Por Kenneth Coates y Eduardo Ache/Consultores económicos de Cabildo Abierto
Cabildo Abierto ha sido bastante claro con su diagnóstico de que los males que aquejan desde largo tiempo a la economía uruguaya son de origen fiscal. Es decir, el gasto fiscal es excesivo en comparación a la recaudación fiscal genuina. De por sí, esto genera una presión impositiva sofocante sobre los ingresos de las empresas y los hogares, conspirando en contra de la inversión y el consumo, y por lo tanto del crecimiento.

Pero aún así la recaudación genuina no alcanza para equilibrar el desmedido gasto, y por tanto debemos recurrir a la emisión monetaria y al endeudamiento público para cerrar formalmente las cuentas. En el largo plazo ello implica endeudamiento, inestabilidad de la moneda y la incertidumbre de un futuro hipotecado para las generaciones venideras.

Es por ello que todo intento de zafar del estancamiento económico que nos atrapa debe comenzar por las medidas fiscales en sus dos dimensiones: cantidad y calidad. Que la cantidad de impuestos que pagamos es excesiva, no hay duda. Pero además, su calidad en algunos casos es mala, por ejemplo cuando se desincentiva el trabajo.

El punto de partida debe ser reconocer que la presión fiscal en su actual nivel de 27% del Producto Interno Bruto (PIB) ya puede considerarse excesiva y por tanto debe como mínimo estabilizarse.

El nivel de gasto del sector público actualmente se ubica en 30% del PIB, obligando al país a aumentar su endeudamiento en 3% del PIB anualmente. Se desprende de estos números que el énfasis del ajuste debe caer sobre la reducción del gasto.

No hay que perder de vista que estamos hablando de porcentajes del PIB y no de cifras absolutas. Con el PIB creciendo al 2% anual (que parece ser su ritmo natural) y si el gasto se mantuviera incambiado en términos nominales, habría una reducción paulatina del gasto con relación al PIB (por ejemplo, si el PIB es de US$ 80.000 millones y el gasto público es de US$ 24.000 millones, el cociente gasto/PIB se ubica en 30%. Si durante el próximo quinquenio el PIB creciera al 2% anual y el gasto permaneciera en su nivel nominal actual, el cociente gasto/PIB se reduciría a un nivel de 27%. En este nivel habría desaparecido el déficit fiscal en cinco años, si se permite que la recaudación (presión fiscal) crezca a igual tasa que el PIB).

O sea que la estrategia busca frenar la expansión del gasto público a la vez que las demás variables sigan creciendo. El principal obstáculo es que la mayor parte del gasto obedece a leyes sociales (pasividades y transferencias representan 17% del PIB), dejando poco margen de flexibilidad (principalmente remuneraciones y gastos no personales).

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Sería contradictorio adoptar al equilibrio fiscal como la meta económica del próximo quinquenio y a la vez proponer una serie de medidas que impliquen aumentos del gasto o reducciones en la recaudación del Estado.

Es por ello que la secuencia de las medidas a implementar deberá ser planificada cuidadosamente. Por ejemplo, en la medida que se apoye con exoneraciones impositivas las iniciativas en áreas y mercados nuevos, debería analizarse si los incentivos existentes no hayan cumplido ya su función de llevar a madurez los proyectos y programas apoyados en el pasado.

Similarmente, la necesidad de incrementar los presupuestos de seguridad, educación y salud deberá financiarse principalmente mediante la redistribución de los ingresos fiscales desde áreas que no sean de tan marcada esencialidad. A falta de un fuerte aumento en los ingresos fiscales —que no se vislumbra como factible hasta que la economía recupere su vigor— se deberá apelar a la redistribución.

El gasto tributario (o “renuncia fiscal”) es una forma que utilizan los gobiernos para atraer grandes inversores extranjeros mediante la concesión de franquicias impositivas por plazos predeterminados, de manera de potenciar sus potenciales ganancias. También se aplica en menor escala para pequeñas inversiones nacionales.

Contiene cierta arbitrariedad en su concepto y su aplicación, ya que los beneficiarios reciben tratamiento preferencial en función de su conocimiento del funcionamiento interno del programa y su posibilidad de contratar asesoramiento especializado. Seria oportuna una evaluación de la Comap con vistas uniformizar su actuación.

Foto: Juan Manuel Ramos.

El sector del comercio exterior —en especial la importación—está perforada de impuestos, aranceles, recargos y trámites cuya inspiración se debe más a la creación de monopolios de facto de importación que a defender la industria nacional.

La eliminación de dichas barreras podría implicar alguna pérdida menor de ingresos fiscales, pero aumentaría la competencia y contribuiría a mantener el costo de la vida en niveles al alcance de toda la población.

Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Los impuestos que impactan el costo del empleo y el ingreso del empleado conforman un desincentivo a la inversión en la creación de nuevos puestos de trabajo. Obviamente es necesario garantizar el financiamiento del sistema de seguridad social, pero los impuestos a las pasividades no parecen ser la vía más conveniente. Asimismo el IRPF en sus actuales niveles resulta un desincentivo al crecimiento económico y la inversión, así como al empleo. Debería aumentarse las franjas de ingreso que no quedan sujetas de este impuesto.

Las propuestas tributarias de los partidos de cara a las elecciones

Por Carlos Loaiza Keel
Continuamos dando espacio en #ConsultorTributario para las propuestas en materia fiscal que tienen los distintos partidos que aspiran a gobernar el país en el próximo quinquenio.

Para esta edición, recibimos con enorme gratitud la contribución de Cabildo Abierto (CA), firmada por sus asesores en materia económica: Kenneth Coates, doctorado en Economía por la Universidad de Stanford, exdirector ejecutivo del Banco Mundial y columnista del semanario La Mañana; y Eduardo Ache, economista que ocupó importantes cargos públicos en anteriores períodos de gobierno, como el de senador de la República, ministro de Industria, Energía y Minería y presidente de Ancap.

En sus líneas, los asesores económicos de CA ponen el foco principal en materia fiscal en el gasto, en su calidad y redistribución. Sin aumentar lo que llaman la “presión fiscal”, que consideran es muy alta, proponen revisar la eficacia y pertinencia de las llamadas “renuncias fiscales”, por ejemplo las exoneraciones selectivas o en el régimen de promoción de inversiones.

También se ocupan de destacar que el sector del comercio exterior, tan relevante para nuestro país, está perforado por impuestos, aranceles, recargos y trámites que a su juicio se inspiran más en la creación de monopolios de hecho que en la defensa de la industria nacional, por lo que propone eliminar estas barreras, aun a sabiendas de que disminuiría la recaudación, aduciendo que ello se vería compensando por las mejoras de competitividad y reducción de precios en favor de la población.

Finalmente, con el propósito último de incentivar la creación de empleo e inversión, proponen aumentar los mínimos no imponibles del IRPF.

Pero ahora, agradeciendo de nuevo a los columnistas invitados y a nuestro buen amigo Fabián Tiscornia por su siempre presente esfuerzo de colaboración con esta página, los dejo con esta nueva edición de #ConsultorTributario.