ANÁLISIS DE CERES

Ante la excesiva burocracia que complica la llegada de inversiones al país, Ceres realizó un estudio para determinar dónde están los mayores cuellos de botella a nivel de entes autónomos, servicios descentralizados y personas públicas no estatales.

Las conclusiones (presentadas por Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres en el desayuno “Perspectivas 2022-23”) muestran que las mayores trancas administrativas se dan en: la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco Central (BCU), la Dirección Nacional de Migración (dependiente del Ministerio del Interior), la Junta de Pertinencia del Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social. A su vez, mencionó problemas en el tratamiento con intendencias, así como en algunas organizaciones no estatales, como el LATU, INIA e Ircca.

El estudio analizó el organigrama del Estado uruguayo y realizó consultas princialmente a profesionales que se dedican a recibir inversores.

En el mapeo de la burocracia uruguaya, los entrevistados manifestaron lidiar diariamente con este tipo de problemas: demoras excesivas y disparidad de criterios, baja digitalización, dificultades en trámites web, exceso de pedidos en inspecciones y dificultades para acceder a ciertos certificados, así como alta descoordinación entre departamentos dentro de un mismo organismo y entre organismos.

“No hay duda de que las demoras excesivas, en comparación con otros países, y las dificultades en el proceso, desmotivan y/o frustran a interesados en invertir en Uruguay”, dijo Munyo.

Entre las quejas específicas que plantearon, destacan: falta de coordinación entre la DGI y el BPS, plazos extensos para el pronunciamiento del BCU, ineficiencia en el ingreso de expedientes en el BCU (pasan por muchas manos diferentes); en la Dirección Nacional de Migración señalan planes extensos para tramitar la residencia legal permanente (puede llevar más de 12 meses), dificultad para acceder a certificados de antecedentes penales del país natal (requerido en Uruguay); sobre la Junta de Pertinencia del MSP plantean plazos extensos para registros ante el organismo o para obtener habilitaciones; y en el BPS (área digital) los entrevistados observan criterios restrictivos y dispares en la interpretación de documentos y de requisitos, no admisión de varios trámites en paralelo, dificultades en la página web (por ejemplo, no aceptación de la firma electrónica, ni certificados notariales electrónicos), entre otros.

A este nivel, el estudio menciona que existen instructivos poco claros en trámites relacionados con bienes inmuebles, pocas intendencias con opción de trámites en línea (baja digitalización), plazos excesivos para habilitaciones y registro de productos (bromatología), entre otros obstáculos.

Sobre el LATU, se cita la demora en habilitación de productos (lo que encarece y trae problemas para productos perecederos). En el INIA, demoras excesivas en autorizaciones asociadas al sector forestal. Y en el Ircca, tiempos largos para el otorgamiento de licencias para la actividad de cannabis.

“Acá hay mucho por hacer para aprovechar el enorme interés que existe en el mundo para invertir en Uruguay. Es un problema de larga data, se avanza en cada gobierno un poco, creo que hay que poner el pie en el acelerador”, concluyó Munyo.