Por Pía Mesa
Menor holgura fiscal, mayor prudencia y una “necesaria” mirada de largo plazo hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas, fueron los principales lineamientos planteados por el Consejo Fiscal Asesor (CFA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su informe sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural de la economía uruguaya en 2022, publicado ayer.

Los economistas integrantes del CFA, Alfonso Capurro, Ana Fostel y Aldo Lema -profesionales independientes del gobierno-, valoraron como “positivo” que por tercer año consecutivo, el gobierno haya cumplido con los tres pilares de la regla fiscal.

Ese cumplimiento, “consolida un escenario de mejoras sucesivas en la posición fiscal”, desde que en la Ley de Urgente Consideración (LUC) se estableció la nueva institucionalidad fiscal, indicó Fostel ayer en una presentación ante la prensa.

No obstante, el informe del CFA advirtió sobre riesgos macroeconómicos vinculados al contexto local y externo; así como también alertó sobre dos riesgos asociados a decisiones de determinadas políticas del gobierno, como la referida a la rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

“Estamos acercándonos a un horizonte de menor holgura fiscal, esto no quiere decir que la sostenibilidad fiscal esté en riesgo, simplemente que las holguras fiscales provenientes del ciclo de los últimos dos años, se van agotando”, por lo que “es importante tener un criterio de mayor prudencia a la hora de evaluar medidas de política”, explicó Capurro.

El economista argumentó su postura en el entendido de que “sin grandes holguras desde el punto de vista fiscal”, y si el resultado fiscal estructural tuviera “desvíos”, en el largo plazo podría verse afectado el balance estructural de las finanzas públicas uruguayas. Lo que a su vez, podría llevar a una reducción del espacio de la política fiscal para actuar contracíclicamente, es decir, se acotaría el margen de maniobra del gobierno para suavizar un ciclo económico en tiempos de “vacas flacas”.

El economista Capurro explicó que la rebaja impositiva que anunciará el gobierno el próximo 2 de marzo, “debería considerarse como un riesgo de posible reversión del proceso de consolidación fiscal”.

Si bien desde el CFA admitieron no contar con detalles específicos sobre el diseño y financiamiento de la rebaja, advirtieron que “con la información disponible”, no se puede afirmar “que haya habido un cambio en los ingresos estructurales” (permanentes) y tampoco “ha habido un cambio en la estimación de crecimiento potencial de la economía uruguaya (estimada en 2,1%). Es decir que, si se supone que los ingresos estructurales “a largo plazo, no han cambiado sustantivamente, entonces cualquier impulso fiscal, independientemente de a qué se destine y de su tamaño, en principio tendría impactos directos sobre la posición fiscal estructural, salvo que sea compensado” con la reducción de otros gastos, explicó Capurro. En este sentido manifestó: “No estamos afirmando que esto sea una reversión que condicione o que afecte la sustentabilidad de las finanzas públicas, pero sí es un riesgo de posible reversión de la consolidación fiscal, cuya magnitud y características todavía no conocemos”, indicó Capurro.

Por su parte, Lema señaló que “hay que ser cuidadoso y prudente desde el punto de vista de anunciar algunas rebajas de ingresos estructurales, apelando a cuestiones cíclicas”. En ese sentido, indicó que el hecho de que la economía uruguaya haya crecido en 2022 por encima de lo estimado inicialmente, responde “más bien” a factores cíclicos, por lo que “debe llevar a tener cuidado de que ese sea el justificativo” de una renuncia de ingresos estructurales. A su entender, pese a que la economía “habría crecido 5% o algo más durante 2022, incluso en el debate cíclico, la recaudación creció significativamente menos que eso en el promedio del año, lo cual es una luz amarilla para mirar con atención y seguir monitoreando”.

El otro riesgo señalado por el informe, asociado a las decisiones de políticas del gobierno, tiene que ver con que si bien en 2022 el tope al incremento del gasto real del gobierno, se cumplió (porque creció menos que 2,1%, el potencial de la economía), “eso fue en buena medida porque hubo una caída del gasto asociado al Fondo Covid-19”, dijo Capurro. Si se excluyeran esos gastos, en realidad hubo un crecimiento del resto de las partidas, levemente por encima de ese tope. “Como en 2023 no va a estar este efecto compensatorio de esta magnitud por el Fondo Covid, queremos destacar que esas partidas más discrecionales, no tienen en 2023 tanto espacio para crecer como lo tuvieron en 2022, porque eso podría tensionar el cumplimiento del segundo pilar de la regla fiscal”, dijo Capurro.

Los integrantes del CFA remarcaron la importancia de que el país tenga un enfoque de sostenibilidad de la deuda de largo plazo.

El objetivo primordial de la entidad -un órgano técnico, honorario e independiente-es evaluar de forma técnica la política fiscal del gobierno, la sostenibilidad de las finanzas públicas y asesorar al MEF, aunque sus sugerencias no son vinculantes. En ese sentido, el CFA monitorea el cálculo del resultado fiscal estructural uruguayo. Ese indicador surge de estimar el resultado fiscal del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (BPS) que se obtendría en un año particular, si el PIB uruguayo, estuviera en su nivel potencial. En otras palabras, se estima cuáles serían los ingresos y egresos estructurales del país, asumiendo que la economía está en su nivel potencial de crecimiento y asumiendo además, que no existen factores cíclicos, transitorios o extraordinarios (como el covid-19 o la sequía) que afecten las cifras efectivas.

Ese indicador “es importante para la consolidación fiscal y el tratamiento de largo plazo” de la deuda, según Fostel, “sobre todo, es importante para tratar de generar políticas contracíclicas, generar menos discrecionalidad en tiempos electorales y mayor sostenibilidad. Y el enfoque estructural es lo que permite hacerlo”, afirmó.

opinan los consejeros

Alfonso Capurro: "Ejercicio sano de transparencia"

Foto: Juan Manuel Ramos

"Sería bueno conocer los detalles" de la rebaja impositiva. "Cómo se financia y qué impacto tiene en el resultado fiscal estructural. Es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que sería sano, en términos de la nueva institucionalidad fiscal".

Ana Fostel: "No podemos morder, pero sí ladrar"

"Si bien nuestras sugerencias (al MEF) no son vinculantes, generan señales importantes en los mercados y potenciales costos si (el gobierno) se desvía de las sugerencias. Es cierto, no somos vinculantes, no podemos morder, pero sí ladrar".

Aldo Lema: "Hay que ser cuidadoso y prudente"

Foto: Francisco Flores

"Hay que ser cuidadoso y prudente al anunciar rebajas de ingresos estructurales, apelando a cuestiones cíclicas". Que la economía haya crecido más que lo estimado, es "más bien cíclico". Hay que “tener cuidado” cuando es una “renuncia de ingresos estructural”.

Luego de mantener en 11,5% la tasa de interés de referencia en pesos el pasado miércoles, ayer el Banco Central (BCU) divulgó las minutas (un informe más detallado) de la reunión del Comité de Política Monetaria que analizó la situación.

Allí recordó que la inflación se ubicó en 8,05% en los 12 meses cerrados a enero, “observándose un descenso desde el pico de septiembre de 2022” (cuando casi estaba en 10% en los últimos 12 meses). También evaluó que “las expectativas (de inflación de analistas, empresarios y el mercado) han iniciado un proceso de convergencia”.

En ese sentido, el BCU afirmó que las expectativas de inflación de los analistas para los próximos 24 meses “se redujeron por segundo mes consecutivo a 6,6% (desde 6,8% en diciembre), hecho que no se observaba desde mediados de 2021”.

En tanto, “el promedio simple de los indicadores de expectativas de inflación a 24 meses se redujo levemente ubicándose en 7,18% en enero (desde 7,23% en septiembre de 2022)”, añadió.

Por su parte, el Central analizó que la inflación subyacente (que excluye productos volátiles como frutas y verduras y tarifas públicas) “se incrementó de manera leve” a 7,46% en los 12 meses cerrados a enero.

Indicó que “la política monetaria (cuyo instrumento es la tasa de interés) y los precios internacionales relevantes para la inflación uruguaya contribuyen a moderar las presiones inflacionarias”.

Las minutas del Copom, señalaron que el directorio del BCU aprobó por mayoría mantener la tasa de interés en 11,5%. Como ha sido habitual desde que en 2021 comenzó el proceso de suba de la tasa de interés, la decisión contó con el voto favorable del presidente del Central, Diego Labat y del vicepresidente, Washington Ribeiro (ambos del Partido Nacional).

Foto: Archivo El País

No obstante, el director del BCU, Ignacio Berti (Frente Amplio) se abstuvo de votar, cuando en todas las otras ocasiones había votado en contra de subir la tasa.

Esa decisión de abstenerse se debió a que “acompaña parcialmente la propuesta en cuanto ella implica interrumpir el proceso de suba de la tasa”, pero “entiende que la misma continúa siendo elevada”, resumió el informe.