ESTUDIO

El contrabando de alimentos y bebidas en nueve departamentos de Uruguay tuvo en 2019 un valor de US$ 320 millones y se estima que si el gasto de los uruguayos en mercadería de contrabando hubiera sido realizado en comercios formalmente establecidos, el Estado hubiera recaudado US$ 70 millones más que actualmente.

A esa aproximación llegó el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) a través de un estudio en el que analizó el comercio exterior informal y su incidencia en la economía uruguaya en los departamentos fronterizos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Cerro Largo y Rocha, así como en Treinta y Tres y Tacuarembó, departamentos que si bien no son fronterizos presentan características similares.

Agustín Iturralde, economista y director ejecutivo del CED explicó que el contrabando fronterizo es una actividad ilegal “que está profundamente arraigada en las economías y culturas locales de muchas zonas de nuestro país” y afirmó que los gobiernos suelen practicar “una pasiva tolerancia” ante esta realidad lo que ha llevado a su vez a un “fracaso persistente de la política pública”.

En el marco de un evento virtual organizado por el CED -en el que también el economista y socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, presentó un estudio sobre los posibles efectos de las prácticas comerciales y regulaciones sobre algunos precios de la canasta de consumo en Uruguay-, Iturralde presentó los resultados del estudio que demuestran el impacto socioeconómico que tiene el contrabando en Uruguay.

De acuerdo con Iturralde, la estimación a la que llegó el estudio es “conservadora” y tiene algunas limitaciones porque entre otras cosas, solo analiza alimentos y bebidas no alcohólicas y deja de lado otros productos; así como también el hecho de que da por supuesto que todos los departamentos tienen una distribución igual de su Producto Interno Bruto (PIB) y de su consumo, mientras que “es probable” que el consumo de alimentos sea mayor en los departamentos analizados que si se considera el conjunto del país.

Además, el estudio señaló que “un supuesto importante” para la investigación es la proporción de alimentos que en estos departamentos se compran en el mercado del contrabando minorista y esa estimación puntual se hizo con información elaborada por el Centro Comercial de Salto, lo que si bien permite “una buena idea del contexto particular”, no tiene en cuenta los departamentos de la frontera seca brasileña que “parecen tener movimientos mucho más generalizados”.

No obstante ello, el CED logró estimar que la incidencia del contrabando de esos productos en los departamentos de frontera tuvo en 2019 un valor de US$ 320 millones y advirtió que “en el tiempo es probable que la magnitud del mismo varíe significativamente con el diferencial de precios”.

Según la última estimación del Índice de Precios de Frontera de la Universidad Católica en Uruguay se encontraron precios que eran 30% mayores que en Argentina.

El cálculo anterior implica que los uruguayos pagaron impuestos al consumo recaudados por el Estado de Brasil y Argentina por US$ 51,5 millones. Mientras que si el gasto de los ciudadanos locales en mercadería de contrabando fuera realizado en comercios formalmente establecidos en el país, el Estado uruguayo recaudaría US$ 70 millones más que actualmente. “Esta es una cifra nada despreciable a la luz de las discusiones presupuestales”, afirmó Iturralde.

Por otra parte, el estudio del CED puso el foco en el efecto que el contrabando tiene en la pobreza de los hogares uruguayos y encontró que los diferenciales de precios encontrados entre productos de contrabando y de comercios formales, “también tienen potenciales efectos relevantes en las estimaciones de pobreza monetaria”.

La investigación del CED descubrió que si la población de los nueve departamentos analizados accediera integralmente a alimentos y bebidas no alcohólicas al mismo precio que lo hacen los vecinos del otro lado de la frontera, la pobreza en los hogares uruguayos se reduciría en 4,4 puntos porcentuales al considerar un nivel de precios un 30% menor.

“Serían aproximadamente 34.000 personas pobres menos aunque esto debe ser leído cautelosamente como una muestra del potencial impacto” del fenómeno, indicó Iturralde y señaló que se debería intentar “alcanzar niveles de precios en Uruguay más asimilables” a los que hoy existen del otro lado de la frontera.

Más allá del efecto del contrabando en términos de pérdida de recaudación del Estado, el estudio del CED analizó otros impactos de esta problemática como por ejemplo la competencia desleal que implica para los comercios legalmente establecidos quienes deben enfrentar costos mayores por las obligaciones tributarias, el pago de salarios, requisitos aduaneros, sanitarios, entre otros.

En el mercado laboral el contrabando también tiene un impacto significativo. Según la investigación del CED, dicha actividad tiene “un rol relevante” como empleador dado que “son muchas las familias que obtienen ingresos de esta actividad”.

De hecho, según la Encuesta Continua de Hogares de 2020, los departamentos de frontera son los que presentan una mayor proporción de ocupados vinculados a esa actividad ocupacional: 6,5% en Cerro Largo, 5,4% en Artigas, 4,9% en Rocha, 4,7% en Salto y 4,5% en Rivera, niveles que son “sensiblemente superiores” a la media a nivel nacional de 2,3% y del interior del país que es de 3%.

Según explicó Iturralde el problema del contrabando “es viejo” en Uruguay aunque señaló que no por eso ha dejado de ser significativo y distorsivo.

A su entender, la política pública no ha logrado abordar de forma exitosa esta problemática y Uruguay “sigue teniendo niveles de precios significativamente más altos que sus vecinos”.

Para solucionar parte de la problemática, el economista sugirió algunas medidas que tienen que ver con la facilitación de la participación de pequeños y medianos comerciantes en los mecanismos legales de importación de bienes.

Para lograrlo el estudio indicó que es fundamental simplificar las regulaciones y los trámites “que muchas veces actúan como barreras no arancelarias y como inhibidor de la participación de actores con menor capacidad”.

ana laura fernández

Asesora económica de la Cámara de Comercio

“Hay una cultura del contrabando, es una actividad que va a existir pero desde la cámara intentamos que se minimice o que tenga el menor impacto en el mercado formal. Se debe abatir tanto desde la oferta como desde la demanda y hay que trabajar en la cultura desde el lado del consumidor. Hay espacio para trabajar con autoridades en reducir trabas que tienen los empresarios formales”.

josé Antonio licandro

Intendente de regulación financiera del BCU

“El contabando no es ni mas ni menos que un mecanismo no legal de arbitraje de precios. El origen de las consecuencias sociales que eso tiene sigue estando en ese problema. Si queremos atacar el contrabando, sobre todo con las fronteras que tenemos, podemos poner a todo el Ejército que igual va a haber contrabando y es que a esto se le suman los temas culturales que tiene el fenómeno”.

pablo sanguinetti

Vicepresidente de conocimiento de CAF

“Si un ciudadano compra productos en el país vecino porque por un tema cambiario le es más barato está bien y hay que tolerarlo mientras sea para su consumo y pague los impuestos en ese país. Porque hoy Uruguay es más caro pero mañana puede ser Argentina. Pero cuando lo hace para evadir impuestos y otros reglamentos para reducir precios es otro tema y eso no está bien”.