Las grandes expectativas de los uruguayos son qué va a pasar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 24 de noviembre y qué impacto tendrá la composición pareja en el Parlamento en la economía y otras áreas del país.
Sobre el primer tema, Ignacio Zuasnabar, director de Equipos Consultores, afirmó que la coalición parte con una leve ventaja, pero el resultado dependerá en gran parte de su capacidad de retención de votos, considerando que, si hay una migración de éstos, podría ser de la coalición al Frente Amplio y no al revés.
Asimismo, señaló que el debate entre los candidatos Álvaro Delgado y Yamandú Orsi se realizará en una fecha “tardía” (17 de noviembre), lo que podría alentar lo que ocurrió en la primera vuelta, cuando el 10% de la población resolvió su voto el mismo día de la elección. “Ahora puede pasar lo mismo”, afirmó.
Sobre el segundo tema, el director de Equipos opinó que una composición pareja del Parlamento generalmente representa un problema en otros países, pero no en Uruguay, por la estabilidad y calidad de la dinámica política que lo caracteriza. “No vamos a tener un país paralizado a pesar de no haber mayorías en el Parlamento”, lanzó.
No obstante, aunque el buen funcionamiento destaca a Uruguay y las bases no cambiarán sustancialmente si resulta presidente uno u otro candidato, es claro que cada uno defiende una concepción de Estado diferente y la parte ideológica jugará su rol en las decisiones económicas.
María Dolores Benavente, presidenta de la Academia Nacional de Economía, señaló que “el Frente Amplio defiende al Estado paternalista, por lo que es más difícil que adelante acciones para reducir la cantidad de funcionarios públicos”. Esta es una recomendación que han dado muchos economistas y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), para aumentar la eficiencia del Estado. “Además es más pro Mercosur que la coalición”, agregó.
La economista propuso que “duplicar el crecimiento potencial de Uruguay” debería ser un paradigma en el que debería haber consenso. Ya existen paradigmas sobre la pobreza infantil, la educación y la seguridad nacional como temas a resolver, pero para ello se necesita crecer. “Si no crecemos, la frazada queda corta para abordar esos asuntos”, señaló.
Por su parte, Diego O’Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, propuso una serie de recomendaciones para un mejor país, que surgen de un documento elaborado por diversas gremiales y fue entregado a los partidos políticos. Y embanderó la idea de que “hay que actuar rápido”.
Estas declaraciones fueron realizadas en el evento “Desafíos 2025-2030: Perspectivas para el desarrollo económico, productivo y social a partir del escenario post-elecciones”, organizado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) en la mañana de ayer.
¿Qué nos pasó y qué hacer?
Benavente destacó que “gane quien gane” la Presidencia en Uruguay, hay certezas económicas desde ya, por la madurez política del país.
Como determinantes del crecimiento en los que Uruguay está haciendo “buena letra”, mencionó la estabilidad política y económica.
En tanto, los principales desafíos son: un Estado ineficiente, la inserción internacional deficitaria y relaciones laborales complejas, que distan de ser modernas.
En educación, se está en el camino de una reforma profunda. Y en materia de inversión e inserción internacional, Benavente consideró que no se han logrado los objetivos, a pesar de los esfuerzos de esta administración, en especial del canciller Omar Paganini.
Propuso que, ante la dificultad de avanzar en tratados de libre comercio (TLCs), se debería trabajar más en bajar aranceles en acuerdos puntuales y desburocratizar procesos que aumentar la competitividad, entre otras medidas.
En esa línea, destacó al Acuerdo de Asociación Transpacífico (Cpttp, por su sigla en inglés) y su importancia para Uruguay. “Aun así, se demoraron muchos días en enviar la carta de adhesión a ese tratado”, comentó, ejemplificando cómo las burocracias y la lentitud juega en contra de los intereses nacionales.
“Acá la mentalidad es tranquila, suavemente ondulada”, dijo haciendo un paralelismo con las características de la geografía nacional.
Con la tónica de instar a acelerar cambios, hizo especial referencia también a los sindicatos. “Se preserva al que trabaja y no al trabajo en sí”, criticó. Propuso, entonces, modernizar las relaciones con los sindicatos, así como revisar los convenios por productividad y descuelgues de los convenios salariales.
A su entender, el Estado “paternalista” —que más bien “maternalista”, dijo, debido a la profundidad de esta concepción— “asfixia” a la iniciativa privada, e invitó a evitar a los grupos que “trancan”.
“El Teatro Solís, la Bolsa de Comercio, el Hotel Nacional, el barrio Reus, todos esas edificaciones se construyeron por iniciativa privada”, destacó al repasar la historia de Uruguay, con su hitos cuando “era primer mundo”, según sus palabras. “¿Qué nos pasó?”, agregó antes de desarrollar sus propuestas, ya mencionadas.
Benavente acotó que el hecho de que no prosperara el plebiscito que iba en contra de la reforma de la seguridad social es una buena noticia, aunque algunos sectores aún están hablando de que debería existir solamente la AFAP pública. En tal sentido, apuntó que las AFAP privadas son importantes para que actúen de contrapeso y para que se cuiden más los recursos en el sistema.
Cámaras empresariales
O’Neill pasó lista a una cantidad de temas en la agenda de políticas públicas 2025-2030, destacando sobre todo la propuesta de aliviar el peso del Estado y promover la participación del sector privado.
Habló de apuntar más a un “Estado moderno y eficiente para potenciar la competitividad”, mejorar el déficit fiscal y otros indicadores.
Reiteró en varias ocasiones la necesidad de bajar el gasto público a través de la reducción de la cantidad de funcionarios públicos, lo que se podría hacer de a poco, con retiros incentivados y no reposición de vacantes.
Los censos de 2011 y 2023 arrojaron que la población está estancada, pero en ese lapso de 12 años, el número de funcionarios públicos aumentó casi 15%, con más de 38.000 nuevos cargos. “Se debe corregir el incremento permanente del gasto por su incidencia en el déficit fiscal”, destacó.
“El atraso cambiario lo pagó el sector productivo”, lanzó en determinado momento.
También habló en contra de la Unidad de negocios de cemento y pórtland de Ancap, por sostener una actividad a la que tildó “sin sentido”, por no ser productiva. Algo similar opinó sobre el subsidio del gas licuado, aunque en este caso propuso revisarlo.
En relación al fideicomiso del boleto de ómnibus, afirmó que se debería recurrir a fuentes de financiamiento alternativo para reducir el precio del gasoil.
Mencionó el “bloqueo sindical” que actúa en contra de las reformas estructurales que se deben emprender, pero también reconoció que la gestión del cambio “no fue la mejor” —dijo— en esta administración.
Propuso que la negociación colectiva contemple la heterogeneidad empresarial, instrumentar cláusulas de descuelgue automático y ordenar la secuencia de las negociaciones, comenzando por las transables.
En materia educativa, consideró que las empresas sean lugares de aprendizaje y desarrolladoras del talento, además de promover la formación dual (teórico-práctica). Esto ante los datos oficiales que muestran que 300.000 jóvenes uruguayos no completan la educación superior y 200.000 no finalizan la educación media.
Retomando las ideas de Benavente sobre duplicar el crecimiento potencial, fundamentalmente con una mayor apertura al mundo, O’Neill sopesó la importancia de incrementar la productividad local, además de que exista un mejor acceso al financiamiento.
Un punto algo polémico en el evento fue la propuesta de creación de una “Agencia de infraestructura”, dado que podría aumentar el ya sobredimensionado volumen del Estado, pero Benavente aclaró que no sería un organismo nuevo sino un área funcional.
Finalmente, sobre el Mercosur, el empresario recordó que muchas empresas uruguayas tienen a ese mercado como único destino de exportación. Por otro lado, en 2022, se pagaron por exportaciones aranceles por US$ 500 millones. Es por ello que propuso dar una discusión más amplia para llegar a un consenso sobre la estrategia de inserción en este bloque y fuera de él.