Redacción El País
Un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) reconoció a los generadores privados de energías renovables no convencionales (como la eólica, fotovoltaica y biomasa) la capacidad de suministrar potencia firme de largo plazo, informó El País el sábado.

El reconocimiento de esa potencia es un aspecto clave para fomentar el mercado de contratos mayoristas de energía entre privados y por ese motivo era uno de los principales reclamos del sector empresarial. Esto, porque para que un contrato pueda registrarse en el mercado eléctrico uruguayo, tiene que tener un porcentaje de esa potencia reconocida como firme. Es decir, debía tener un respaldo que asegure que la energía siempre va a estar disponible.

Hasta ahora, un privado generando energía eléctrica con eólica, biomasa o fotovoltaica que quería vender esa energía a otro privado, tenía que contratar con un porcentaje de respaldo de UTE.

Para el director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pees Boz este es un “decreto privatizador”, según comentarios que compartió con sus contactos de Whatsapp en los que incluye la noticia de El País.

La directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona dijo a MVD Noticias (de TV Ciudad) que se está “flexibilizando al máximo la entrada de privados a la generación de energía”.

Ambos directores coincidieron en que esto implica competencia desleal para UTE, ya que el ente hace 10 años firmó contratos para comprar energía eólica y fotovoltaica por 20 años a US$ 95 y US$ 135 (respectivamente) el megavatio y ahora esos privados “podrán producir esa energía a US$ 30”, afirmó Pees Boz. Cardona dijo que “se está beneficiando un mercado porque bajó el precio promedio porque la UTE hizo una inversión pública”.

La jerarca dijo que aún si estuviera de acuerdo con esta posibilidad que habilitó el gobierno, “por lo menos pongan un costo de transición como en cualquier regla de juego que se cambia”.

Según Pees Boz “con este decreto UTE podrá perder hasta US$ 280 millones anuales, que corresponde a la facturación actual de los 470 grandes clientes a los cuales se le facilita la salida” hacia un privado. “La consecuencia directa: un potencial aumento de tarifas, compensatorio de los menores ingreso de UTE, de 10% real”, agregó.

El director se preguntó si los técnicos del MIEM habrán evaluado con el Ministerio de Economía y Finanzas el efecto fiscal “de su insistente vocación privatizadora”.

Cardona apuntó a que “el decreto dice que puede revisar contratos anteriores. Para UTE esto es muy grave (...) lo que están haciendo es dejar de defender a UTE”. Planteó que si el ente no recurre el decreto, ella lo hará.