Entrevista
Entrevista con la directora general de Rentas (el cargo máximo en la Dirección General Impositiva), Margarita Faral.
Está a cargo de la principal caja del Estado, la Dirección General Impositiva (DGI). Pero, a diferencia de sus antecesores, la directora general de Rentas, Margarita Faral prefiere mantener un perfil “muy bajo”, que cultiva desde que ingresó al organismo en 1982 cuando era estudiante para ser contadora.
"El compromiso que tengo con la DGI desde hace muchísimos años. Estuve cerca de los directores en los últimos 35 años, desde 2005 estoy en la dirección general. De alguna manera el trabajo de los directores era conocido para mi. Asumir como directora general de Rentas fue un desafío ya pensando en lo que va que ser el cierre de mi carrera. También es poder llevar adelante cosas que durante todos estos años hubiera querido hacer, mi papel siempre fue asesorar a directores, entonces es una oportunidad de llevar a cabo muchas ideas que tenía y era el momento de hacerlas realidad", afirmó Faral.
"Toda mi vida tuve un perfil muy bajo en la organización, de ninguna manera mi papel va a ser de figuración a nivel público. Estoy acá no por una aspiración política o de otra índole, si no por trabajar en una organización a la que le tengo mucho cariño. La presencia se marca no solamente con una figura pública", agregó sobre el rol que desempeña.
¿A dónde piensa llevar a la DGI? ¿Cómo va a utilizar los datos? ¿Qué va a pasar con los evasores? Sobre esto y más Faral habló en entrevista con El País, la primera que da desde que asumió en marzo pasado.
-Una de las líneas del plan estratégico de la DGI es la de facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, ¿cómo se va a llevar adelante?
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-Estamos atravesando una situación muy particular como país. En este escenario de emergencia sanitaria lo que hemos intentado es priorizar que la gente pueda hacer sus trámites sin tener que venir, ofrecerles un canal que no sea presencial. Cuando saltó la pandemia, en 10 días tuvimos a disposición de los contribuyentes a través de servicios en línea y aplicaciones que logramos implementar, además de correo electrónico, una forma de que puedan hacer todos sus trámites desde su casa o su empresa para cuidar a la gente y cuidar a los funcionarios también. Otro aspecto es reducir los costos de cumplimiento, como evitar trámites innecesarios. Estamos en ese proceso de revisión de todos los trámites.
-La cantidad de días que requiere un trámite y la cantidad de trámites en el año es algo que suele estar en índices de competitividad o clima de negocios. Se ha venido reduciendo ya.
-Hubo un análisis de costo de cumplimiento ya hace unos años, como una forma de medir. En el 2016, o 2017 era tal, pero como va cambiando la tecnología y todo esto es muy rápido, el proceso de adaptación también. Tenemos que encarar una solución. En un momento los costos de cumplimiento pueden hacer que el índice de bajo o alto, pero como va cambiando hay que ir adaptándose. Este año a raíz de todo el tema sanitario intentamos tener contacto más diversificado con todos los contribuyentes. El plan estratégico nos establece los objetivos hacia mediano plazo, que es importante porque nos da un rumbo, si no uno se dispersa, más en situaciones críticas donde tenés que apagar incendios. Este año estamos tratando de priorizar la implementación de nuevas herramientas de comunicación. Desde hace años tenemos ya un call center que atiende todo tipo de interrogantes, desde dónde puedo pagar un impuesto hasta tengo una duda de la liquidación del impuesto por la deducción de las pérdidas del ejercicio anterior. Compramos tecnología y estamos implementando tecnología similar a la que hay a nivel privado para mejorar el servicio de respuesta y una interacción con el contribuyente más como cuando uno llama a un banco y pide un trámite de gestión bancaria. Por ejemplo uno llama a un banco y quiere hacer una transacción y puede terminar haciéndola y es a dónde vamos. No va a ser en todos los trámites y estamos garantizando que en ese proceso haya todos los requerimientos de seguridad.
-Eso tiene que ver con el segundo eje del plan estratégico que apunta a mayor agilidad, eficiencia y seguridad en las operaciones de DGI. ¿Hay algo más en esa línea?
-Está todo lo que tiene que ver con las herramientas de planificación que comentaba, tiene que ver con capacitación, el plan de continuidad del negocio. Esto último fue un elemento que me tocó liderar antes de ser directora, que es cómo trabajar en contingencia, que a nivel de administración central no conozco otro organismo que lo tenga, probablemente alguna empresa pública lo tenga. Trabajamos con el “hipotético caso que haya un terremoto o una gripe masiva como la porcina” y eso nos ayudó a que cuando tuvimos que hacer frente al desafío de mantener la oficina en funcionamiento, ya teníamos identificados todos los procesos críticos. Y de alguna manera las personas que trabajan en determinadas áreas tenían claro qué era lo que tenía que hacer y que eran ellos los elegidos. Cuando ocurrió la pandemia, en 10 días la DGI activó su plan de trabajo en contingencia, que implica formar equipos y tener líderes en diferentes roles. Todos los procesos vinculados a la recaudación son procesos críticos y le agregamos algunos como ser la factura electrónica. Lo habíamos bajado al plan, pero cuando vino la ola (de contagios) tuvimos que activarlo y estamos en contingencia en este momento. Tenemos un 23% de funcionarios presencial y el resto está en teletrabajo. Por lo crítico de esta situación, estamos a puertas cerradas. A ningún local, salvo excepciones, está entrando gente de fuera de la DGI. Hemos tratado en este proceso de cuidar a los funcionarios.
"Entré a la DGI siendo estudiante, en un cargo de estudiante, me recibí de contadora, pasé a un cargo profesional, me casé, tuve hijos —que ahora son universitarios—, y siempre trabajé acá”, resume Margarita Faral. En 1982 ingresó como asesora al organismo, desde 1985 y hasta febrero de 2020 fue secretaria general de DGI (desde 2005 está en la dirección general además). En marzo de 2020 fue designada como directora general de Rentas.
-Otro de los puntos del plan estratégico de la DGI es potenciar la gestión de riesgo cumplimiento, ¿qué piensa hacer?
-El enfoque tiene que ver con una planificación específica para el control del cumplimiento voluntario y también vinculado con el compromiso de gestión con el Ministerio de Economía y Finanzas, que suscribimos todos los años y nos comprometemos a cosas concretas. Hay metas institucionales y otras por productos específicos. Entre las institucionales está asegurar la recaudación y disminuir lo que se llaman las brechas de incumplimiento. Esto tiene que ver con reducir la cantidad de contribuyentes que no presenta declaración jurada y reducir la cantidad de omisos de pago. El plan comprende otros aspectos, como ser, podés tener incumplimientos de no presentar una declaración o no pagar, eso se enmarca en las actuaciones de gestión de cumplimiento. Pero, también tenemos que evitar que haya maniobras delictivas para evitar el pago y eso se enmarca en actuaciones de control, inspectivas, que tienen un espectro amplio en cuanto al alcance: intensivas y extensivas, estas últimas con menos detalle pero abarcan a más cantidad de contribuyentes. El año pasado, a pesar de la situación de pandemia y considerando que el proceso de actuaciones inspectivas no calza dentro de los procesos críticos –porque lo crítico es cobrar, no inspeccionar–, igual hicimos inspecciones. Esas actuaciones inspectivas el año pasado a nivel de intensivas se mantuvo casi el nivel de años anteriores y en la parte de extensivas hubo alguna menos. Lo que no hicimos fue los operativos de verano. Este verano estábamos en una situación de alto riesgo, no podíamos ni mandar a los inspectores a hacer puerta a puerta, ni tampoco someter a los contribuyentes a la intromisión de personas externas a los locales porque hay un protocolo sanitario. Pero, eso no quita que desde oficina hicimos controles para detectar incumplimientos.
-En los últimos años, la DGI ha enviado una carta a los contribuyentes diciéndole: “mire que en este sector la evasión del IVA es tanto, si incumple tiene tales multas y recargos, etc.” Fue un piloto, pero ¿piensan extenderlo?
-En este momento, llevar una carta, no es algo que le demos prioridad. Hemos priorizado sí otras formas de comunicación. Hemos enviado mensajes de texto y una de las prioridades para este año es ampliar nuestra base de contactos, porque de muchos contribuyentes uno no tiene un número de teléfono. Hemos mandado a personas físicas infinidad de avisos por mensaje de texto. Al que presentó una declaración jurada y no pagó el impuesto, le estamos avisando. También le mandamos mensajes a través de la bandeja de comunicaciones de los servicios en línea si falta algún pago. Es una manera de llegar antes que la carta. Cuanto antes podamos llegar, mejor.
-También han utilizado análisis de datos para saber que en cual rubro o zona la evasión es mayor, ¿se va a profundizar en ello?
-Tenemos una matriz de riesgos donde se detectan situaciones potenciales de incumplimiento y eso es de alguna manera lo que alimenta nuestro plan de control tributario. También tenemos lo que llamamos actuaciones de escritorio donde en estos tiempos fue un desafío reformular el trabajo de los inspectores. La mayoría de ellos está en teletrabajo y desde ahí hace actuaciones y actividades de control. Superada esta etapa crítica, se va a encarar el retorno paulatino a oficinas. Lo que aprendimos con la pandemia es que esto es día a día. Tenemos un plan estratégico, tenemos dónde ir, pero también tenemos un plan de actividades donde priorizamos 29 proyectos para este año.
-El plan estratégico marca también el uso avanzado de datos y analítica. Esto ya lo venía haciendo la DGI, ¿qué etapa se va encarar ahora?
-Acabamos de hacer una renovación de los servidores centrales, con una inversión de casi US$ 1 millón. Y a su vez, el almacenamiento en disco que son otros US$ 600.000. La DGI invierte en “fierros” y eso nos permite procesar la información que tenemos, desarrollando estrategias como inteligencia artificial y asegurando la seguridad de la información. Estamos sujetos a auditorías internas, que es una de las que tenemos. Entonces, tenemos que seguir en línea con los avances tecnológicos, pero a la vez ofrecer garantías para que no haya nadie de la DGI ni de otro lugar que pueda ingresar al sistema por curiosidad, ya ni siquiera por maldad.
-Y en cuanto a avanzar en el uso de esos datos, ¿qué más se puede esperar?
-En factura electrónica en la DGI ingresaron más de 6.580 millones de documentos desde que se implementó. Solamente el año pasado, ingresaron casi 1.200 millones de comprobantes fiscales electrónicos, un crecimiento de casi 200 millones. La factura electrónica comenzó como un proyecto piloto en 2012 y a lo largo de este tiempo lo hemos impulsado porque es una herramienta potente para la administración tributaria. Prácticamente todos los grandes contribuyentes están subidos al sistema de facturación electrónica. Es importante porque es información cierta de la actividad económica y de los sectores. En todo este proceso hay proveedores de servicios de facturación electrónica, que son aliados nuestros. En la ley de urgente consideración hay una norma que otorga determinados beneficios fiscales a las pequeñas empresas, da opción de tributar la cifra menor de: un 3,3% de las ventas o el IVA mínimo, si están subidas a la factura electrónica. A través de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información logramos que se les ofreciera asesoramiento y con un costo muy reducido hay determinados proveedores que les ofrecen ese servicio. Además, las otras empresas que les compran servicios a las pequeñas empresas, pueden deducir el gasto del IRAE, si estas tienen factura electrónica. En lo que va del año, se subieron a factura electrónica 4.000 contribuyentes y de ellos unos 1.300 son Literal E (pequeñas empresas).
-En el imaginario popular está como que la DGI es un “Gran hermano” que tiene muchísima información de los contribuyentes.
-Sin duda que es un mito. Primero porque hay 966 millones de e-tickets que se emitieron el año pasado que nunca llegaron a DGI, porque las transacciones inferiores a 10.000 Unidades Indexadas ($ 49.212 a hoy) no llegan a DGI, quedan en los servidores de las empresas. El “Gran hermano” es un mito, porque si voy a un comercio y compro un artículo, la DGI no sabe lo que yo compré. Sí cuando son transacciones entre comercios, pero es lo que teníamos antes si íbamos a la empresa. De repente esta cifra de 10.000 UI en algún momento puede cambiar, pero es un mito.
-Entonces, ¿hacia dónde va la DGI?
-Nuestra visión de la organización es poder facilitarles a los contribuyentes el pago y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Tenemos que focalizar todo nuestro trabajo en ellos, en los contribuyentes que quieren pagar sus impuestos, reducir el costo de cumplimiento, facilitarles la tarea, sin olvidarnos que tenemos que asegurar la recaudación del Estado. Esto no quiere decir que no apliquemos con rigor la norma y tratemos de detectar los casos de incumplimiento y llevar a cabo inspecciones. Uno de nuestros principales objetivos es detectar el incumplimiento en su etapa primitiva y no esperar a ir a una empresa para detectarlo. Recordarle al contribuyente primero que debió pagar el impuesto y no esperar a que vaya un inspector a hacerlo. Es de justicia por el que paga, que el que no paga sea castigado y vamos a aplicar el rigor máximo que corresponda a los incumplidores. Vamos a hacer lo imposible para encontrarlos y aplicar el rigor máximo. Pero a su vez, y me parece importante, lo que queremos enfatizar es que tenemos que facilitarle la tarea al que quiere pagar. Estamos con una DGI muy sólida que es referente en el ámbito internacional y que me llena de orgullo trabajar en ella.