Redacción El País
En el año 2024, se presentaron 115 solicitudes de empresas para entrar a concurso de acreedores, lo que significó un aumento del 21,1% en comparación con el año anterior, cuando se habían registrado 95 solicitudes, según datos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) a los que accedión El País. Las 115 solicitudes marcan el segundo registro más alto desde los 117 de 2017.

Un concurso de acreedores es un procedimiento jurisdiccional, a través del cual se manifiesta la situación de insolvencia de un deudor. El procedimiento pretende determinar cuánto y a quiénes se le debe y procurar una salida a la situación de insolvencia: la aprobación de un convenio de pagos (que determinará el plazo y el porcentaje de la deuda a pagar, según cada caso particular), o la liquidación de todos los bienes del deudor, y su posterior reparto, en el orden que establece la ley 18.387, explicó Lideco.

"Cuando el concurso es solicitado por el propio deudor, se denomina voluntario. En todos los demás casos, se clasifica como necesario", recordó.

El artículo 6 de la ley 18.387 establece que, además del propio deudor, el concurso de una empresa puede ser solicitado por los restantes legitimados: cualquier acreedor; cualquiera de los administradores o liquidadores de una persona jurídica y los integrantes del órgano de control interno; los socios penalmente responsables de las deudas de las sociedades civiles y comerciales; los codeudores, fiadores o avalistas del deudor; las bolsas de valores y gremiales de empresas con personería jurídica; cualquier heredero, legatario o albacea en caso de herencia.

Lideco señaló que "tras un leve descenso en 2023 con respecto a 2022, los datos dan cuenta de un aumento de las solicitudes de concurso de acreedores durante 2024, superando la cifra de 2022 (habían sido 101) que había aumentado con respecto a 2020 y 2021 (habían sido 74 y 54 respectivamente), años en los que, dada la excepcional afectación de la actividad económica por la pandemia del covid-19, los acreedores comerciales y del sector financiero habrían tenido mayor tolerancia a fin de contemplar la situación de los deudores en dificultades".

En 2024 hubo 115 entidades económicas que utilizaron las herramientas de la ley 18.387. Se presentaron 111 solicitudes de concursos de acreedores a entidades con actividad económica, de las cuales 80 fueron concursos necesarios y 31 fueron concursos voluntarios, indicó Lideco. Esto es un aumento del 45,5% en la cantidad de concursos necesarios y una disminución del 18,4% en la cantidad de concursos voluntarios, añadió.

Por otro lado, hubo cuatro admisiones de acuerdos privados de reorganización, para completar las 115 entidades en concurso de acreedores.

"El Acuerdo Privado de Reorganización está previsto en los artículos 214 a 235 de la ley 18.387. Propone la celebración de un acuerdo -acorde a las formalidades previstas por la ley- entre un deudor y sus acreedores, para evitar la declaración judicial de concurso del primero. El acuerdo debe lograrse con anterioridad a la declaración judicial del concurso. Una vez celebrado, impide que se solicite un concurso o cualquier otra ejecución, a excepción de que el concurso sea solicitado por el deudor", explicó el informe.

Durante 2024 se dieron varios concursos de acreedores que generaron ruido. Uno de ellos fue el de la empresa Balsa y Asociados, dedicada a la construcción de barrios privados con deudas por US$ 65 millones y proyectos que estaban vendidos pero no están finalizados.

Foto: Leo Mainé.

También estuvo el caso del fondo de inversión ganadera, Grupo Larrarte cuyo concurso de acreedores necesario fue decretado hace dos meses. El Grupo Larrarte enfrenta además denuncias por estafa en la Justicia penal.

Otro fue el caso de la firma de inversión ganadera República Ganadera que de hecho no se presentó todavía a concurso y espera respuesta para un Acuerdo Privado de Reorganización. La firma que tiene entre 1.448 y 1.683 (según quien proporcione las cifras) enfrenta una deuda de US$ 85,8 millones y graves denuncias de irregularidades.

A estas se suman los casos de la empresa frigorífica La Celita que tenía una deuda superior a los US$ 10 millones y entró en concurso y de la Compañía Láctea Agropecuaria Lecheros de Young (Claldy) que tuvo uno de los acuerdos privados de reorganización aprobados.

El informe de Lideco también tiene datos sobre que la cantidad de cuentas corrientes bancarias sancionadas aumentó 10,87% en 2024 respecto al año 2023.

En efecto fueron 1.183 cuentas corrientes sancionadas en 2024 frente a 1.067 en 2023.

"De las 1.183 cuentas sancionadas (diciembre 2023 – noviembre 2024), 288 fueron clausuradas y 895 suspendidas. Se constata un aumento del 12,06 % en las cuentas clausuradas, y un aumento del 10,49% en las cuentas suspendidas con respecto al período anterior, en el que se registraron 257 clausuras y 810 suspensiones", señaló el reporte.

Lideco recordó que "las posibles sanciones a las cuentas corrientes bancarias son las establecidas en la ley 14.412, el decreto 730/975 y en la Recopilación de Normas" bancocentralista.

Los infractores que pueden sancionarse son los firmantes del cheque, así como los titulares de la cuenta, sean estos una persona o una empresa.

"La suspensión de las cuentas corrientes bancarias es por seis meses y la realiza cada banco, cuando luego de cinco días en que notificó el rechazo del pago de algún cheque por falta de fondos, no hubiera recibido acreditación de que este fuera pago", explicó el informe

"La clausura de las cuentas corrientes bancarias puede ser por uno o dos años y es realizada por el Banco Central (BCU) en los casos en que se den los motivos de suspensión en más de un banco o se libraran cheques contra cuentas ya sancionadas", añadió.

"Los efectos de las sanciones son el no pago de los cheques emitidos luego de la notificación de la sanción y la inhabilitación para librar cheques o mantener cuentas en el banco (para las suspendidas) o en todo el Sistema Financiero (para el caso de las clausuradas)", concluyó el informe.