Ante la inminencia de un nuevo gobierno, cabe preguntarse cuáles serán sus prioridades en materia económica el “día después” de asumir en marzo de 2025. Mucho se ha hablado al respecto, pero con la fecha de arranque de una nueva administración en el radar, surgen otras lecturas.

El País consultó a analistas independientes, que destacaron prioridades. Entre estas, incrementar el ritmo de crecimiento potencial de la economía, reducir la pobreza, fortalecer la institucionalidad fiscal, mejorar la competitividad y elevar la educación, que a su vez aporta a la productividad.

El mayor desafío de Uruguay es aumentar su tasa de crecimiento y, para ello, según Ignacio Umpiérrez, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), se requiere apuntalar la inversión del sector privado. “No hay otra forma de hacerlo que mejorando la ecuación de rentabilidad-riesgo de los proyectos”, subrayó a El País.

A su entender, no hay forma de financiar gastos permanentes para áreas sensibles y prioritarias -como educación o la primera infancia- sin la generación de ingresos permanentes o renuncias a gastos regresivos y con bajo retorno social.

Foto: Leonardo Mainé

“Hace un tiempo, la discusión a nivel de buena parte del sistema político y técnico estaba empantanada en cómo redistribuir la torta, pero poco se ha propuesto en cómo hacerla crecer. Si no crece, poco habrá para redistribuirse”, dijo.

En ese marco, Umpiérrez propuso continuar fortaleciendo la macroeconomía y encarar reformas microeconómicas, tal como expertos venían proponiendo al Banco Central (BCU) desde la época de Diego Labat al frente del ente.

En tal sentido, destacó que se requieren “menos monopolios” y “menos regulaciones, barreras proteccionistas, subsidios cruzados” y, en algunos casos, también menos impuestos y aranceles.

Marcelo Sibille, gerente senior de KPMG, planteó que políticas que contribuyan a acelerar el alza del PIB, contribuirán a un mejor resultado fiscal y en el plano social.

Por su parte, Florencia Carriquiry, socia de Exante, coincidió al poner foco en el crecimiento potencial de la economía, lo que supondría mayor productividad y de calidad del capital humano. Carriquiry abrió el juego al plantear: “Aumentar el ritmo de crecimiento potencial del PIB requiere una serie de reformas estructurales tendientes a la apertura (al mundo), reformar las relaciones laborales, promover una mayor eficiencia de sectores no transables. Todo lo cual debería contribuir a promover mayores niveles de inversión y una suba de la productividad”.

Foto: Ignacio Sánchez

Relacionado al punto anterior, se enlaza el tema de la pobreza. Sin duda, un aumento del crecimiento económico significaría más recursos para contrarrestar la pobreza y la marginalidad.

Al respecto, Sibille observó que durante décadas Uruguay padeció niveles estructurales de pobreza infantil y que, en esta campaña electoral, por primera vez el combate a la pobreza infantil estuvo entre los ejes propuestos. “La asignación de mayores recursos presupuestales para reducirla es bienvenida, pero requerirá reasignación de gastos. No se debe seguir forzando la presión del gasto público global”, alertó Sibille.

Lo cierto es que reducir la pobreza implica una mejor distribución del gasto público, “atajando urgencias (mayores transferencias a hogares pobres con niños), pero también operando en otros temas como la educación”, planteó Carriquiry.

Precisamente la educación fue destacada especialmente por Sofía Harguindeguy, gerente de Consultoría Económica de Grant Thornton.

La economista señaló que “la calidad deficiente del sistema educativo y las altas tasas de deserción limitan la integración de los jóvenes en el mercado laboral y contribuyen a la desigualdad social”.

Harguindeguy reconoció que en Uruguay hubo mejoras, como la baja de la tasa de repetición en educación primaria, pero la tasa de abandono y el promedio de días de asistencia a clase no mostraron avances.

Foto: Archivo El País

Es claro que los factores mencionados se relacionan entre sí y, sobre todo, hacen a la competitividad.

Ciertamente, fortalecer la competitividad es fundamental para impulsar la productividad y crear un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico. Así lo destacó Harguindeguy, y agregó: “Para ello es necesario promover la innovación y facilitar el surgimiento de nuevos modelos de negocios y oportunidades de empleo de calidad”.

En esa línea, hubo coincidencias entre los economistas sobre la importancia de mejorar las tarifas de los servicios públicos, flexibilizar la normativa laboral, priorizar la reducción de la burocracia apuntando a una mayor eficiencia gubernamental, entre otros temas que, de implementarse, impactarán a favor del país en la comparación regional.

“Hay que hacer una revisión de los aranceles al comercio exterior y la firma de nuevos acuerdos comerciales para ampliar el acceso a mercados internacionales, y diversificar las oportunidades de exportación en sectores claves”, agregó Harguindeguy.

Lo cierto es que el nuevo gobierno tendrá una larga lista de prioridades económicas ante sí, pero se pueden reducir en un mismo objetivo central: hacer crecer el PIB, que es la base de todo lo demás.

“Ya vimos previo a 2020 que, cuando la política monetaria tuvo objetivos múltiples ni se apuntaló el tipo de cambio real, ni se cumplió el objetivo de inflación, ni la misma fue capaz de amortiguar shocks negativos desde el resto del mundo. Más bien lo contrario, se perdió credibilidad y se validó instancias expansivas desde lo fiscal y salarial. Tampoco los períodos de alta intervención compradora en el mercado de cambios mitigaron caídas en el tipo de cambio real”, recordó Umpiérrez de cara al futu