Comenzando por el plebiscito de la reforma de la seguridad social, que conspicuos frenteamplistas rechazan, como el candidato a la Presidencia, por más que no le guste la nueva ley aprobada (lo que es de recibo).

Pero me temo que no profundicemos en temas medulares y caigamos en la superficialidad de anécdotas que tienen que ver con aspectos que no le arreglan la vida a nadie.

Y claro está, la prensa se hace eco de dichas cosas.

Desde esta gremial anhelamos una campaña de propuestas y que la diatriba al adversario, que lamentablemente “vende”, quede en algún anaquel desvencijado. A eso apunta el título de la nota.

Y así tenemos un tema perentorio donde hasta ahora el mismo y su puesta en escena, ha sido un manual de buenas intenciones. Categóricamente así. Desde los gobiernos del Frente Amplio como el gobierno actual.

Nos referimos a la creación de un Instituto de la Productividad, integrado por gente versada y que TRASCIENDA COLORES PARTIDARIOS. Y esto no lo solicito yo en nombre de la gremial, Ignacio Munyo director de CERES y con muchas más credenciales que el suscrito, ha abordado el tema y ha traído ejemplos de otros países, donde funciona con éxito un Instituto como el propuesto.

Por ejemplo, un trabajador promedio alcanza hoy en nuestro país, un nivel de producción que apenas representa el 40% del que obtendría si trabajara en un país avanzado.

Acota el citado Munyo, que tanto Argentina como Uruguay, que supieron tener una productividad de primer mundo, hoy tienen una retracción notoria.

Se suceden distintas barreras que conspiran contra la productividad y que el Ec Munyo ha hecho notar en sendos trabajos.

Una barrera es institucional donde allí Uruguay tiene una buena performance. Bajos niveles de corrupción, buena seguridad jurídica, se respeta el derecho de propiedad y existe estabilidad política.

Respecto a barreras en infraestructura tecnológica y física, son aceptables. Pero los obstáculos se multiplican cuando miramos el potencial de la mano de obra, que lejos de estabilizarse o mejorar, se deteriora.

Existen pruebas internacionales que indican que más de la mitad de las personas que ingresan al mercado de trabajo, no pueden cumplir una tarea compleja.

En nuestro sector, estudios del CEEIC han corroborado dicho aserto en cuando a la calidad de la mano de obra. Aunque cuando nos referimos a productividad, el tema debe comenzar por la cabeza de la empresa, que no necesariamente cumple a cabalidad con las exigencias requeridas.

Pero también existen barreras regulatorias. El peso del Estado en la economía juega su rol. Y nos referimos sin perjuicio del número de más de 300 mil contratos con el Estado, a la eficiencia de las empresas públicas, siendo muy mal catalogadas en América Latina.

Otro rol preocupante es la regulación laboral. Por más que haya habido cambios en el primer gobierno del Dr Vázquez Rosas, estamos lejos de adaptarnos a cambios que se perciben en el mercado de trabajo.

Con las tendencias actuales del mercado, imponerle a una empresa un convenio colectivo inadecuado, es forzar una situación que no se adecua a la realidad. En Uruguay, la ley de negociación colectiva prima sobre la empresa, coartando acuerdos a nivel de aquella, sabedores de la disparidad que tienen las mismas, el lugar geográfico que tienen y lo difícil que es crear un criterio de productividad que abarque situaciones tan disímiles.

Fomentar la confianza entre las partes juega un rol determinante, a la hora de alentar cambios en la regulación laboral. La cultura de cooperación es la predominante en los países desarrollados, en vez de la cultura del conflicto.

Entonces, el tema educativo, las empresas públicas, la inserción internacional y la regulación laboral, deberían formar parte de un menú que necesariamente debe estar por encima de trivialidades que menoscaban el sustento político y crean un clima electoral que no se compadece con la trascendencia del mismo. Mejorar en los aspectos antedichos, nos aparejaría una mejor productividad, entre otros beneficios.

Revista En Obra de APPCU