Redacción El País
La crítica situación de la Caja Bancaria -anticipada por El País el pasado miércoles- tuvo un nuevo capítulo ayer, cuando el sindicato financiero AEBU y la Asociación de Bancos Privados (ABPU) emitieron sendos comunicados con posiciones disímiles.

Mientras, el directorio de la Caja Bancaria espera una respuesta de las instituciones aportantes (bancos, administradoras de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, transportadoras de valores, etcétera) al pedido que adelanten los aportes. El planteo de la Caja es que las instituciones adelanten sus pagos de aportes al antepenúltimo día hábil del mes previo, en vez de pagarlo el octavo día hábil del mes en curso (o el día 20 del mes en algunos casos) como ocurre actualmente. Esa solicitud es desde junio, por lo que si las instituciones aceptaran el pedido, deberían volcar los aportes dos veces: el octavo día hábil (o el 20 de junio) y nuevamente el antepenúltimo día hábil (correspondiente al mes de cargo julio).

Esto es para hacer frente al pago de pasividades en los próximos meses, ya que las reservas de la Caja se agotarían en el inicio del tercer trimestre.

Ayer los bancos privados y AEBU coincidieron en la crítica situación de la Caja Bancaria. “Una vez más, transita una situación límite”, señaló la ABPU, mientras que el consejo central del sindicato dijo que enfrenta una “extrema situación de déficit que implica que los recursos del instituto son insuficientes para culminar el año 2023 cumpliendo sus obligaciones”.

Pero, ya ahí empiezan las diferencias entre bancos privados y sindicato.

El presidente de AEBU, Elbio Monegal dijo ayer en una conferencia de prensa que el problema de la Caja Bancarias es la “falta de liquidez”, pero que “no tiene problemas estructurales”.

Sin embargo, ABPU afirmó que “la grave situación por la que hoy atraviesa la Caja Bancaria era previsible. Un régimen de reparto con más pasivos que activos, con pasividades muy por encima del promedio (de hecho, son las más altas de todo el sistema jubilatorio), sumado a la elevada y creciente expectativa de vida de nuestro colectivo, es insostenible”, señaló en un comunicado.

Pero las diferencias en el diagnóstico siguen. Para AEBU, la caja llegó a esta situación por “los efectos de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sistema financiero, provocada por decisiones del gobierno y de empresas. Esta situación, sumada a los efectos de la pandemia, la pérdida de salario en el sector público y algunos sectores financieros privados generó una fuerte caída de los ingresos”.

Mientras que la ABPU sostuvo que “no es cierto que la caída del empleo sea fruto sólo del cambio tecnológico: la rigidez laboral y los costos son elevados y desacoplados del rendimiento, por lo que desestimulan muy fuertemente la contratación en el sector bancario, y a la vez desmotivan a quienes esperan recompensas proporcionales a su esfuerzo”.

Además, cuestionó que “a lo largo de los años se han ido sumando a los trabajadores bancarios beneficios que, habiendo sido aprobados en coyunturas diferentes a la actual, derivaron en un sistema rígido, que atenta contra la generación de empleo y la meritocracia, y generan problemas de incentivos y de equidad”. ¿Cómo se soluciona entonces la situación de la Caja Bancaria? Las posiciones de AEBU y la ABPU chocan públicamente. Mientras, negocian en un ámbito liderado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del que también participan los bancos públicos.

Según Monegal, esa comisión “está trancada producto de la falta de voluntad de los bancos privados.Si no es por una decisión política, ¿por qué los bancos se niegan a una solución para la caja que está al alcance de la mano?”.

Con eso se refiere a que la ley de reforma de la Caja Bancaria de 2008 estableció que la tasa máxima de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) en un 4 por 10.000 (0,04%) de los activos bancarios. Esa tasa, desde que rige se aplica en un 2,5 por 10.000 (0,025%). Si se hubiera aplicado antes “esto se solucionaba y se podía haber evitado esta situación que está atravesando la caja”, argumentó Monegal.

Sin embargo, la ABPU rechazó de plano esa argumentación. “La PCP no es la solución. No solamente porque el desfinanciamiento es tan importante que no se subsanaría incluso aumentando la PCP al máximo permitido legalmente, sino por las consecuencias que ello generaría”, indicó el comunicado.

“Aumentar la PCP derivaría en un incremento del costo del crédito a la población; algo que sería injusto, además de inconveniente para la economía del país”, aseguraron los bancos privados.

“Por otra parte, un aumento adicional de la PCP encarecería aún más la estructura de costos de las instituciones, lo que llevaría a un menor volumen de negocios y de necesidad de personal y así, una menor base de aportación”, añadió.

Pero, AEBU además rechaza otras soluciones. “Las afectaciones a trabajadores y jubilados -de aplicación inmediata- planteadas” en la comisión “nos resultan excesivas y desproporcionadas con las contribuciones que realizaría el resto de las partes (empresas y gobierno)”.

La ABPU espetó que “la negociación debe abordar el tema en todos sus aspectos, asumiendo de modo adulto y consciente la gravedad y urgencia de la situación” y recordó que los aportes patronales de los bancos son 25,25% en vez del 7,5% del régimen general a lo que se suma la mencionada PCP.