Las tipologías que más se han detectado como mecanismo para lavar activos de origen ilícito en América Latinason, en primer lugar, el uso de testaferros, en segundo lugar, la creación y utilización de personas y estructuras jurídicas (que aumentó especialmente) y en tercer lugar, el transporte ilícito de dinero por frontera, seguido por el fraccionamiento de dinero como mecanismo de estratificación. Esto según el “Cuarto Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, presentado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)* quien financió el trabajó que realizó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El estudio corresponde a la actualización para el período 2022-2023 y fue recientemente presentado.

Los productos utilizados por los delincuentes y organizaciones criminales para lavar activos en la región siguen siendo los mismos que los detectados en el informe anterior. No obstante, a diferencia de años anteriores, las cuentas bancarias (cuentas corrientes y de ahorro) resultan ser el producto preponderante para lavar las ganancias de origen ilícito, seguido por el uso de efectivo, las transferencias locales de dinero y los cheques, en ese orden.

El informe destaca la irrupción de la extorsión y del uso ilícito de activos virtuales como delitos altamente relevante, que van en aumento en la región.

El bancario sigue siendo el sector más vulnerado para lavar activos a nivel regional, seguido por el sector automotor, el sector inmobiliario y en cuarto lugar el sector de notarios (escribanos). Es importante destacar que el sector automotor ha desplazado a los escribanos, que ocupaban el segundo lugar en el estudio anterior.

Respecto al informe de tipologías publicado en 2023, surgen como principales delitos determinantes en la región: la participación en grupos delictivos organizados (18%), el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (13%), los delitos fiscales (11%), corrupción y soborno (9%), la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (8%), además de, en menores porcentajes, extorsión, uso ilícito de activos virtuales y contrabando.

Foto: Archivo/El País

En tanto, la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado, bajo el liderazgo de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y el asesor internacional Alejandro Montesdeoca, determinó que en Uruguay las principales amenazas están en los activos generados por los delitos de narcotráfico, contrabando, trata de personas, estafa, tráfico de armas, delitos tributarios y corrupción, en ese orden.

En tanto, los principales sectores de actividad potencialmente utilizados para canalizar activos de origen ilícito o con finalidad ilícita en este país, son el sector financiero (en línea con los datos de la región), estructuras societarias, el mercado inmobiliario, las zonas francas, sociedades anónimas deportivas, el uso de efectivo, entre otros.

Entre las principales vulnerabilidades del sistema uruguayo antilavado están la insuficiencia de recursos, la falta de coordinación entre los supervisores del sistema, la baja percepción de riesgo y bajo nivel de reportes de operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados en materia de prevención de lavado, la ausencia de mecanismos de intercambio de información, la fuerte presencia del mercado informal en algunos sectores -como el inmobiliario-, la falta de regulación de los activos virtuales.

Cabe destacar que, según el informe del Gafilat, India lidera la adopción de criptomonedas en el mundo. Por el contrario, Guyana ocupa el lugar 155, lo que indica que es el país con menor adopción cripto. Argentina está en la posición 15; Brasil en la 9; y Uruguay en la 121. Los activos virtuales obligan a las autoridades a tomar más medidas de contrapeso en relación a delitos informáticos.

Según la Alianza Latinoamericana Anti-Contrabando (ALAC), el contrabando genera una ganancia de casi 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina, lo que corresponde a unos US$ 210.000 millones anuales.

Afecta industrias como las de siderurgia, metalmecánica y acero, tabaco, licores, medicamentos, cosméticos, plásticos, calzado, textiles y ciberseguridad.

El movimiento de dinero en efectivo de la región representa el 76% de los activos descritos en los registros aduaneros. Esta proporción de dinero efectivo es mayoritariamente trasladada por viajeros que usan la vía aérea.

El comercio internacional continúa siendo a nivel mundial un sector con muchas vulnerabilidades, las que son aprovechadas por las organizaciones criminales para ocultar ganancias provenientes de actividades delictivas y así dar apariencia de legalidad.

Las vulnerabilidades en la cadena de suministro y la falta de controles efectivos de las fronteras, por las dimensiones o la porosidad de las mismas, pesan al analizar la amenaza del delito de contrabando en los países de la región.

Las técnicas más comunes utilizadas para América Latina en comercio exterior, con estos fines, son: sobrefacturación, subfacturación o facturación múltiple de bienes y servicios, alteración del volumen de embarques, o alteración de la descripción de los bienes y servicios (por ejemplo, una organización criminal puede intentar simular la calidad o el tipo de bien o servicio que está negociando).

Foto: El País.

Los productos más utilizados por los delincuentes y organizaciones criminales para lavar activos en la región son el efectivo y las transferencias bancarias (14% ambos), seguido por el uso de transferencias nacionales e internacionales (11%), cheques (10%) y cuentas bancarias (7%).

La posesión de efectivo tiene ventajas para los delincuentes, referidos al anonimato sobre el origen, posesión y uso. Adicionalmente, la trazabilidad de las operaciones representa un desafío para las autoridades, por ello, sigue siendo el producto más utilizado.

Sin embargo, un problema significativo referido al efectivo es su limitada capacidad de gasto y posibilidad de inversión, sin que se requiera información por parte de los sujetos obligados del sistema preventivo de América Latina con respecto de su origen, así como de la identificación de quién opera y la posibilidad de la comunicación de las transacciones y operaciones sospechosas.

El segundo producto utilizado son las transferencias bancarias, debido a la rapidez y facilidad del proceso de transacción. Los delincuentes también pueden utilizar múltiples cuentas bancarias e instituciones financieras para complicar aún más el proceso de seguimiento, lo que dificulta la detección y prevención del lavado de activos.

La trata de personas es uno de los delitos más rentables en la región y en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el trabajo forzoso en la economía privada genera US$ 236.000 millones en beneficios ilegales al año.

El informe de la OIT "Ganancias y Pobreza: Aspectos Económicos del Trabajo Forzoso" estima que el monto total de las ganancias ilegales del trabajo forzoso ha aumentado en US$ 64.000 millones (37%) desde 2014, un aumento dramático que ha sido alimentado tanto por un crecimiento en el número de personas obligadas a trabajar, como por mayores ganancias generadas por la explotación de las víctimas.

Este reporte refiere que el total anual de beneficios ilegales del trabajo forzoso es mayor en Europa y Asia Central (US$ 84.000 millones), seguidas de Asia y el Pacífico (US$ 62.000 millones), América (US$ 52.000 millones), África (US$ 20.000 millones) y los Estados Árabes (US$ 18.000 millones).

En cuanto a las organizaciones criminales, tras la consulta y consideración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo, así como las sentencias presentadas por los países, se identificaron al menos seis organizaciones criminales que operan en la región, ellas son: Maras y pandillas: MS13 y M18 (El Salvador), Clan del Golfo (México), Cartel del Malecón (República Dominicana), el clan de Castedo (Argentina), Los Rojos (México) y Los Caballeros Templarios (México).

(*) Una versión anterior de este artículo, mencionaba al BCIE como co-autor del informe junto al Gafilat, lo que no es correcto. Sí el BCIE financió el mismo, pero las afirmaciones corresponden exclusivamente el Gafilat. A los lectores e involucrados, las disculpas del caso.