Por Fabiana Culshaw
El director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz dijo que le preocupa la matriz eléctrica nacional, porque resulta cara e inestable, y ahora sufre el impacto de la sequía.

Péez Boz advierte que está tomando fuerza el lobby de las empresas privadas para eliminar la obligatoridad de brindar potencia firme (es decir, 24 horas, todos los días), pero de lograrse, esto perjudicaría a UTE que sí mantendría la obligación de ofrecer este tipo de potencia.

“El planteo genera una competencia desleal con UTE. Y si se implementa, las familias uruguayas son las que van a perder porque los costos de UTE se cargan a las tarifas”, dijo Pées Boz.

Lo cierto es que el lobby empresarial del sector -con el apoyo de algunas oficinas públicas- propone eliminar la exigencia actual, y sustituirla por una que mide el aporte que cada uno de los players realiza al sistema eléctrico. “Si se quita la exigencia a los productores privados de que tienen que proveer potencia firme y aparecen reglamentos que los liberan de ese compromiso, el negocio privado se vuelve más rentable, pero en detrimento de UTE y de la población”, reafirmó.

UTE realizó sus observaciones al proyecto que plantea dicha reforma en el semestre pasado, pero el tema sigue en el tapete, mientras UTE insiste en la competencia desleal que se podría desencadenar en su contra.

Según Pées Boz, autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, consideran que el desarrollo de la producción de hidrógeno verde en el país podrá compensar el diferencial económico. Pero, el director tiene sus dudas, en gran parte porque ese desarrollo llevará tiempo, o “se confía en cosas, cuando en firme aún no hay nada”.

“Cada vez nos parecemos más al caso de Gas Sayago, que no atendía realmente las necesidades locales, sino que miraba a la demanda de Argentina”, comparó, calificando además a Gas Sayago como “millonario despilfarro”.

En cuanto a la energía estable, cabe agregar que la energía térmica sí la logra, así como la energía nuclear, aunque en Uruguay no existe esta última, básicamente porque se la considera riesgosa y por el gran tamaño de sus reactores y otros componentes.

“No digo necesariamente que la energía nuclear sea la solución para tener una energía estable, pero por lo menos hay que pensarlo. En los últimos años, hubo mucha evolución y los tamaños de los reactores son más chicos, más a escala de Uruguay”, observó Pées Boz, quien insistió en que cambiar el decreto para liberar la obligatoriedad de proveer potencia firme por parte de las empresas privadas “así como así”, como estas proponen por el cambio de precios, “haría inviable a UTE”.

Los recursos disponibles son mayormente inestables en el país, por lo que situaciones como la presente (una sequía que afecta al sistema eléctrico y su capacidad de respuesta), restringirán la disponibilidad de producción, requiriéndose de componentes más caros, no dependientes de lluvias, vientos o el sol. El problema, a esta altura, es cíclico y empeora, advierte Pées Boz.

La primera y segunda generación del cambio de matriz energética (que se ha desarrollado en el país por unos 15 años), ha cargado sobre el consumidor los costos del plan de contar con energía limpia, sostiene Pées Boz. “Se ha concretado a través de las tarifas más caras de la región y con una probada inestabilidad de los componentes integrados a la producción”, explicó.

Con “inestabilidad” se refiere a que la energía natural -por ejemplo, la solar o eólica- no está disponible 24/7, por lo que tiene sus limitaciones. Incluso la hidráulica es semiestable, dado que depende de los ciclos de lluvia; en los últimos días especialmente afectada.

En la primera década del siglo XXI, Uruguay presentaba una matriz eléctrica con apenas 4% de participación privada.

Desde el decreto 77/006 del 13 de marzo de 2006 y sus modificaciones, la presencia de productores privados con fuentes inestables se ha incrementado notablemente. Según cálculos de Pées Boz, los privados facturarán US$ 580 millones en 2023, incluyendo la incorporación de UPM2, representando más del 50% de la producción total volcada al sistema Eléctrico Integrado Nacional.

El decreto 77/006 encomienda a UTE la celebración de “contratos especiales de compraventa de energía eléctrica con proveedores a instalarse en el territorio nacional y que produzcan dicha energía a partir de fuente eólica, biomasa o de pequeñas centrales hidráulicas”.

Posteriormente se incorporó la energía fotovoltaica (en 2013). Así nació el marco legal para los contratos PPA (Power Purchase Agreement, o contratos de compraventa de energía a largo plazo entre desarrolladores renovables y consumidores), firmados entre 2010 y 2018.

“Lo grave para el bienestar social y para la competitividad empresarial es que se determina que dichos costos -a saber, lo que se paga por sobrecostos de los contratos PPA firmados por encima de lo que el mercado establece- se incluyen en el cálculo de las tarifas de UTE. Por eso, Uruguay tiene las tarifas más caras de la región: la obligación de UTE a pagar durante 30 años US$ 124 por un producto fotovoltaico que 15 años después se produce a solo US$ 30”, explicó.

Asimismo, entre 2012 y 2015 se contrató la producción eólica privada por 20 años a más de US$ 90 el megavatio, que hoy no supera los US$ 40.

“Las diferencias entre lo firmado por la dirección de UTE de entonces y los valores hoy vigentes, es el resultado de la aplicación de los costos de promoción de energías renovables”, dijo Pées Boz.

“En síntesis, se ha incrementado la producción privada bajo el régimen de contratos PPA, los que son claramente inestables y no aportantes a una potencia firme que se requiere”, concluyó.