Por Lautaro Brum
La Cámara Inmobiliaria (CIU) impulsa un proyecto de ley de operadores inmobiliarios. Su objetivo se centra en regular el ejercicio legal de la actividad profesional inmobiliaria en el Uruguay, desarrollada por los “comisionistas, agentes, corredores, brokers, operadores, empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios turísticos en el marco de la defensa de la libre competencia”, según indica el proyecto.

Beatriz Carámbula, presidenta de la CIU, dijo a El País que este proyecto se presentó en julio del 2022 en Diputados en conjunto con todas las cámaras asociadas del interior del país, la Asociación de Agentes Inmobiliarios, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal.

“El proyecto ingresó con las firmas de todos los partidos, es decir, no hay un partido que se lo haya acreditado, fue un trabajo en conjunto. Lo que se busca es formalizar y profesionalizar al sector. Es conciso y abarcativo, ya que los propietarios tienen la libertad de comercializar sus inmuebles sin tener que contratar una inmobiliaria”, explicó.

Se considera operador inmobiliario a toda persona física o jurídica cuya actividad, actuando por cuenta de terceros, tenga por objeto mediar, intermediar, asesorar, gestionar, tramitar, administrar, tasar y promover la compra, venta y el arrendamiento de inmuebles urbanos, suburbanos y rurales, incluyéndose los clubes de campo, barrios privados y complejos turísticos, construidos o a construir, así como hoteles y establecimientos comerciales en general.

En ese sentido, toda persona que cumpla con al menos una de las actividades inmobiliarias descriptas anteriormente deberá estar inscripta en Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios que se crea por la presente ley.

Dicho registro de operadores estará bajo la lupa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de ser administrado por una Comisión integrada por tres personas del Poder Ejecutivo y dos de las gremiales inmobiliarias, según Carámbula.

Su trabajo se centrará en hacerse cargo de las matrículas, cobrar una tasa de registro, crear un observatorio del mercado inmobiliario e inspeccionar a los operadores y sancionarlos en el caso de que cuenten con alguna irregularidad.

Además, Matías Medina, vicepresidente de la CIU, sostuvo que cuando se apruebe dicha ley se exigirá contar con el título de operador inmobiliario a aquellas personas que deseen ejercer la actividad. Dicho título de nivel terciario es reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura y hoy en día tiene una carga de 1.664 horas, que equivale a dos años de formación, según Medina.

“De aquí en adelante se exigirá ese título como punto de partida para operar en el mercado”, agregó.

Una de las principales razones -además de las ya mencionadas anteriormente- por las que se pensó este proyecto es para atacar la informalidad del sector. Carámbula aseguró que desde la CIU estiman un informalismo del 60% en la actividad local. Además, dijo que luego de la pandemia muchas personas mostraron interés en la rentabilidad que representa el sector, por lo que muchos empezaron a actuar de manera irregular como operadores inmobiliarios.

“Dicha informalidad también es perjudicial para el propio cliente, ya sea extranjero, inversor o propietario, ya que están siendo asesorados por personas que no están capacitadas, sumado a que se han registrado estafas y evasión tributaria de su parte, por lo que una de las bases del proyecto es generar más transparencia en el mercado para que este se ordene”, explicó Carámbula.

Además, manifestó que con esta ley “ganarán todos”: el cliente gana un mejor asesoramiento y el operador también suma ya que todos estarán enmarcados en una regulación con los mismos derechos y obligaciones. Sumado a ello, dijo que el Estado también ganará en recaudación, ya que todo lo que se está evadiendo hoy en día en ganancias informales también lo van a poder incorporar.

En tanto, Luis Silveira, tesorero de la CIU, comentó a El País que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), ha identificado un gran vacío legal en las inmobiliarias extranjeras que trabajan en Uruguay, ya que “no las podemos controlar”.

“En Punta del Este quienes más venden son inmobiliarias del exterior, no los que están registrados en las distintas cámaras, por lo tanto allí ya hay un gran informalismo, con montos gigantes que se mueven sin regulación”, agregó.

Las sanciones para quienes incumplan con los requisitos establecidos para ejercer dependerá de la infracción cometida. El costo de una posible multa dependerá de la gravedad de la infracción, pero el costo de esta se puede extender a 500.000 Unidades Indexadas (UI, $ 2.844.100), según Medina.