INFORME

Luego de que el gobierno decidiera mantener sin cambios los precios de los combustibles en octubre, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) elaboró hoy un nuevo informe -que ya elevó al Poder Ejecutivo- en el que concluyó que todas las tarifas deberían aumentar en noviembre, a excepción del supergás.

Para decidir cuál es el ajuste de los precios de los combustibles, el gobierno toma como referencia el Precio de Paridad de Importación (PPI) que busca acompañar la tendencia del precio del petróleo a nivel internacional.

Hasta ahora, hubo tres aumentos, una baja y en el último mes no hubo modificaciones en los precios dado que el gobierno aprovechó las ganancias extraordinarias de Ancap para mantener las tarifas.

Sin embargo, según el último informe de la Ursea -al que accedió El País- en noviembre la variación de las naftas y el gasoil fue al alza.

El PPI es un cálculo elaborado mensualmente por Ursea haciendo el ejercicio teórico de cuánto saldría cada combustible si en Uruguay existiera la libre importación (y un importador le compitiera a Ancap).

Los datos de la Ursea muestran las variaciones mensuales del PPI pero no proyecta precios finales. Por lo que, aunque estos valores no son trasladados de forma lineal al precio final de los combustibles en el surtidor, representan una variación similar.

De acuerdo con el último informe de la Ursea, los datos marcan la siguiente variación mensual en los precios explanta (es decir en la puerta de la planta de distribución de Ancap): un aumento de 4,59% de la nafta Súper 95, ya que el PPI pasó de $ 57,44 por litro en setiembre a $ 60,07 en octubre. En tanto, la nafta Premium 97 debería aumentar 4,38%, dado que el PPI pasó de $ 59,38 por litro en setiembre $ 61,98 en octubre.

En el caso del gasoil 10-s el precio debería subir 13,81% dado que el PPI pasó de $ 38,50 por litro en setiembre a $ 43,81 en octubre.

Por último, el PPI del supergás marca un descenso del 0,41% ya que pasó de $ 38,94 en setiembre a $ 38,78 en octubre. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el supergás sigue siendo subsidiado por las naftas y el gasoil, cuyas tarifas son más elevadas debido a que el precio del supergás está muy desalineado respecto al de PPI.

Además, se debe tener en cuenta que a las cifras que arroja el cálculo de PPI -hasta la puerta de la planta de La Tablada- se le deben sumar los costos de distribución, los márgenes de las estaciones de servicio y el denominado “factor X” (sobrecostos de Ancap) que actualmente es de $ 2,97 por litro y se busca que vaya bajando a medida que el ente sea más eficiente.

El informe de Ursea junto con otro que envía Ancap (y que no es público) son los que el gobierno tiene ahora encima de la mesa para resolver sobre el precio de los combustibles.

El mes pasado el ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini había señalado que “según las proyecciones de acuerdo a PPI, más el ‘factor X’, correspondía un aumento (de los combustibles en octubre). Pero nuestro sistema se basa en dos cosas: en el PPI de Ursea y el X en el que se reconocen los sobrecostos de Ancap pero no tomamos en cuenta que podía haber ganancias extraordinarias de Ancap”, explicó el jerarca en Telemundo (Canal 12).

“Dijimos bueno, si hay sobrecostos e ineficiencias resolvámoslo, pero cuando haya una buena noticia y podamos usarla para mitigar un aumento usémosla. Y eso es lo que estamos haciendo”, defendió en ese entonces.

Consultado respecto a si esa “espalda” puede durar más tiempo, dijo que “tal vez sí”. “La ganancia de Ancap fue bastante importante en el primer semestre, pero también es cierto que el petróleo está al alza”, apuntó.

Con el nuevo mecanismo, dijo Paganini, se busca “la transparencia más que la previsibilidad, porque uno no puede saber a cuánto va a estar el petróleo”.

Sin embargo, la decisión de mantener las tarifas sin cambios a costas de ganancias de Ancap -que obtuvo buenos resultados por la exportación extraordinaria de energía eléctrica (en base a combustibles) de UTE a Brasil- fue cuestionada por el sistema político y también desde el ámbito económico.

En este sentido, un mes atrás diferentes referentes cuestionaron la decisión del gobierno porque entienden que cambia el mecanismo.

El economista Javier De Haedo indicó en su cuenta de Twitter: “De Ripley. El razonamiento no resiste el menor análisis. Las reglas se hacen para cumplirse. Cuando sirve y cuando no. Cabe suponer que esta decisión es consecuencia de que habrá un referéndum. Como la postergación de la reforma previsional”.

En tanto, el economista y socio de Exante, Pablo Rosselli manifestó que “el gobierno da marcha atrás en su intento de pasar a un manejo menos discrecional de los precios de los combustibles”. Si bien destacó que la decisión “parece positiva porque evita una suba”, dijo que “si el petróleo no baja, en algún momento será necesaria una suba para mitigar el impacto fiscal”. En este sentido, afirmó que “el tema central es si queremos un manejo discrecional de las tarifas públicas o si queremos reglas claras y predecibles”, sentenció.