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Por Fabiana Culshaw
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) urge a los gobiernos de América Latina a reducir la deuda pública en una cuarta parte, después de que esta se disparara brutalmente por las medidas para paliar los impactos de la pandemia del covid-19 que todavía se arrastra.

La clave para lograr el descenso esperado radica, básicamente, en la forma en que se gestiona la deuda pública que hoy supera el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina, con realidades muy heterogéneas entre las economías de la región.

Uruguay está en una posición privilegiada desde el punto de vista comparativo con el resto de América Latina, ya que ha venido controlando bastante sus indicadores (el más indomable parece ser la inflación). Pero, por ejemplo, es casi el único de la región cuyo riesgo país está por debajo de los niveles de 2019.

“El BID aspira a una reducción al 46% o 55% del PIB de la región. En Uruguay, la deuda del gobierno central está en 57%, ciertamente bastante superior al nivel prepandemia, aunque próxima al rango recomendado”, dijo a El País Marcelo Sibille, economista y gerente de la consultora KPMG.

“De 2015 a 2019 la deuda neta ascendía al 20% del PIB, pero a medida que la economía nacional se enlenteció y el déficit fiscal empezó a crecer, la deuda neta llegó a superar el 30% y la deuda bruta pasó del 55% al 62%”, dijo por su parte a El País, el economista y gerente de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski.

Lo cierto es que hoy en día la deuda bruta del sector público global del país está en el orden de los US$ 45.000 millones, y la deuda neta asciende a unos US$ 25.000 millones, habiéndose estabilizado en los últimos dos años. Sin embargo, ser una excepción en la región no es necesariamente una ventaja para Uruguay, ya que las economías están interrelacionadas y conviene que otros salgan adelante, en especial Brasil y Argentina, por el impacto del contexto a nivel doméstico.

En América Latina, la deuda ha sido un problema histórico, por los grandes déficits fiscales que terminan, precisamente, en deuda pública. Y a su vez, el perfil de esas deudas suele ser de mala calidad. “Como no hay mercados de capitales fuertes en moneda local, los gobiernos tienen que recurrir al endeudamiento en dólares, con el típico problema de descalce de las monedas que hace que, ante una devaluación, el monto de la deuda crezca aún más. Recientemente esto se ha profundizado”, dijo Cichevski.

El economista hizo alusión principalmente a los paquetes fiscales que desplegaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, entre otros, que se basaron en préstamos que se tomaron con bajas tasas de interés, pero que, debido a la alta inflación de Estados Unidos, las tasas se dispararon y concomitantemente, el costo de las deudas.

Es por ello que uno de los cometidos de Uruguay en los últimos tiempos ha sido tomar la mayor cantidad de deuda posible en unidades indexadas (UI), para evitarla en dólares.

Para reducir la deuda, el BID recomienda mejorar las instituciones fiscales (en orden de que las políticas sean menos discrecionales), realizar planificaciones fiscales más asertivas, evaluaciones independientes de los impactos de las medidas, programas de política fiscal que favorezcan a los sectores más postergados y a su vez con espacios para la inversión pública, además de aprovechar los productos que ofrecen los bancos multilaterales de desarrollo, entre otras medidas, muchas de las cuales Uruguay está transitando.

“Con la crisis de 2002, en Uruguay se creó la Unidad de Gestión de la Deuda dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido bastante respetada independientemente del signo de gobierno”, destacó Cichevski, quien valoró en particular el proceso de desdolarización de la deuda.

En cuanto a la composición de la deuda pública, los economistas coincidieron en que Uruguay tiene una estructura aceptable tanto en la participación de deuda en moneda extranjera (menor al 50%), como en el plazo residual de vencimiento a mediano y largo plazo, que alcanza el 95%.

Ramón Pampin, economista y gerente de la consultora PwC, consideró que, en medio de ese “equilibrio”, ha sido un logro la emisión de la colocación de la deuda vinculada a indicadores climáticos, que establece menos intereses con el cumplimiento de metas ambientales. “Eso significa que estamos jugando en otras canchas”, afirmó a El País.

Pampin agregó que Uruguay es reconocido por las calificadoras de riesgo por su capacidad de pago, lo que le permite acceder a financiamientos a tasas más convenientes, por lo que hay que seguir en ese camino.

La solución para reducir la deuda pasa, en definitiva, por la gestión de las finanzas públicas, la reducción del déficit fiscal y el crecimiento del PIB. “Es necesario que la región crezca en forma más constante. Venimos de una década en la que los países crecieron muy poco, incluyendo Argentina y Brasil”, dijo Cichevski.

La disyuntiva está en que, en un contexto político complejo, reducir el déficit fiscal significa aumentar impuestos o bajar el gasto público, es decir, medidas poco populares.

Con su nueva institucionalidad fiscal, Uruguay tiene cierta previsibilidad sobre el límite al cual puede aumentar el gasto público. En 2019, el déficit estaba en el orden del 4,5% y actualmente cerca del 3%, con un ratio de deuda bastante estabilizado.

El gobierno anunció la rebaja del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) y del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), lo que -en teoría- va a contrapelo de bajar el déficit. Consultado al respecto, Cichevski opinó: “Cualquier rebaja de impuestos genera un aumento de déficit fiscal, pero depende de la magnitud de la rebaja y, si la economía crece, aumenta la recaudación. A eso está apuntando el gobierno, no creo que se comprometan las cifras fiscales”.

En cuanto a qué pasará en Uruguay este año, los economistas proyectan que el gobierno intentará un mayor dinamismo económico y continuará con la prudencia en el gasto fiscal.

De acuerdo al análisis de Pampin, este año también se podrían mejorar los instrumentos y fortalecer las políticas fiscales anticíclicas, en referencia a “ahorrar en tiempos de vacas gordas”, concluyó.