Redacción El País
La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) lanzó un informe en donde constatan por qué los sistemas de pensiones de reparto ya no son una buena opción para algunos países del mundo (incluyendo algunos de América Latina y el Caribe) y el presente de los sistemas de pensiones de capitalización (o ahorro).

Respecto al modelo de reparto, cabe destacar que en este modelo no existen cuentas de ahorro, sino que los aportes que los trabajadores realizan a la seguridad social se usan para pagar pensiones de los actuales jubilados. Argentina, Brasil y Ecuador son ejemplos de países en donde existen sistemas de pensiones de reparto.

Por otro lado, en el modelo de capitalización individual (o ahorro) existen cuentas de ahorro individuales, parecidas a las cuentas de ahorro bancarias, donde se guardan e invierten los ahorros realizados por los trabajadores para su futura pensión.

En el caso de Uruguay, tiene un régimen mixto que combina ambos modelos.

Un sistema de reparto “reparte” los aportes de los trabajadores entre los jubilados. En esa línea, si los aportes de los trabajadores activos alcanzan para pagar las pensiones de todos los jubilados en un país, el sistema de reparto puede funcionar y ser sostenible financieramente en el tiempo, hasta incluso se puede generar un excedente que se puede ahorrar para el futuro, según el informe. Ahora, ¿qué ocurre si no se llega a los recursos necesarios para financiar las pensiones de los jubilados, o se ve en el horizonte dificultades para cumplir con dichas obligaciones en un futuro?

Si los gastos en pensiones son mayores que los ingresos para pensiones en los sistemas de reparto, se genera déficit previsional, el cual es medido como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese marco, la FIAP sostuvo que la mayoría de los países que cuentan con este modelo ya presentan déficit provisionales, por lo que los ingresos que reciben de las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores activos no alcanzan para pagar todas las pensiones de los trabajadores ya jubilados. De hecho, según la FIAP, esto ocurre no solamente en América Latina, también en los países europeos que cuentan con este sistema.

En este sentido, la FIAP hizo énfasis en que la composición demográfica de la sociedad jugará un rol clave de aquí en adelante. Como ejemplo, constataron que en 1950 tan solo un 5% de la población de América Latina y el Caribe era mayor a 60 años. Actualmente, esta cifra llega a casi un 10% de la población, sumado a que en 2100 se espera que sobrepase el 35%, por lo que cada 100 ciudadanos de América Latina y el Caribe en dicho año, 35 serán mayores de 60 años.

Estos cambios demográficos son resultado de dos tendencias: una disminución de la tasa de natalidad y, por otro lado, un aumento de la esperanza de vida.

¿Qué implicancias tienen estos cambios para los sistemas de pensiones de reparto? Resulta que, al nacer cada vez menos niños y al vivir las personas cada vez más, el monto total de contribuciones de los trabajadores activos será cada vez menor relativo al monto total de pensiones que se necesitarían financiar, lo que -tarde o temprano- podría llegar a implicar un desbalance financiero.

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ya existen déficits previsionales. Es más, según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cuanto al déficit previsional para países seleccionados de la región en 2030 y 2060, se estima que en 2030 Uruguay alcanzaría un 6% del PIB de déficit. A este se le suman Brasil (9% del PIB), Argentina (8% del PIB), Costa Rica (4% del PIB), Honduras (1% del PIB) y Panamá (1% del PIB). Por otro lado, para el 2060 se espera que Uruguay alcance el 12% del PIB de déficit, mientras que en Argentina será del 15% del PIB. Brasil, en tanto, llegará al 28% del PIB, siguiéndole a este Costa Rica (11% del PIB), Honduras (6% del PIB) y Panamá (5% del PIB).

Según la FIAP, el desequilibrio financiero producido en estos sistemas tiene consecuencias negativas sobre las personas y los afiliados a los sistemas de pensiones (especialmente sobre aquellos de menores ingresos y más vulnerables) y para la macroeconomía y las cuentas fiscales de los países, que repercuten en las diversas áreas de la economía.

Gastos en educación, salud e infraestructura, por ejemplo, pueden verse restringidos por los recursos que se deben disponer para el pago de pensiones, según dicta el informe de la FIAP.

Asimismo, la mayoría de los sistemas de reparto cuentan con requisitos mínimos que se deben cumplir para recibir una pensión, siendo el principal de ellos un número mínimo de años de contribuciones para acceder a una jubilación. En el caso de Uruguay, el requerimiento es de 30 años.

En este marco, Uruguay cuenta con un 70,32% de trabajadores activos cotizantes a la seguridad social, según estudios del BID entre 2018-2022. Otros de los países con porcentajes similares son Costa Rica (70,61%) y Chile (68,06%).

Por otro lado, el 86,48% de las personas que tienen más de 65 años en Uruguay están habilitados para recibir una pensión contributiva.

Pasando al sistema de capitalización individual (o ahorro), la FIAP sostuvo en su informe que estos son más resilientes ante los cambios demográficos, ya que se basan en ahorros individuales y no en “reparto” entre generaciones, aunque este depende en gran medida del esfuerzo individual de cada trabajador y los parámetros establecidos en cada país para el ahorro.

En este caso, la edad mínima legal de jubilación en los sistemas de pensiones es de 65 años en Uruguay (con la reforma), Perú, México, Costa Rica, Bahamas y Jamaica, mientras que la más alta la tiene Barbados (67 años). En tanto, la media regional es de 62 años.

Asimismo, las tasas de contribución en América Latina y el Caribe son menores que las tasas de los países de la OCDE. Mientras que en la OCDE la tasa media de contribución corresponde a 18,4%, en la región de América Latina y el Caribe esta es de 11,6% (10% en Uruguay). En cuanto a la rentabilidad real bruta anualizada de los fondos de pensiones de los últimos 10 años y desde el inicio del sistema, Uruguay cuenta con un 3,9% y un 7,3%, respectivamente.

En referencia a las ventajas de los sistemas de ahorro sobre los de reparto, una de ellas es aumentar sustancialmente el ahorro de un país y con ello la inversión, con beneficios para el desarrollo y crecimiento económico. A su vez, otra es su mayor robustez frente al envejecimiento acelerado que están enfrentando América Latina y el Caribe, indicó la FIAP en su informe.