El informalismo en el sector inmobiliario afecta a un 60% del sector, según datos de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU). ¿Cuáles son las características de estos trabajadores informales y qué medidas se reclaman?

Matías Medina, vicepresidente de la CIU y director de Macari, sostuvo que existen diversos tipos de operadores inmobiliarios informales, los cuales trabajan en diversas zonas del país, pero sobre todo en zonas turísticas y de frontera.

Por un lado, dijo que aparecen los “típicos informales” que toman como una actividad secundaria el rol del operador inmobiliario, pero que “no tienen ningún tipo de formación” dentro del rubro. En este caso, explicó que cuentan con un pequeño abanico de propiedades para vender, pero que no aportan el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), no cuentan con una empresa formada y tampoco aportan por los rendimientos de capital inmobiliario, así como no informan en casos de sospecha de lavado de activos.

“Hay gente que se dedica como una actividad principal a lo que es vender y alquilar, pero no hacen facturas, no están capacitados y hacen ventas a la carga de una inmobiliaria formal”, agregó Medina.

En este caso, dijo que dicha problemática impacta a las inmobiliarias formales, ya que las mismas cuentan con gastos fijos (oficina, sueldos, avisos, factura de honorarios, aportes de IRPF) que este grupo de personas no paga, por lo que “hay un perjuicio importante para los que aportan y para los que están en regla”, tanto para la venta de casas como apartamentos.

Por otro lado, también destacó que hay una gama de profesionales (sobre todo abogados, escribanos, ingenieros agrónomos) que además de realizar su profesión se meten dentro del sector y “no facturan la actividad inmobiliaria”, por lo que también están comprendidos dentro de ese 60% de informalismo del sector.

“Colateralmente saben que es lo que se vende y hacen una actividad de intermediación entre el comprador y el vendedor y así perciben una comisión, pero nunca la facturan”, explicó Medina.

A su vez, afirmó que en las zonas turísticas mucha gente opera como inmobiliario sin el aval necesario del Ministerio de Turismo (Mintur). En ese marco, indicó que el proyecto de ley de Operador Inmobiliario (el cual está en tratamiento por parte del Senado) busca regular la actividad, brindar transparencia y dar igualdad de oportunidades a todos los participantes del mercado, pero también atacar esta problemática para disminuir la informalidad.

En ese marco, destacó que en países como Argentina y Brasil el porcentaje de informalismo bajó desde que se profesionalizó el sector, aunque sí admitió que llegar a una tasa de informalidad cero “es imposible”.

Por ello, cree que la herramienta que supone la tecnología es “fundamental” para atacar esta problemática ya que, de regularse dicha ley, los portales (tales como Booking, Airbnb, Mercado Libre, por ejemplo) le pedirán a los operadores que proporcionen sus datos y su número de matrícula de operador inmobiliario para poder ejercer y publicar contenido.

Foto: Archivo El País

Siguiendo la problemática de las plataformas de alquiler, Andrés Castellano, presidente de la Asociación Turística de Colonia, constató que en dicho departamento hay, al día de hoy, unas 3.000 plazas disponibles en hotelería formal y otras 1.000 en alojamientos por plataformas, ya sea casas o apartamentos.

En ese marco, destacó que continúan trabajando para la legislación de la ley de Vivienda de Uso Turístico (el objeto de dicha ley es la regulación del alojamiento en viviendas con fines turísticos, así como la administración o explotación de las mismas por sus propietarios o terceros administradores), ya que la misma “es fundamental para no perder la oferta”, debido a que las plazas de dichos alojamientos “son importantes más allá del informalismo”.

“Punta del Este no sería tal si no tuviera como 250.000 plazas de ese estilo”, señaló.

Además, dijo que dicha ley busca brindar garantías para “una competencia más ecuánime en cuanto a costos”, pero también darle “seguridad al huésped”.

“La legislación (de la ley de vivienda de uso turístico) le da seguridad al sector. Se puede ejercer determinados controles, hay que cumplir requisitos, se instala un padrón y se tributa en consecuencia, que es la otra cara de la moneda, ya que algunos tienen su establecimiento en donde pagan sus cánones y tributos y otros prácticamente no pagan nada”, subrayó.

Maldonado y Rocha

Por su parte, Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado/Punta del Este, dijo que en dicho departamento “todo sigue igual” en cuanto al informalismo, ya que un “gran porcentaje” de los negocios relacionados a alquileres y ventas “se hacen por la parte informal”.

“Hace años estamos abocados a regular el sector para que funcione mejor, que sea fuerte y dinámico. No hay que olvidarse que el sector trae inversión al país”, agregó.

Foto: Estefanía Leal

Consultado por la próxima aprobación de ambos proyectos de ley, aseguró que los actores que actúan en regla dentro del rubro piden “ser más justos en lo social”, ya que quienes operan de forma clandestina no pagan impuestos o aportes.

En tanto, Ricardo Pereira, representante de la Cámara Inmobiliaria de Rocha, sostuvo que en dicho departamento la informalidad los afecta “más que nada en las ventas”. En esta línea, al igual que sus colegas, destacó que lo que más ha afectado a los operadores formales es la aparición de las páginas web ya mencionadas anteriormente, haciendo referencia a que “cambiaron la dinámica del mercado”.

Asimismo, debido a los negocios informales que se concretan en ellas, aseguró que los operadores rochenses redujeron su actividad en materia de alquileres. De hecho, afirmó que lo que ofrecen los inmobiliarios en alquileres es un 10% de lo que tenían en carpeta antes de la aparición de este tipo de páginas, lo que los ha llevado a reducir personal y horarios de trabajo.

“Nos hemos quedado con muy pocos clientes que aprecian nuestro servicio”, concluyó.