Redacción El País
La economía uruguaya pierde tracción y eso puede condicionar la política fiscal, donde el déficit tuvo un "fuerte deterioro" (y se incumplió la regla fiscal) y la elaboración del Presupuesto quinquenal enfrenta "varios desafíos". De hecho tanto el Presupuesto como la política salarial del gobierno de Yamandú Orsi están condicionados por estos factores. Ese fue el escenario que plantearon el socio del Departamento de Consultoría de CPA Ferrere, Alfonso Capurro y el gerente gerente senior de la práctica de Análisis Económico de la consultora, Nicolás Cichevski, en un evento para clientes de la firma.

Según el comunicado de CPA, Cichevski dijo que el entorno externo es poco amigable para Uruguay, con excepción de Argentina, de la que se sigue recibiendo un “shock” positivo dado que la economía estaría creciendo por encima del 4% este año. Además, pese a los rumores de modificación del régimen cambiario en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina seguirá teniendo inflación en dólares y eso favorece los precios relativos con Uruguay, apuntó.

El escenario negativo es porque la economía mundial se ve golpeada por el despliegue desordenado de la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según Cichevski.

"El despliegue de la agenda proteccionista de la administración Trump II ha sido más agresivo y desordenado de lo previsto, generando fuerte incertidumbre en los países más afectados por los aranceles, como China, México, Canadá y los miembros de la Unión Europea", que también afectó a Estados Unidos generando un riesgo de recesión en el país, apuntó.

Desde mediados de febrero en adelante hemos asistido a una corrección a la baja en las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos, una caída en el precio de las acciones, un ajuste a la baja en el valor del dólar y una corrección en los futuros de tasas de interés que ahora descuentan entre dos y tres recortes de tasas de los fondos federales por parte de la Reserva Federal durante 2025, añadió.

Foto: Archivo El País

Según Cichevski un debilitamiento adicional del dólar a nivel global es funcional a la estrategia de reindustrialización de la economía estadounidense. En otras palabras, un dólar débil podría ser una herramienta adicional que iría en el mismo sentido que la imposición de aranceles, aunque atenta contra la función de “reserva de valor” del dólar, dijo.

El economista de CPA Ferrere que esto podría marcar el inicio de un proceso de debilitamiento del dólar en los próximos años.

En tanto, Capurro planteó que en Uruguay, la actividad económica pierde tracción y puede condicionar la política fiscal. Analizó que la actividad perdió dinamismo en el segundo semestre del año y la tasa de inversión cayó por segundo año consecutivo y se ubicó en torno a 16,5% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel de inversión insuficiente para asegurar que la economía crezca en torno a su potencial.

"En este contexto de menor inercia, baja inversión y deterioro de las condiciones externas, CPA Ferrere corrigió a la baja sus proyecciones de crecimiento 2025 desde 2,7% a 2,5% y proyecta un crecimiento de 1,7% para 2026", indicó el comunicado.

El socio de la consultora destacó que este entorno de bajo crecimiento constituye una restricción para la programación de la política fiscal y para la definición de los lineamientos salariales en la 11ª ronda de negociación colectiva.

Sobre esta última, Capurro dijo que esperan que se centre en dos elementos: crecimiento del salario real y aumentos diferenciales para salarios más bajos.

El primer objetivo está restringido por el escenario de bajo crecimiento y ratio de inversión a la baja, que condicionan la creación de empleo. Respecto al segundo objetivo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo adelantó que el esa cartera trabajará junto a otros ministerios para atender la situación de los más de 500.000 uruguayos que perciben menos de $ 25.000 mensuales y desde el ámbito de Consejos de Salarios se otorgarán aumentos preferenciales para los sueldos menores y se priorizará el aumento del Salario Mínimo Nacional.

Respecto al proceso de desindexación, Capurro destacó además que el nuevo equilibrio de inflación en torno al 6% abre una oportunidad para cambiar los instrumentos de indexación de salarios, que se han modificado en los últimos 40 años en función de los objetivos de política y en función del contexto inflacionario.

Elementos como el indexador (inflación agregada o subyacente), la posibilidad de definir correctivos más espaciados en el tiempo, la eventual introducción de pautas con ajustes nominales en función de inflación esperada y la fijación de régimen de indexación diferencial según nivel salarial son elementos que podrían estar presentes en la próxima negociación colectiva.

"Avanzar en ese sentido es clave para ir reduciendo gradualmente la inercia de la inflación, pero al mismo tiempo requiere un compromiso firme por parte del Banco Central (BCU) con la convergencia a las metas de inflación", afirmó.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

El socio de la consultora indicó que "los últimos registros han sido menores a los esperados y las nuevas autoridades del BCU tienen un buen punto de partida. La inflación está dentro del rango meta, las expectativas de inflación están relativamente ancladas en torno al 6%, y las proyecciones de CPA Ferrere marcan que la inflación agregada y el componente tendencial se ubicarían durante todo 2025 dentro del rango meta, aunque por encima del 4,5%".

La consultora espera que el compromiso del BCU se traduzca en una señal de tasa en el próximo Comité de Política Monetaria, que aumentaría la tasa en 25 puntos básicos (a 9,25%).

En el plano fiscal, "el punto de partida es peor a lo planificado por aumento del déficit en 2024 e incumplimiento de la regla fiscal", indicó la comunicación de la consultora.

Capurro destacó que el déficit fiscal estructural del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) cerró el 2024 en 3,7% del PIB, lo que implica un fuerte deterioro de 1,2 puntos del PIB respecto al año anterior y un desvío significativo respecto a la meta del pilar 1 de la regla fiscal, que además había sido modificado.

"En este marco, la elaboración del Presupuesto quinquenal en 2025 enfrenta varios desafíos. En primer lugar, asegurar a lo largo del quinquenio la convergencia a un resultado fiscal que asegure la sostenibilidad. Según las estimaciones de CPA Ferrere, eso requiere una reducción del déficit fiscal de 1,6% del PIB a lo largo del quinquenio (una estimación similar a la que publicó el Consejo Fiscal Asesor en su informe de febrero)", puntualizó Capurro.

"En segundo lugar, la elaboración del Presupuesto enfrenta el desafío de abrir espacio fiscal para financiar las prioridades políticas del gobierno. En tercer lugar, el entorno de bajo crecimiento será una restricción para la elaboración del Presupuesto ya que condiciona la proyección de ingresos fiscales", añadió.

"Todo esto configura un escenario desafiante para la elaboración del Presupuesto, que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Parlamento antes del 31 de agosto", concluyó.