Los productos falsificados en tránsito por Uruguay han aumentado, lo que sumado a que las copias que se realizan son cada vez más sofisticadas, hacen que el combate de este flagelo sea más difícil.

Virginia Cervieri, presidenta de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando (Calpyc) y socia del despacho Cervieri Monsuárez dijo a El País que el incremento del ingreso de productos falsificados a Uruguay fue del 50% aproximadamente en los últimos tres años. Desde la pandemia del covid-19, cuando se dio un auge de las compras online, se disparó también este flagelo, dado que alza del consumo y falsificación van de la mano.

Las autoridades uruguayas incautaron más de medio millón de productos falsificados en 2022, de los cuales 50% corresponden a textiles y accesorios (ropa, carteras y zapatos) provenientes principalmente de China y Argentina; 20% juguetes de plástico, todos de China; 10% electrónica (incluye baterías, enchufes, accesorios para teléfonos, cobertores, joysticks para juegos); 5% artículos de salud y belleza (perfumes, cosméticos, shampú, desodorantes, esmaltes de uñas); y el resto de rubros variados, según detalló la abogada especialista en propiedad intelectual.

Últimamente ingresan más textiles (ropa) de Argentina, donde –probablemente empujada por la crisis económica- han surgido más talleres clandestinos dedicados a la producción de artículos falsificados, no solo para la región sino para su mercado interno, a esta altura muy consolidado.

Se suele afirmar que Uruguay no es atractivo para la comercialización de este tipo de mercancía, ya que su mercado interno es pequeño, pero sí lo es como tránsito por donde pasan grandes cantidades que van principalmente a Paraguay, Brasil y Argentina. Sin embargo, esto no es tan así.

Agustina Fernández, presidenta de la Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (Audapi) y abogada de Fernández Secco & Asociados, dijo a El País que sí existe un claro mercado de falsificados en Uruguay, por ejemplo de camisetas de fútbol, relojes y componentes electrónicos, etcétera.

“No es un problema endémico de Uruguay, pero no solo somos de tránsito”, reafirmó.

Las falsificaciones han cambiado. “Antes se falsificaba mucho todo el producto de la marca, ahora vemos más modificaciones de partes, o por ejemplo de los logos, esto refiere a los derechos de autor”, señaló Cervieri.

La abogada explicó que este cambio es fundamental, dado que el tema, desde el punto de vista jurídico, pasa así del régimen marcario al de derecho de autor.

Es decir, la piratería se combate con el registro de las marcas, pero para ejercer el derecho de autor no es obligatorio el registro, lo que hace más complejo el tema de la fiscalización. En el caso de la apariencia de los productos (que tiene que ver con los diseños), también se hace cada vez más difícil comprobar las diferencias con los originales.

Las tecnologías que se utilizan para producir mercancía falsificada son más sofisticadas, más rápidas y exactas, lo que agrega estrés a las fiscalizaciones y también a los procesos judiciales. Por otra parte, el aumento de las incautaciones por derecho de autor en materia de piratería, requiere otras destrezas o procedimientos.

Aunque existe un incremento del tránsito de productos falsificados por Uruguay (sobre todo debido a las ventas online), Cervieri nota una disminución de las incautaciones en el país.

“Lamentablemente este año no vamos a estar ni cerca del más de medio millón de productos que se incautó en 2022. Y digo que es lamentable porque la mercadería se sigue produciendo y llegando a los destinos transitando por Uruguay. Ese es un punto que hay que mejorar”, afirmó.

La mayoría de las grandes incautaciones se realizan a nivel de contenedores en el puerto y, en menor medida, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En Aduanas existe una división especializada en ese tema; la sofisticación actual de los productos falsificados requiere una determinada inspección, que va más allá de los sistemas de escáner o de vigilancia documentales.

“Muchas veces hay que abrir directamente los productos para inspeccionar y eso requiere más tiempo, más presupuesto, más personal”, dijo Cervieri.

Fernández observó que “es verdad que es difícil encontrar un cargamento enorme, pero también lo es la microventa (propia de las ventas online)”.

Además, la prioridad de las autoridades está en los temas de droga. “Eso está muy bien, pero el tema de la piratería hay que pararlo”, opinó Cervieri.

Ambas coincidieron en que el esfuerzo de las autoridades es a conciencia, pero el fenómeno se ha vuelto más complejo. “Hay rachas en las que se abren más contenedores, otras veces menos. Incide la disponibilidad de espacio en las aduanas, que es muchas veces reducido, o no suficiente para estos operativos de inspección”, dijo Fernández.

Con el streaming, la piratería digital ha ido en aumento.

A pesar de que los avances tecnológicos van siempre primero que las leyes que los regulan, Uruguay procura ser bastante pionero en materia jurídica en relación a estos temas.

“Las leyes a nivel administrativo permiten que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) pueda hacer un bloqueo de las señales cuando sabe que hay una plataforma transmitiendo sin autorización”, señaló Cervieri.

Efectivamente, a partir de la denuncia, la Ursec puede notificar o eventualmente bloquear las direcciones IP de donde provienen esas transmisiones para impedir el acceso (por ejemplo, sitios dedicados a contenidos deportivos, entre otros).

“La fiscalización de los paquetes que llegan al país por la venta online es compleja. Las autoridades hacen controles, están en coordinación con otros países y han implementado algunas mejoras en los procedimientos. Pero no se puede abrir los paquetes uno a uno. La fiscalización no puede trancar el comercio internacional”, dijo Agustina Fernández.

Entre las mejoras, señaló la implementación de un Registro Actualizado en Aduanas, que permite a las autoridades que se contacten con los agentes en forma rápida. “De lo contrario, se pierde mucho tiempo viendo qué abogado está a cargo de cada marca, y el contenedor se va, nunca espera”, señaló.

Con frecuencia, en las aduanas no se cuenta con la disponibilidad del espacio suficiente para sacar de los contenedores la mercancía a revisar, lo que dificulta o directamente impide la tarea de fiscalización. De ahí que Audapi planteara la propuesta de que la destrucción de la mercadería falsificada que exige la ley se hiciera no al final de proceso de fiscalización, sino antes.

Esa modificación de la normativa se concretó y, en la práctica, descomprimió un poco el problema del espacio en las aduanas, aunque igual persiste.

“En la falsificación hay peligros para el consumidor. Hay juguetes tóxicos, las baterías explotan. Existe todo un tema de seguridad y control de calidad”, dijo Fernández, señalando que muchas veces se considera como más grave el delito de crimen organizado y narcotráfico, pero éste también lo es.

“A los casos de falsificaciones se los ve como crimen de cuello blanco, de delincuentes con baja exposición al riesgo, pero esto también es grave”, dijo. Se refiere a que las falsificaciones de productos también implican mano de obra esclava, condiciones de trabajo denigrantes, muchas veces narcotráfico por detrás, y accidentes graves o muertes de consumidores, por artículos que llegan a sus manos sin los debidos controles previos a nivel de salud o seguridad.