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Redacción El País
La semana pasada, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión de Uruguay por artículo IV. Esta revisión consistió en una misión técnica del organismo que estuvo en Uruguay entre el pasado 6 y 17 de marzo, para evaluar in situ la situación económica. El artículo IV, del organismo, establece que cada país miembro del organismo debe tener este tipo de visitas una vez al año, tenga o no programa con el mismo.

Ahora, el FMI liberó el documento de la misión técnica que analizó el directorio y que da detalles sobre el diálogo entre el organismo y las autoridades.

Entre otros aspectos, los técnicos del organismo recomendaron un ajuste fiscal para reducir el peso de la deuda, sugirieron para ello racionalizar gastos (mediante menos empleos públicos), cuestionaron que las tarifas públicas no sean fijadas por reguladores independientes y elogiaron la implementación de políticas macro y que el gobierno dejó de intervenir en el mercado de cambios (ver aparte).

El documento destacó el “sólido historial de las autoridades en la implementación de políticas macroeconómicas acertadas en un entorno desafiante” que “ha mejorado la resiliencia del país ante los shocks”.

“Uruguay ha mantenido un acceso al mercado favorable y disfruta de diferenciales (de tasas) históricamente bajos a pesar de la sucesión de shocks desfavorables. Los avances logrados desde 2020 en el marco fiscal, incluido un sólido historial de cumplimiento de los objetivos de la regla fiscal y la creación del Consejo Fiscal, fortalecieron la credibilidad del compromiso de las autoridades con la prudencia fiscal. Las mejoras en el marco de la política monetaria deberían mejorar los canales de transmisión de la política monetaria, al tiempo que ayudan a reducir la dolarización con el tiempo”, añadió.

A su vez, los técnicos del FMI recordaron que “desde septiembre de 2022, el país sufre la sequía más severa en 40 años. La precipitación promedio en el verano de 2022-2023 fue aproximadamente un 64% más baja que el promedio histórico”. Este es un riesgo clave según el organismo, ya que todavía no se sabe cuándo se disipará.

La misión del FMI aconsejó al gobierno que “después de que el efecto de la sequía disminuya, se necesitarán esfuerzos fiscales adicionales para poner la deuda en un firme camino descendente y reconstruir el espacio para políticas”.

“Los esfuerzos exitosos de las autoridades para reducir la deuda después de la pandemia en medio de condiciones externas difíciles son encomiables, pero la relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra en niveles históricamente altos”, añadió.

El Fondo estimó que llevar “la deuda del sector público no financiero a un rango entre el 50% y el 55% del PIB en el mediano plazo proporcionaría amortiguadores lo suficientemente grandes como para responder a los shocks”.

Para ello, calculó que un superávit primario (antes del pago de deuda) constante de 0,6% del PIB permitiría alcanzar una relación deuda/PIB del 55% para 2032, mientras que un superávit primario de 1,1% del PIB permitiría alcanzar una relación deuda/PIB del 50%. Actualmente hay un déficit primario de 1,4% del PIB, por lo que se requería un ajuste fiscal de al menos 2% del PIB (unos US$ 1.200 millones), para llegar al mínimo que sugiere el FMI.

¿Cómo podría entonces el gobierno lograr esto? Según los técnicos del Fondo “las tasas impositivas relativamente altas y las altas rigideces del gasto limitan las opciones disponibles para la consolidación. Como resultado, sería necesaria una combinación de medidas para generar los ahorros necesarios para reducir la relación deuda/PIB a un nivel más bajo en el mediano plazo”.

Por eso, el organismo aconsejó “algunas políticas que podrían considerarse” como la “racionalización de los gastos fiscales, una reducción de la masa salarial a través del deterioro del empleo público, una mejor focalización de los subsidios (en particular, el del supergás) y el aumento de la eficiencia de las empresas estatales”.

Además, recordó que “Uruguay ya avanza con el IVA personalizado para los beneficiarios de los planes sociales”, por lo que “continuar con estos esfuerzos ayudaría a reducir la regresividad del IVA y aumentar los ingresos”.

Por último, “las iniciativas recientes para reducir el ausentismo de los empleados públicos y mejorar la eficiencia del seguro de invalidez podrían permitir una mejor asignación de recursos”, aconsejó.

Para el FMI hay algo que no se puede recortar: inversiones y gasto social. “Deben preservarse los gastos de capital y los programas sociales, que en gran medida están bien focalizados”, afirmó el organismo.

En el diálogo con los técnicos del Fondo, las autoridades uruguayas señalaron (según el documento) que “si bien están de acuerdo en la necesidad de continuar evaluando objetivos alternativos de deuda a PIB a mediano plazo, su enfoque actual es construir un sólido historial de cumplimiento con los objetivos de la regla actual, que consideran ambiciosos, y mantener su objetivo de mantener estable la relación deuda/PIB”.

El Fondo también enfatizó en las empresas estatales. Al respecto, señaló que “deben administrarse profesionalmente, sus tarifas deben reflejar los costos y ser establecidas por reguladores independientes (una crítica a lo que sucede con la electricidad, los combustibles y la telefonía, donde es el gobierno quien las fija), y el costo de los programas sociales debe financiarse de manera transparente con el presupuesto (en lugar de la práctica actual de utilizar subsidios cruzados)”.

Al respecto, las autoridades uruguayas “destacaron sus esfuerzos para profesionalizar y mejorar el desempeño de las empresas estatales mediante la presentación transparente de sus estados financieros, la mejora de la gestión de riesgos y la reducción de las ineficiencias. Señalaron una fuerte mejora de la política derivada de la nueva fijación de precios de los combustibles por parte del Ejecutivo desde 2021, con base en informes basados en costos no vinculantes del regulador de energía independiente, Ursea”

Sin embargo, el FMI pide que las tarifas las fije el regulador independiente directamente.