MACROECONOMÍA

Apenas dos meses después del acuerdo alcanzado entre Argentinay el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda contraída en 2018, las probabilidades de que el gobierno de Alberto Fernández incumpla con algunas de las metas establecidas son cada vez mayores. Los objetivos fijados en términos de reducción del déficit fiscal y acumulación de reservas en el Banco Central lucen cada vez más difíciles de ser alcanzados a partir del segundo trimestre.

“Con corset y algo de contabilidad creativa, las metas más relevantes del primer trimestre se cumplieron. El gran desafío es hacia adelante, sobre todo en el resultado fiscal. Las cuentas públicas se están viendo presionadas por el incremento de los subsidios económicos a raíz del aumento del precio internacional del gas que Argentina importa y por la exigencia de un sector de la coalición de gobierno para incrementar el gasto social en respuesta al aumento de la inflación”, dijo a El País la economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores, en Buenos Aires.

El acuerdo estableció que el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) debe caer del equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) registrado en 2021 al 2,5% este año. Atento a ese objetivo, se fijaron metas trimestrales. En el período enero-marzo el gobierno argentino logró cumplir la meta, pero los desafíos crecen en el segundo trimestre. Para intentar compensar el salto de la inflación al 6,7% en marzo, el gobierno lanzó a mediados de abril el pago de un bono a trabajadores informales, monotributistas de las categorías inferiores, personal de servicio doméstico y jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos. El costo fiscal de esas medidas se estima en 260.000 millones de pesos, el equivalente al 0,4% del PIB.

A ese mayor gasto se suman las crecientes dificultades para recortar las partidas de los subsidios a la energía. Según la consultora Equilibra, ante la suba de los precios internacionales provocada por la invasión rusa a Ucrania, los costos en pesos de la generación de electricidad y gas se duplicarían, por lo que el aumento de tarifas planteado por el gobierno no sería suficiente para alcanzar el recorte de los subsidios previsto en el acuerdo equivalente al 0,6% del PIB.

“Estimamos un déficit fiscal para todo el año del 2,8% del PIB, por encima de la meta. No vemos dinamismo por el lado de los ingresos y del lado del gasto, lo más factible es que los subsidios económicos crezcan en lugar de bajar. De todos modos, dado que el acuerdo con el FMI fue pensado y diagramado en un contexto geopolítico muy distinto al de hoy, lo más factible es que, a pesar de que se incumpla la meta de déficit fiscal, el organismo otorgue un waiver (perdón)”, dijo a El País Lorena Giorgio, economista jefe de la consultora Equilibra, en Buenos Aires.

También parece alejarse la meta de acumulación de US$ 5.800 millones adicionales para las reservas del Banco Central a lo largo del año, un objetivo priorizado por el FMI en las negociaciones.

Aún con una liquidación record de U$S 7.926 millones por parte del complejo oleaginoso-cerealero durante el primer trimestre del año, el Banco Central solo logró obtener un saldo favorable de unos U$S 165 millones de sus intervenciones en el mercado de oficial de cambios a lo largo del año.

La apuesta del gobierno es que el Banco Central logre revertir esa dinámica e incremente con fuerza las compras de dólares en el segundo trimestre, período en que ocurre la temporada alta de liquidación de la soja.

No obstante, a partir de mayo, con la llegada de los primeros fríos, también se prevé una abrupta alza de las importaciones de energía, sobre todo del gas. A eso se suma que, superadas las restricciones a la movilidad impuestas durante la pandemia, este año volverá la demanda de dólares de los argentinos que viajan al exterior.

Frente a ese panorama, el Central viene acelerando el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial como incentivo para que los exportadores aceleren la liquidación de divisas. Sin embargo, la depreciación en torno al 4% registrada en abril aún sigue corriendo por debajo del índice de inflación que volvió a superar el 5% en ese mes.

En ese contexto, el objetivo de alcanzar al cierre de junio un stock de reservas netas de U$S 6.100 millones, unos U$S 2.300 millones más que el actual, parece cada vez más difícil de cumplir.

“Hasta ahora el gobierno ha privilegiado seguir entregando divisas a los importadores para no frenar la actividad económica, pero habrá que ver si el FMI permite que el Banco Central continúe acumulando menos reservas que las fijadas en las metas. Si nos guiamos por lo que dijeron funcionarios del FMI en los últimos días en torno a que las metas no se cambiarán, el gobierno no tendrá otras alternativas para acumular reservas que cerrar el grifo a las importaciones o devaluar”, dijo Giorgio.

La primera de las revisiones trimestrales entre el staff técnico del FMI y funcionarios argentinos ocurrirá en mayo. Todo indica que de esas reuniones no surgirán mayores contrapuntos por los resultados del período enero-marzo, pero sí habrá discusiones en torno a cómo serán abordados los desvíos que comenzaron a asomar en el segundo trimestre. De hecho, el martes pasado el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Ilan Goldfajn, uno de los miembros del organismo que encabezó la negociación técnica del acuerdo, descartó que haya posibilidades de rediseñar los objetivos macroeconómicos del programa. “Buscamos priorizar medidas para asegurar que los objetivos del programa sean alcanzados. (Las metas) no van a cambiar, vamos a dar apoyo (al gobierno) para cumplir los objetivos”, dijo. En ese marco, el gobierno deberá seguir transitando por un camino cada vez más estrecho conformado por las demandas cruzadas entre las metas que exige el FMI, los reclamos crecientes del kirchnerismo duro para darle un giro a la política económica y el deterioro social que provocan niveles de inflación en torno al 60% anual.