Redacción El País
El senador frenteamplista José Nunes, elaboró un proyecto de ley para que las asociaciones entre empresas estatales y privadas, deban contar con la autorización previa del Parlamento. La iniciativa está a estudio de la bancada del Frente Amplio y esperan poder presentarla la próxima semana.

La elaboración del proyecto de ley -consignado por Búsqueda este jueves- se da en el marco de la asociación de Ancap con una o más empresas privadas en el negocio del pórtland y la cal, el cual es rechazado por el sindicato.

Según explicó a El País el senador Nunes, el proceso de licitación de Ancap “fue un elemento catalizador” para la elaboración del proyecto, pero señaló que “tiene valor más allá de ese caso concreto” y que “vale para todas las empresas públicas y servicios descentralizados”, como también “para este gobierno y todos los que vengan”, indicó.

En relación al respaldo político del proyecto de ley, Nunes cree que Cabildo Abierto “puede llegar a querer” acompañar la propuesta, dado que el partido liderado por Guido Manini Ríos ya presentó un texto “con características similares” ante el Parlamento y porque el senador cabildante “se ha manifestado públicamente en contra de la asociación de Ancap” con un privado en el negocio del pórtland.

El proyecto -al que accedió El País- cuenta con cuatro artículos. En el primero, se establece una interpretación al artículo 188 de la Constitución en el siguiente sentido: “la participación de los organismos estatales en actividades de empresas privadas requiere necesariamente, para cada caso y en cada oportunidad, la autorización otorgada por ley, que cuente con el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara”.

Esta interpretación difiere de la que se hace actualmente por el Poder Ejecutivo, la mayoría del directorio de Ancap y algunos abogados constitucionalistas, quienes afirman que la asociación de la petrolera estatal con un privado se ampara en la Constitución. Desde el sindicato de Ancap, Pit-Cnt y algunos legisladores frenteamplistas consideran que la asociación es “inconstitucional”.

El segundo artículo establece que “los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, no podrán asociarse o participar con empresas o capitales privados en sociedades comerciales de cualquier tipo, con el fin de cumplir los cometidos esenciales que les asigna la ley”, sin contar con la autorización parlamentaria. “Sus representantes se regirán por las mismas normas que los directores de los entes autonómos y servicios descentralizados”, agrega.

El tercer artículo establece lo anteriormente expuesto “no será de aplicación para el caso de las autorizaciones consagradas en las leyes orgánicas de cada organismo”.

En tanto, el cuarto artículo plantea la derogación del artículo 14 de la Ley 16.753 de 1996 que habilita a Ancap a asociarse “en forma temporal o permanente con empresas públicas o privadas”, así como “celebrar con ellas cualquier tipo de contrato con fines industriales o comerciales, para cumplir con los cometidos no monopólicos”.