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Uruguay no tiene “luz” para bajar ninguna calificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), porque sino pasaría a formar parte de una lista internacional de riesgo por lavado de activos. Por ello, uno de los puntos en los que tendrá que ejercitarse es en sus procedimientos en casos de un evento de terrorismo, su financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva.

En las calificaciones de los Resultados Inmediatos (RI) del Gafilat, Uruguay tiene todos Moderado -las calificaciones son Bajo, Moderado, Sustancial y Alto- en relación a la prevención y lucha contra el lavado de activos. Por lo que, en comparación con la región, “andamos entreverados”, había explicado el supervisor de Fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa, a El País.

Asimismo, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, explicó que “no tenemos luz para bajar ninguna nota”, en un contexto en el que “los exámenes se van volviendo más difíciles”.

Uno de los motivos para ir a una lista de riesgo internacional por lavado de activos, lo cual acarrea impactos en el sistema financiero y perjudica la atracción de inversiones, entre otros; es contar con nueve calificaciones Moderado y dos Bajo. Uruguay, en la actualidad, tiene los 11 RI con una calificación de Moderado.

Según explicó Misa, si evaluaran de nuevo al país y baja la calificación en cuanto las condenas por lavado de activos (RI 7) y bajara el de supervisión de lavado (RI 3), sin subir otro, correría riesgo de ir a una “lista gris”.

En tanto, la jefa de Jurídica de la Senaclaft, Patricia Laburu, agregó que también se debe atender los Resultados Inmediatos que tienen relación con el financiamiento del terrorismo, tanto en investigaciones y condenas (RI 9), las sanciones financieras con congelamiento de fondos destinados a este delito (RI 10) y las sanciones financieras dirigidas por proliferación de armas de destrucción masiva (RI 11).

“Si bien acá no hay, tenés que tener muy bien establecido los mecanismos, que no los tenemos, ante una eventual ocurrencia de un evento de ese tipo. Se deben tener mecanismos con ejercicios y con simulacros de modo de poder probar que, si bien no tenemos condenas de terrorismo, no tenemos investigaciones de financiamiento ni de proliferación, el país está preparado ante la ocurrencia”, señaló Laburu.

En este sentido, las autoridades de la Senaclaft contaron que Ecuador llevó a cabo un simulacro en relación a estos Resultados Inmediatos y le bajaron la calificación por demorar 72 horas en la implementación de los mecanismos requeridos, incluso cuando “tampoco”han tenido casos reales de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El tiempo requerido por el Gafilat es de 24 horas para hacer el congelamiento de fondos, según explicaron.

En el caso de Uruguay, que “ni siquiera” ha hecho el simulacro aún, se ve como una dificultad para congelar los fondos la coordinación entre varios organismos, como por ejemplo la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, entre otros.

“Cuando vos chequeás en lista, supongamos el sujeto obligado Escribanos, su cliente se encuentra en lista de proliferación de armas de destrucción masiva. El escribano tiene que comunicarlo a la UIAF y en ese período se deben congelar los fondos en 24 horas. Ecuador no lo hizo y demoró más”, explicaron.

“Si tiene a la persona adelante y se quiere llevar el dinero, ya no se lo puede dar. Ahí ya estamos en un problema”, agregaron.

En este sentido, explicaron que el sujeto obligado de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo ante la Senaclaft, debería inmovilizar las cuentas dl cliente, sin que pueda mover sus fondos, y el caso debería pasar por los organismos públicos en menos de 24 horas.

“Son ejercicios que tendremos que hacer repetidas veces para estar aceitados llegado el momento, porque ellos (Gaiflat) te lo pueden pedir. Son tres resultados que vienen de la mano, que acá no están ocurriendo en la realidad pero se debe darle el procedimiento establecido”, afirmó Laburu.

Desde la secretaría se plantean tener establecidos los procedimientos entre 2023 y 2024, y empezar a hacer simulacros semestrales o anuales.

A modo de “broma”,Chediak dijo que “en las Fuerzas Armadas nunca hay que ofrecerse de voluntario y no hay que pedir una recalificación”, acción que hizo Costa Rica.

El país pidió cuatro recalificaciones ante el Gafilat, “muy seguros de los avances que habían tenido”, según el secretario antilavado. El resultado de esta petición fue que bajaron una calificación y los “salvaron justo”de bajar otra, debido al ”gran alegato de la Superintendencia de Bancos”.

“Todavía le quedan dos más. Es decir, no subieron, bajaron una y se salvaron de bajar otra. ¿Por qué? Porque los criterios han cambiado, son más estrictos. En realidad les pudo haber salido muy mal”, afirmó el secretario nacional antilavado.

Por este motivo, ante la posibilidad de que Uruguay pida una recalificación, Chediak sostuvo que no la debería solicitar.

Asimismo, Misa destacó que la recalificación es por cumplimiento técnico, es decir por contar con la normativa requerida -punto en el que Uruguay “está bien”- y no por efectividad.

Si fuese por esto último, la jefa de Jurídica indicó que “tendríamos que haber bajado alguno. Cuando pedís que revisen uno, te revisan todo, entonces no es sencillo pedir una recalificación”.

Uno de los puntos que la Senaclaft ha presentado como necesidad para continuar avanzando en la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es el modo en que se encuentran ligados sus trabajadores con la secretaría.

Como los trabajadores están con pases en comisión, sus puestos pueden ser ocupados por personas diferentes en cada legislatura, lo que implica que la experiencia y aprendizaje obtenido por la persona en el quinquenio pueda ser desperdiciado al tener que volver a su organismo de origen, siendo reemplazado por alguien que podría tener que volver a hacer la curva de aprendizaje.

Al ser consultados si planean cambiar este método de integración de la secretaría, Misa explicó que se planteó en la Rendición de Cuentas pasada, “medio sobre la fecha y no lo logramos”.

“Vamos a ver qué suerte corre la Rendición de Cuentas que viene, pero no es fácil. Hay que crear una unidad ejecutora, incorporar todos los funcionarios”, agregó.

Ante la posibilidad de plantear la modificación junto a la Evaluación Nacional de Riesgos en la que ahora están trabajando, que tendrá diferentes instancias de presentación en los primeros meses del 2023, Chediak dijo que hay “que ver qué da” la evaluación.

“Al final del día evaluamos para no poner la carreta delante de los bueyes. Largamos la Evaluación Nacional primero y las carencias que esta determine trataremos de corregirlas”, señaló.

“En el caso de la Fiscalía (especializada) no fue así, porque nos urgía y es obvio que ahí teníamos un problema. Pero bueno, ahora sí, una vez que estén los resultados, con la apoyatura en la evaluación, podremos decir ‘mire que las carencias son estas y aquellas’’”, agregó el secretario Antilavado.

Mientras que en la Fiscalía especializada en lavado de activos aún están por publicar los concursos para integrarla, en donde también se deberá “reacomodar” gente de la secretaría, entre la Senaclaft y la UIAF no llegan a los 40 trabajadores, según explicó Misa.