Solo el 1% de losactivos que se “lavan”en el mundo son recuperados. Por eso los expertos en la prevención de este delito reafirman la importancia de que el sector público y el privado empleen medidas para impedir que se filtren estos activos de orígenes ilícitos. A pesar de no contar con un sistema antilavado “altamente eficiente” en Uruguay, ni en el mundo, se destaca una posible sobrecarga en el sector privado, mientras que la actividad de algunos organismos del Estado se mantiene en el “debe”.

Estos fueron algunos de los puntos que se cuestionaron en el Compliance Day, organizado por Brum Costa Abogados, en donde autoridades públicas y expertos antilavado expusieron sobre la actualidad de la prevención y combate de este delito a nivel local, los sectores que se prevén supervisar en este año y el próximo y las bases que tendrá la nueva Estrategia Nacional que está en desarrollo.

Dentro de los expositores que participaron del evento anual, se encontraron el titular y el gerente de Fiscalización y Control, de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak y Gustavo Misa respectivamente, quienes se refirieron a la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) concluida este año. En ella se expusieron las amenazas que acechan a Uruguay -como el narcotráfico, contrabando, trata de personas, entre otros-, y las vulnerabilidades del país ante las mismas, con la que se desarrolla la nueva estrategia a seguir.

Según Chediak, si bien la última ENR no mostró grandes cambios respecto a la de 2014, “dejó deberes importantes”. En este sentido, destacó que la próxima Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) será en el 2030, en donde se evaluará a Uruguay particularmente en su efectividad en la represión de este delito.

Se espera que la Estrategia Nacional que se está desarrollando quede terminada a fines del primer trimestre de 2024.

No obstante, al profundizar en qué contendrá la estrategia, Chediak señaló que “muy probablemente” se ha ido “un poco la mano” con la regulación a determinados sujetos obligados a contar con medidas de prevención de lavado del sector no financiero, por ser incluidos como tales sin que presenten un alto riesgo. Así es que prevé que algunos dejen de serlo.

En esta línea, a pesar de no haber sido propuesto aún por la Senaclaft -ya que la estrategia no está concluida-, dentro de la Rendición de Cuentas votada este año se excluyen actividades en régimen de zona franca como sujetos obligados. En tanto, la secretaría aún prevé realizar un análisis de riesgo para las actividades en este régimen.

Por su parte, Misa señaló que tienen como objetivo dentro de la nueva Estrategia Nacional Antilavado, “poner en agenda la necesidad” de la prevención y combate al lavado de activos, para “terminar con la idea” de que el lavado es un delito “tolerable”, por no contar -como se piensa, aunque no sea así- con un “daño directo de derramamiento de sangre”.

Misa destacó que la nueva Estrategia Nacional pondrá foco en tres bases. La primera de ellas, consiste en mejorar la supervisión del sector financiero y del no financiero, analizando la cantidad de sujetos obligados, si el “esquema” utilizado es el correcto y si se adecua al país. La segunda, es mejorar la represión de este delito -particularmente a través de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos- y, la tercera, trata de la propia actividad del Estado, la cual ha quedado en el “debe”.

Esta última refiere al artículo 8 de la ley Integral Contra el Lavado de Activos, que establece que “todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso”. Sin embargo, desde su promulgación en 2017, no se reglamentó.

Por este motivo, Misa reconoció que hay una carga en el sector privado para que tome medidas de prevención de lavado, cuando también habría que mejorar la actividad de los organismos públicos en la materia.

En tanto, explicó que el plan de acción para este año, en cuanto a la supervisión de sujetos obligados del sector no financiero, se encuentra en tres frentes: zonas francas, organizaciones sin fines de lucro -partidos políticos, iglesias, sindicatos, clubes de fútbol, entre otros- y el sector inmobiliario (que siempre debe ser supervisado por los riesgos que presenta).

Sobre este último, Chediak añadió que “no es un secreto para nadie” y que seguramente “pasa en todas las jurisdicciones”, que algún capital ilícito se mezcle entre los “miles de millones” que se invierten en Uruguay”, siendo “más fácil” que pase más “desapercibido” ese dinero “en apartamentos” que en cuentas bancarias.

A su vez, para el próximo año se prevé continuar supervisando a este último sector, junto con los servicios societarios e incorporar un sistema informático que permita monitorear al resto de los sectores.

El secretario antilavado sostuvo que la “sensación” de que en Uruguay “no pasan las cosas, juega en contra del sistema de prevención” de lavado.

“Estamos muy confiados en la institucionalidad uruguaya”, afirmó debido a la comparación con la región y señaló que “seguimos siendo la Suiza” de América, pero sostuvo que “Suiza también tiene corrupción”.

Asimismo, recalcó que en Uruguay “lavado hay”, financiamiento del terrorismo “probablemente no”. Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva “seguramente no” (hay), pero “lavado hay”, insistió Chediak.