Redacción El País
Ayer, el Plenario del Congreso de Intendentes resolvió contemplar en parte el pedido de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) en relación a implementar un sistema de patente de rodados con menores valores y mejor fiscalizado.

En este sentido, los jefes de los gobiernos departamentales votaron congelar el valor de las patentes de aquellos camiones anteriores al año 2012, previo a la implementación del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Por tanto, para el año 2024, a esos vehículos no se les aplicará el ajuste del Índice de Precios del Consumo (IPC) reglamentario, estimado en 4% anual.

Asimismo, los intendentes fijaron los valores de las patentes para el próximo año y en el caso de los camiones de modelos posteriores a 2013, las alícuotas serán 1,3% del valor del mercado menos el IVA para los cero kilómetro y de 1,3% del valor del mercado para los usados.

Según indicó el presidente de la ITPC, Ignacio Asumendi a El País, estos valores fijados para 2024 “implicarían una reducción de aproximadamente el 7%” en el costo de la patente de estos vehículos.

“Estamos lejos de la aspiración que tenemos (con lo que se votó) y es bastante acotado, pero por lo menos significa un avance en comparación a años anteriores en los que no se avanzó en nada”, señaló Asumendi.

Por otra parte, los intendentes también aprobaron ciertos planes de financiación para aquellos contribuyentes que tienen deudas, con el objetivo de regularizar su situación. En ese sentido, el presidente de la ITPC manifestó que el congreso “mandató a tratar de hacer cumplir a los servicios técnicos” del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y del Sucive que se hagan efectivos los convenios existentes para fiscalizar el pago de la patente.

“Con esto vamos a poder controlar a que nuestra propia gente cumpla con el compromiso”, indicó Asumendi.

Adicionalmente, el presidente de la ITPC manifestó que en el Plenario del Congreso de Intendentes quedó también aprobado el compromiso de establecer un ámbito entre autoridades y actores privados del sector del transporte de carga para “seguir estudiando la situación e ir de a poco corrigiendo aún más lo que el sistema requiere”.