Generalmente se considera que cuanto más crecimiento económico, mejor. Sin embargo, en muchos países el alza del Producto Interno Bruto (PIB) no se ha traducido en reducción de la pobreza, ni de los efectos nocivos en el medio ambiente. En el estudio “Crecer sin progresar”, La Organización de Naciones Unidas (ONU) plantea, que pese al crecimiento económico que tuvieron después de la pandemia del covid-19, una tercera parte de 160 países analizados registraron un aumento de pobreza extrema y no pudieron desacoplar sus crecimientos de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta tendencia en la que parte de la población cae o se profundiza en la pobreza mientras la economía crece, es un tema que ha llevado a revisar las políticas públicas, dado que es claro el problema de distribución de la riqueza, pero también los conceptos mismos de crecimiento y desarrollo.

Lo cierto es que el crecimiento de la economía por sí solo no alcanza y, según algunos autores, puede ser contraproducente.

¿Habría que poner, entonces, un límite al crecimiento económico cuando éste no está basado en políticas amigables con el medio ambiente, o sociales? ¿Habría que enmarcarlo en parámetros ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por la sigla en inglés), asumiendo que esto puede significar un ritmo menor en el crecimiento? ¿Qué habría que hacer en Uruguay al respecto?

“El modelo de crecimiento basado en el consumo parece llegar a su fin. No es sostenible cuando se logra a costa de la depredación del medio ambiente. Ahora el desafío está en cómo crecer a tasas elevadas y rápidas con este cambio de paradigma de descarbonización y mejor convivencia con la naturaleza”, afirmó a El País Gabriel Oddone, economista y candidato a ministro de Economía y Finanzas en caso que Yamandú Orsi gane las elecciones, quien se desempeña también como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y otros organismos internacionales.

El crecimiento del PIB de Uruguay está, en promedio, estancado en 2%, por lo que Oddone afirmó que el reto no es solamente alcanzar un guarismo más alto, sino hacerlo bajo los nuevos modelos de desarrollo que existen.

A su entender, es fundamental saber gestionar el shock del cambio climático en la recaudación tributaria y políticas públicas. “Si Uruguay va a fomentar más el uso de energías renovables, tendrá que ir al desincentivo del uso del transporte basado en combustibles fósiles. Pero hoy nuestra recaudación tributaria descansa, en una parte muy importante, en el gravamen al combustible, en el Imesi”, advirtió.

Efectivamente, el Impuesto Específico Interno (Imesi) grava a determinados bienes, entre los que se encuentran los vehículos, lubricantes y grasas y combustibles (naftas).

Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Para fomentar un mayor crecimiento verde de Uruguay, desde el punto de vista fiscal es un problemón: perderemos fuentes de recaudación porque vamos a desestimular el combustible fósil y a subsidiar un transporte eléctrico, para poder hacer la transición, que todavía no nos va a permitir recaudar. ¿Quién financia esa fiesta?”, se preguntó Oddone.

El analista está de acuerdo con la transición energética que emprende el país, pero advierte de hacerlo de manera tal que no genere “un agujero fiscal”, un tema presente que estará ya en la próxima administración. “No es un problema para dentro de 30 años”, agregó.

Para Gabriela Mordecki, economista y profesora de la Universidad de la República (UdelaR), el crecimiento de un país no debe tener límites, cuidando que sea sostenible.

Temas asociados a éste han levantado cuestionamientos. “¿Quiénes están poniendo restricciones en el comercio internacional actualmente? Los países que las ponen son los mismos que provocaron los problemas ambientales, incluso actividades productivas que generaron daños irreversibles”, dijo Mordecki a El País.

Sobre Uruguay, consideró que hay que fortalecer más al Ministerio de Ambiente y aplicar más las leyes existentes.

“Las fiscalizacioens tienen que ser firmes, hay que mejorar los equipos de inspecciones y poner multas más elevadas cuando las empresas provocan daño ambiental”, dijo en relación a UPM que fue multada nuevamente por otro derrame en un arroyo en el Pueblo Centenario, con un monto de alrededor US$ 500.000, que la economista consideró “extremadamente bajo para una empresa de envergadura y el daño causado”, afirmó..

“Hay que aplicar multas que duelan, porque si no, las empresas las pagan y siguen haciendo las mismas acciones, porque igual les resulta lucrativo”, agregó.

Este tipo de medidas debería abarcar -continuó- la mitigación o corrección de daños ambientales también en el sector agroindustrial, con los frigoríficos, el cuidado del agua, entre otros frentes..

Mordecki consideró asimismo que existen proyectos en el país que deberían ser revisados, ya que las intendencias y el Ministerio del Ambiente han aprobado construcciones que afectan la costa uruguaya.

Por su parte, José Antonio Licandro, economista y especialista en asuntos macroeconómicos y de política monetaria, dijo a El País que hay otro ángulo en la discusión. “Existen países que, además de consignar el PIB, miden lo que se destruye en términos de medio ambiente en ese camino de crecimiento. Y esto último se cuenta con signo negativo”, señaló.

Licandro consideró que, en la medida en que el tema de la pobreza es prioritario en el país, se debería contar con instrumentos adecuados para medirla mejor, así como con políticas públicas que permitan que el crecimiento del PIB se acompase con una baja de los niveles de ese indicador.

En Uruguay, la pobreza se mide solo por nivel de ingreso de la población, cuando en realidad existen otros factores que deberían incluirse, como el estado de la vivienda, el trabajo, el acceso a los medios de transporte, salud, educación y otros. La Encuesta Nacional de Hogares aborda esas variables, pero no están incluidas en el índice de pobreza como tal.

“El Instituto Nacional de Estadística (INE) prometió que elaborará un índice de pobreza multifactorial para este año, esperemos que cumpla porque se necesita”, dijo Licandro.

Foto: Archivo El País

Afinar los instrumentos domésticos permitirá constatar si el crecimiento del PIB de Uruguay se acompaña -o no- y en qué grado, de una reducción de la pobreza, entre otros factores sociales y ambientales a cuidar que hacen al verdadero desarrollo.

Según el estudio de la ONU, la tendencia muestra que las emisiones de carbono crecen por cada dólar de crecimiento económico en muchos países.

Las economías avanzadas han logrado cierto desacople entre la reducción de las emisiones y el crecimiento de sus PIB, pero los países en desarrollo no lo están logrando. El problema es especialmente agudo en Asia y el Pacífico, donde las emisiones de carbono de origen fósil están creciendo conforme sus economías se expanden.

Por lo pronto, las doctrinas sobre el desarrollo de los países han cambiado. Históricamente, la doctrina predominante, que surgió después de la II Guerra Mundial, concebía el crecimiento económico a cualquier costo como factor clave para mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la gente, y ese concepto dominó la agenda del desarrollo mundial. Pero eso no siempre resulta así.

Por eso, los nuevos modelos de concebir el desarrollo ponen a los factores ambientales, sociales y de gobernanza como nuevas exigencias.

En ese contexto, el “desarrollo sostenible” matiza o le pone un freno al crecimiento “depredador” que todavía existe y hace estragos en el mundo.