EN PROBLEMAS
La historia de cómo llegó Citrícola Salteña a la declaratoria judicial de liquidación y qué caminos tiene ahora.
Es optimista en que la empresa fundada en 1945 logre salir adelante. “Esta, es la tercera crisis que me toca vivir” dice en entrevista con El País el gerente general de Citrícola Salteña S.A., Jorge Caputto y explica: “una fue de negocio entre 1989 y 1992 cuando cayó el muro de Berlín y la mitad de nuestros mercados que eran de Europa del Este cayeron casi a cero, después estuvo la crisis de 2002 y ahora esta. Siempre salimos adelante porque el negocio se reacomodó”.
“Hoy estamos en una situación, que sin fatalidades, el negocio está ayudando. En esta situación (donde la Justicia solicito la liquidación) una buena performance del negocio, mantener 2.500 personas (trabajando), clientes en el mundo, proveedores, es porque la compañía tiene un valor”, asegura. La firma tiene 3.500 hectáreas cultivadas y es la principal del rubro citrícola.
Caputto sigue como gerente general de la empresa y es uno de los 20 accionistas de la misma, si bien el directorio fue desplazado por la resolución del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de Primer Turno el pasado 15 de mayo (ver aparte). Desde esa fecha, la Liga de Defensa Comercial (Lideco) pasó de interventora de Citrícola a síndico.
-¿En qué situación se está?
-Estoy focalizado en sacar la zafra (va de marzo a octubre) adelante que es lo más importante. He estado en contacto con Lideco. Hasta ahora la operativa sigue normal, este es un año mejor que lo habitual y mucho mejor que los últimos dos años porque se dio una combinación de buena calidad de producto (hay árboles jóvenes que están entrando en producción) y una demanda internacional que ha estado muy firme, la pandemia (del coronavirus) ayudó a un mayor consumo de naranjas y mandarinas. La clave es que se instrumente el Fondo Citrícola, se necesita capital de trabajo.
Al respecto, el responsable de Servicios Jurídicos de Lideco, Fernando Cabrera dijo ante la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que de $ 128 millones que tiene el Fondo Citrícola, ya se otorgaron $ 35 millones a la empresa, pero se necesita que “puntualmente haga los desembolsos, y no en cuentagotas como hizo el año anterior”.
-Más allá de la zafra, ¿qué puede pasar con la empresa?
-Previo a la Junta de Acreedores (que era el 25 de noviembre) se había llegado a una mayoría (que aceptaba un acuerdo de pago). Hay un cambio de último momento, que la empresa no estaba notificada que involucran al Banco República y algunos criterios de Lideco, lo que cambia el sistema de mayorías. Cuando todo venía alineado para solucionarse, vino la sentencia judicial (de liquidación) que nadie esperaba. Se está buscando retomar el camino de la negociación. Hay incertidumbre por la pandemia, no es un momento en que los inversores están buscando activos productivos para comprarlos. Hoy lo mejor es salvaguardar la empresa en marcha. Si una quinta vale US$ 25.000 la hectárea, son US$ 4.000 por la tierra y el resto por los activos biológicos que tiene arriba. Si eso se destruye porque la empresa se detiene, pierden todos. Esto no es como la agricultura que un año te fue mal con la soja y al otro plantás maíz. Esto es una inversión con un plan de siete u ocho años y si querés cambiar te lleva otro tanto.
La visión de Lideco sobre el acuerdo es diferente. El 24 de noviembre de 2019, Citrícola Salteña “presentó un convenio de pago solicitando a sus acreedores una quita de 50% de los pasivos a pagar en 10 años, con dos de gracia y que en esos dos años se le va a encargar a una consultora la venta de la empresa”, pero según como se tomaran los créditos, “en dos (de tres escenarios) la empresa no alcanzaba la mayoría para ese acuerdo y en uno la alcanzaba por muy poquito”, dijo en el Parlamento el director gerente de Lideco Bernardo Quesada. “Por otro lado opinamos que el convenio no era viable” dado que “la empresa había hecho la zafra (2019) perdiendo US$ 5,3 millones sin haber pagado nada de lo anterior” y entonces “su viabilidad económica estaba en cuestión” y la “resolución de la jueza está bien fundada”, añadió.
Sobre la viabilidad Caputto dijo que los accionistas encargaron un estudio a la consultora Exante. El mismo establece que “resulta viable el mantenimiento de la operación (...) siempre que se llegue a un acuerdo con las distintas clases de acreedores” y que “debería lograr de un modo sistemático flujos de fondos operativos positivos en los próximos años” ante lo que “no debería requerir financiamientos adicionales”.
Cabrera puntualizó que Lideco plantea una “venta en bloque” de la empresa (es decir en funcionamiento) “pero para esto tendríamos que contar con la anuencia de los acreedores” que tienen garantías. “Tuvimos conversaciones con algunos de ellos y vienen bien orientadas”, si se logra ese aval “nuestra idea es hacer un llamado no antes de mediados de octubre para la venta de activos”, agregó.
-¿Por qué se llegó al concurso de acreedores?
-En 2018 se dan situaciones que llevaron a una situación de iliquidez. En abril se venden 500 hectáreas en producción por US$ 15 millones a Camposol (de Perú) con un contrato para venderle servicios de empaque por cinco años. De esos fondos, US$ 10 millones fueron para bajar la deuda con el Banco República con el que había una relación bastante tensa en ese momento. Empezó la zafra y por una huelga de camiones en Brasil los barcos no venían o demoraban 35 o 36 días en vez de 26 en llegar a Estados Unidos. En junio tuvimos un tornado con granizo y nos pegó en una quinta de 300 hectáreas con US$ 5 millones en mercadería a cargar. Si la empresa preveía facturar US$ 30 millones, en dos meses y medio US$ 10 millones se habían borrado de un plumazo. Y los costos estaban incurridos. Lo que le pedimos al banco fue que corran las cuotas que están por vencer por lo que había pasado. No tuvimos esa flexibilidad, nos aplicaron el reglamento. En octubre, el otro factor que no ayudó nada, fue un ala de la parte sindical que tiene que ver con la planta de procesamiento. Empezamos a tener uno y dos días de atraso con la gente que va terminando y empezaron a darse piquetes sorpresivos, que no deja cosechar, sacar mercadería, no deja trabajar. Eso sale en la prensa, asusta a los acreedores, hace imposible financiarse con el sistema privado. Es lo que termina en febrero de 2019 con la solicitud del concurso de acreedores.
Las ON, el fideicomiso y ¿la amenaza de olivera?
Las obligaciones negociables que emitió Citrícola Salteña en 2016 y de las que adeuda US$ 9,3 millones, son un capítulo aparte. Esa deuda tenía un fideicomiso de garantía y según el documento de la emisión, una mayoría de inversores podía hacerla exigible (se adelanta el vencimiento) si la empresa era declarada o solicitaba la declaratoria de concurso. Según Caputto “se ha vendido como que era totalmente blindada una colocación financiera con un fideicomiso de garantía y resulta que es una deuda quirografaria sin derecho a voto (en la Junta de Acreedores del concurso)”.
Si la junta resuelve una quita de la deuda, los inversores en esos títulos tendrían que aceptarla, señaló Caputto. Esto haría totalmente inútil el fideicomiso. Una asamblea, el 17 de junio de 2019, resolvió por el 50,354% del valor circulante de la emisión hacer exigible los títulos. Varios se sintieron amenazados (y cambiaron su voto) por la actitud del abogado de la empresa Ricardo Olivera García que pidió se registraran los nombres porque podrían ser “llamados a responder por los daños y perjuicios que su decisión hubiera causado”. Para Caputto “es hasta ridículo decir que eso es una amenaza”.
Jueza “no cumplió” con ley, dice la firma
Los accionistas de Citrícola Salteña apelaron la decisión del Juzgado de Concursos de decretar la liquidación de la compañía, tal como había adelantado El País semanas atrás. En la apelación (a la que accedió El País), se señala que la jueza “no cumplió” lo previsto por la ley de Concursos en cuanto a suspender la Junta de Acreedores y publicar un extracto de la propuesta de acuerdo en el Diario Oficial, sino que dio vista a Lideco para que informara respecto del convenio, por lo que todo lo que resolvió desde allí es “nulo” y “ocasiona graves perjuicios a Citrícola Salteña y sus acreedores”. El Tribunal de Apelaciones no se expidió aun.