguridad social ilustra el rechazo de los uruguayos a las políticas extremas, así como el espacio limitado para los outsiders en su bien establecido sistema de partidos", destacó.

"Los plebiscitos son una forma de democracia directa y podrían presentar algún riesgo para la previsibilidad económica porque podrían modificar la Constitución mediante una decisión popular y eludir el procedimiento legislativo. El impulsado por los sindicatos propuso reducir la edad de jubilación (a 60 años), eliminar los fondos de pensiones privados y aumentar los beneficios mínimos. Si bien el 40% de los votantes apoyó la propuesta, la falta de respaldo de los principales partidos políticos provocó su derrota", analizó.

La calificadora ve que "ambos partidos políticos comparten el consenso sobre los desafíos económicos clave, incluida la necesidad de políticas fiscales sostenibles, reformas microeconómicas para mejorar la competitividad y liberar el potencial de crecimiento, así como la ampliación de los acuerdos comerciales. Las propuestas difieren en la visión del papel y el tamaño del sector público y la priorización del gasto".

"Dicho esto, la aprobación de cualquier legislación podría resultar difícil. Ninguno de los principales partidos o coaliciones tiene mayoría en la cámara baja, y si bien el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, las diversas opiniones dentro del partido podrían retrasar el diseño y la ejecución del plan económico", añadió.

"Esperamos un crecimiento económico del 3,1% en 2024, frente al 0,4% en 2023, gracias a un repunte de los sectores agrícola y relacionados tras la grave sequía del año pasado. Sin embargo, el crecimiento se desacelerará en 2025-2026 al 2,4%, dada la disminución de la inversión tras la finalización de la planta de celulosa y los proyectos de infraestructura relacionados. La desaceleración del crecimiento demográfico también podría afectar el desempeño económico a mediano plazo", indicó el reporte.

Foto: Estefanía Leal

"A pesar de estos desafíos, esperamos que una variedad de proyectos de menor escala en los sectores inmobiliario, de TI y agroindustrial sostengan un crecimiento económico en línea con los de sus pares con un nivel similar de desarrollo económico", agregó.

"El PIB per cápita de Uruguay debería alcanzar los US$ 23.000 en 2024-2025 y seguirá siendo el más alto de América Latina, aunque el país enfrenta desafíos como el alto costo de vida y los crecientes niveles de violencia", marcó.

En cuanto al déficit fiscal, S&P expresó que el país "seguirá comprometido con la prudencia fiscal, independientemente del resultado electoral".

"Sin embargo, las rigideces presupuestarias deberían mantener el déficit del gobierno central en aproximadamente el 3,1% del PIB en 2024-2027. Los salarios, las pasividades y los intereses (de deuda) representan más del 80% de los gastos. Además, el 40% de los votos en el plebiscito de la seguridad social pone de relieve la demanda de aumentar el gasto social", alertó.

El reporte dijo que "después de que el déficit se redujera en 2 puntos porcentuales en 2021-2022, el progreso en materia de consolidación fiscal se ha desacelerado".

"La reducción de la inflación ha limitado la capacidad del gobierno para reducir el déficit. La menor inflación también recortó el crecimiento del PIB nominal, así como la recaudación de ingresos a partir de las estimaciones presupuestarias. Mientras tanto, los compromisos de gasto nominal establecidos en 2022, así como la indexación a la inflación pasada de los salarios y las pasividades, limitaron la flexibilidad del gasto", cuestionó.

"Nuestra medida clave del desempeño fiscal del gobierno es el cambio en el stock de deuda neta del gobierno central, expresado como porcentaje del PIB. Esto captura más que los déficits generales e indica las tendencias de la deuda. Esperamos que el cambio en la deuda del gobierno central supere el déficit fiscal y promedie el 5,4% del PIB, lo que también refleja la depreciación del peso uruguayo y la inflación debido a la composición de la deuda del país", analizó.

"La gestión eficaz de la deuda ha reducido los riesgos en el perfil de endeudamiento de Uruguay. Sin embargo, la deuda en moneda extranjera todavía representa el 44% del total de la deuda, y la mayor parte de la deuda denominada en pesos está indexada a la inflación", añadió.

Para S&P "la regla fiscal implementada en 2020 ha sido una herramienta importante para anclar la política fiscal y aumentar la transparencia, al tiempo que refleja un compromiso institucional con la disciplina fiscal. Sin embargo, todavía no apunta a un nivel de deuda específico o prudente".

"Esperamos que la deuda neta del gobierno central aumente al 58% del PIB en 2027 desde el 51% en 2023. También esperamos que los pagos de intereses del gobierno central promedien el 8,7% de los ingresos del gobierno central entre 2024 y 2027", indicó la calificadora.

También prevé que "el déficit del gobierno central se mantenga cerca de los niveles actuales en 2025-2026" y que "la deuda neta del gobierno central debería mantenerse justo por debajo del 60% del PIB".

S&P valoró que "la reducción de la inflación es un paso importante para mejorar la credibilidad de la política monetaria, pero la profundización de los mercados de crédito internos demandará más tiempo".

"Un historial más prolongado de menor inflación podría estabilizar la trayectoria de la deuda, ampliar la intermediación financiera, reducir el nivel de dolarización en la economía y mejorar la flexibilidad monetaria", expresó el reporte.

Foto: Archivo

"Después de aproximadamente dos décadas de inflación en 7%-8%, el Banco Central se ha centrado en anclar las expectativas mediante una mayor comunicación y transparencia con el mercado. La inflación anual fue del 5% en octubre y se mantuvo dentro del rango objetivo de 3%-6% durante más de un año. Además, las expectativas de inflación para los próximos dos años se mantienen apenas por debajo de la banda superior del rango", explicó.

"En nuestra opinión, muchos años de inflación elevada y una dolarización aún alta (más del 70% de los depósitos) han limitado el acceso del sector privado al crédito. La asignación de crédito se aceleró recientemente, pero sigue estando por debajo de la de sus pares, con un 31% del PIB", según el reporte.

"Dicho esto, el sistema financiero está bien capitalizado y es altamente líquido. Clasificamos a Uruguay en el grupo '5' de nuestra Evaluación de Riesgo de la Industria Bancaria por País, o BICRA. Las BICRA se agrupan en una escala del '1' al '10', que va desde lo que consideramos los sistemas bancarios de menor riesgo, o grupo '1', hasta los de mayor riesgo, o grupo '10'", añadió.

El informe destacó que "la sólida posición externa de Uruguay sigue siendo una fortaleza crediticia clave. La recuperación de las exportaciones agrícolas después de la sequía de 2023 y la incorporación de la producción de la planta de celulosa UPM 2 aumentarán el superávit comercial al 3,8% del PIB desde el 2,8% en 2023".

S&P dijo que podría "mejorar la calificación de Uruguay en los próximos dos años si hay una consolidación fiscal más fuerte de lo esperado y un historial más prolongado de menor inflación".

"La desinflación podría respaldar una trayectoria de deuda más estable, reducir significativamente las rigideces económicas como la indexación y ayudar a expandir el crédito al sector privado. Tales desarrollos podrían acelerar el crecimiento económico por encima de nuestros supuestos del caso base, mientras que un sistema financiero más profundo y bien capitalizado promovería la intermediación financiera y fortalecería la flexibilidad monetaria de Uruguay", añadió.

A su vez, podría "bajar las calificaciones en los próximos dos años si el desempeño fiscal se deteriora inesperadamente y el gobierno debilita su compromiso de contener los déficits fiscales".

"En este escenario, esperaríamos que la carga de deuda neta del gobierno central aumente muy por encima del 60% del PIB. Una trayectoria de crecimiento del PIB a largo plazo consistentemente más débil podría afectar la resiliencia económica y conducir a una calificación más baja", concluyó.