Unas 690 mil personas (el 36% de los deudores pertenecientes al sector familia) en Uruguay ostentan categorías crediticias problemáticas, no gozan de "buena salud financiera" y cuentan con grandes dificultades para acceder a financiamiento formal de calidad. Constituyen lo que en la jerga técnica se califica como "irrecuperables". En términos generales, esta situación compromete a uno de cada cuatro uruguayos mayores de edad. Así lo indicó el último informe de la Comisión Técnica Asesora de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), con datos cerrados a febrero de este año.

En Uruguay, casi las tres cuartas partes de la población tienen algún tipo de vínculo con el sistema financiero formal. El 71% de los mayores de 18 años de edad están registrados como tomadores de crédito ante el Banco Central del Uruguay (BCU).

El análisis, al que accedió El País, indica que los más jóvenes y los hombres son los que presentan mayores problemas para cumplir con los pagos estipulados en un crédito. Y, por eso, son los peor calificados. En concreto los hombres menores de 35 años de edad constituyen casi la mitad de los deudores "problemáticos".

Estas últimas cifras disponibles reflejan un incremento en la problemática de las personas fuertemente endeudadas y que por carecer de capacidad de pago han quedado fuera del acceso al crédito formal. A mediados del año pasado, el BCU tenía registrados a 633 mil deudores como "irrecuperables". En esta condición están las personas que incurrrieron en por lo menos 120 días de atraso en el pago de créditos al consumo, de 180 días en el caso de créditos comerciales o de 240 días de atraso en el pago de créditos para vivienda.

El informe de AEBU señala que, a la hora de acceder por primera vez a un crédito, diversos estudios muestran la existencia de "sesgos de género" que desfavorecen a las mujeres que, de forma contradictoria, demuestran ser mejores pagadoras.

El informe del sindicato bancario se basa en datos recolectados por la Central de Riesgos del BCU a partir de los reportes de las instituciones de intermediación financiera, empresas administradoras de crédito y de servicios financieros.

El análisis de AEBU se conoce en momentos en que Cabildo Abierto formalizaba en el Parlamento este martes una nueva versión de su proyecto de ley en donde propone un mecanismo de reestructura de la deuda de las personas físicas. En líneas generales, el Frente Amplio ratificó su postura de que, tal como está, el proyecto resulta "invotable".

El senador José Carlos Mahía (AU) solicitó este lunes la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas a la Comisión de Constitución y Legislación. La secretaría dirigida por Azucena Arbeleche había anunciado hace meses el envío de un proyecto alternativo, del que aún no se tienen noticias.

Mahía pidió también conocer la opinión de la Asociación de Bancos (ABU) y del BCU sobre el nuevo proyecto de Cabildo. El año pasado al exponer en el Parlamento sobre la anterior versión el presidente de esa entidad, Diego Labat, había advertido sobre los efectos que tendría la eventual aprobación de una iniciativa de este tipo.

Labat había alertado que una reestructura de las deudas por esta camino representaría un "cambio en las reglas de juego" y y sería en la práctica "meterse en contratos entre privados", que "no siempre y no necesariamente va a llegar a los resultados que queremos o deseamos". El presidente del BCU sodtuvo que una ley de este tipo lo único que lograría sería retraer el crédito, perjudicando así a ciertos sectores de la población, tanto buenos como malos pagadores. AEBU también había advertido en el Parlamento sobre consecuencias de esta índole.

A nivel político, el Frente Amplio procura saber oficialmente si el proyecto de Cabildo Abierto es respaldado por el resto de la coalición o si, al decir de Mahía, solo persigue un fin de "posicionamiento electoral". En filas nacionalistas esperan por el gobierno, pero varios senadores se aventuran a decir que la nueva iniciativa de los cabildantes es un "disparate".

Guido Manini Ríos dejó en claro que si la vía parlamentaria no prospera, su partido está dispuesto a embarcarse en una campaña de firmas para someter el tema a consulta popular.