CRIPTOACTIVOS

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El auge de los criptoactivos a nivel mundial ha llevado a quediferentes gobiernos pongan la lupa en esta industriay se debate —ya desde hace tiempo— si las autoridades financierasdeben regularla o no y cómo hacerlo.

Las realidades a nivel de países son variadas. Solo por mencionar dos casos diametralmente opuestos.

Por un lado, el pasado 7 de setiembre, El Salvador hizo historia al ser el primer país del mundo enadoptar el bitcoin como divisa de curso legal. Y en la vereda contraria, 17 días después, el Banco Central de China resolvió que todas las transacciones financieras con criptomonedas son ilegales.

La gran mayoría de los distintos reguladores financieros del mundo comparten una posiciónmás cautelosa y menos extremista.

En este sentido, el Banco Central de Uruguay (BCU) emitió un comunicado el pasado viernes a través del cual dio algunas pistas sobre su postura en relación a los criptoactivos y apuntó que durante el último trimestre del año prevén “sentar las bases para el tratamiento regulatorio” de estos activos virtuales.

El regulador afirmó que este tipo de instrumentos “pueden tener el potencial de contribuir al desarrollo y eficiencia del sistema financiero y de pagos”, pero también advirtió que se “pueden generar nuevos riesgos o exacerbar los existentes, en ausencia de una regulación específica que permita mitigarlos”.

En esa línea, el BCU realizó cuatro consideraciones. En primer lugar, explicó que los criptoactivos “no constituyen monedas de curso legal, como sí lo es el peso uruguayo”, y explicitó que al no haber sido emitidos por ningún banco central “no cuentan con el respaldo” del regulador financiero.

En segundo lugar, explicó que “actualmente la emisión y la comercialización de estos instrumentos no son actividades que se encuentren comprendidas dentro de la actuación del Banco Central”, por lo que “no están sujetas a regulación específica”.

Sobre este punto, advirtió que eso tiene la consecuencia de que “quienes operen con estos instrumentos no les son abarcables las medidas de protección al usuario financiero prestadas por entidades reguladas y supervisadas” por el BCU.

La tercera advertencia del Central se refirió a la volatilidad que suele caracterizar a los activos digitales. “Algunos activos virtuales pueden estar expuestos a una gran volatilidad en su precio o cotización y pueden presentarse dificultades para su reconversión a pesos uruguayos u otras monedas”, indicó.

Asimismo, aclaró que “las instituciones financieras no están obligadas a procesar transacciones asociadas a activos virtuales” y también explicó que “los comercios no están obligados a aceptarlos como medio de pago”.

En cuarto lugar, el regulador señaló que por “sus características, algunos activos virtuales favorecen el anonimato y la no reversibilidad de las transacciones, aspectos que pueden exponer a quienes operen con ellos a importantes riesgos, como por ejemplo el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o el fraude”.

El Central recomendó a los usuarios del sistema financiero y a la sociedad en general, “realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos que asume al operar con estos instrumentos y a tomar los recaudos necesarios para mitigarlos, teniendo en consideración que altos retornos generalmente van asociados a altos riesgos”.

Para ello, aconsejó “recurrir a información confiable, clara y completa (tanto con relación al instrumento y a la operativa, así como en relación con los proveedores del servicio y de las contrapartes involucradas en la operación), a implementar buenas prácticas en cuanto al cuidado de las claves que controlan el acceso a los fondos y a considerar si los proveedores de servicios de compra venta, transferencia y custodia de activos virtuales se encuentran sujetos a regulación y supervisión en su país de origen”.

El Central informó que “se encuentra realizando un análisis detallado del desarrollo de esta operativa”, y relató que durante este año se estableció un grupo de trabajo interno que se dedicó a realizar un “abordaje interdisciplinario del estudio de los instrumentos y operativas con activos virtuales”.

Como resultado de ese grupo de trabajo, el BCU informó que ya hay un marco conceptual elaborado que parte “de la base de la realidad de negocios de las distintas operativas que involucran activos virtuales, comprendiendo tanto las nuevas actividades, así como las que ya pudieran estar comprendidas por la regulación vigente”.

Asimismo, comunicó que se creó un plan de trabajo para el último trimestre del año, “con vistas a sentar las bases para el tratamiento regulatorio de los activos virtuales y las actividades de los prestadores de servicios de activos virtuales en nuestra jurisdicción”.

Sobre ese punto, afirmó que durante los últimos tres meses del año, el regulador promoverá instancias de diálogo con los actores de la industria, otros reguladores y organismos internacionales con el objetivo de “profundizar en el conocimiento de su experiencia en la regulación y supervisión de estas actividades”.

Hacia fines de este año, la meta es crear “una propuesta de modificación a las disposiciones legales vigentes” que establezca “un marco claro para avanzar hacia la regulación de estas actividades”.

Futura posible regulación: un anuncio "altamente positivo"

La visión de Brum & Costa abogados

Desde el estudio de abogacía Brum Costa, el abogado especializado en regulación del sistema financiero y prevención de lavado de activos, Juan Diana explicó en diálogo con El País que el comunicado del Banco Central (BCU) “va en la misma línea que la gran mayoría de los distintos reguladores financieros de la región y el mundo, en tanto pone énfasis en advertir sobre lo que a su juicio son los principales riesgos asociados a la utilización de los activos virtuales”.

En este sentido, Diana indicó que a través del comunicado, el regulador “remarca la ausencia de respaldo por parte de un Banco Central, la volatilidad de su precio y la posible utilización con finalidad de maniobras de lavado de activos, entre otros aspectos relacionados”.

Asimismo, a través de la notificación el BCU “procura brindar al público en general algunos elementos que aporten claridad conceptual sobre los activos virtuales, aunque sin pronunciarse expresamente sobre su caracterización desde el punto de vista jurídico”, interpretó el abogado.

Sobre este último aspecto, Diana manifestó que “el organismo se limitó a mencionar que la emisión y comercialización de estos instrumentos no son actividades que se encuentren comprendidas dentro de su actuación, lo que dentro del marco legal hoy vigente puede brindar algún tipo de pista al respecto”.

En relación a los anuncios que hizo el BCU respecto a su plan de trabajo, Diana señaló que el anuncio del Central de que se encuentra avanzando en el análisis del tema desde un abordaje interdisciplinario y abierto en miras a una posible futura regulación, “además de ser necesario debido a la creciente utilización de activos virtuales y a las posibilidades de negocio asociadas a la industria cripto, resulta altamente positivo debido a la alta complejidad técnica que desde distintas áreas reviste la temática”.