Redacción El País
Se denunciaron 13.000 hurtos de vehículos en el país, en 2022, un promedio de 35 por día y la tasa de recuperación de esas unidades robadas rondó el 20%. Este delito, que viene en ascenso sostenido en el país, implica una pérdida millonaria para las compañías aseguradoras, las que -según cifras de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación- desembolsaron unos US$ 34.500.000 por indemnización a víctimas entre los años 2013 y 2015.

Solo el Banco de Seguros del Estado (BSE) -es decir, sin incluir a las compañías aseguradoras privadas-, pagó más de US$ 14 millones a sus asegurados en 2022 por hurto de vehículos.

Por este motivo, tanto las compañías aseguradoras privadas, el BSE y las automotoras, dieron el visto bueno -aunque con sugerencias de modificaciones- al proyecto de ley presentado por la senadora colorada Carmen Sanguinetti, a través del cual se busca prevenir y reducir el robo de vehículos, un “delito silencioso”, según la legisladora, pero de importante “incidencia en la calidad de vida de la gente”.

En líneas generales, la iniciativa -actualmente a estudio del Parlamento- tiene como objetivo desestimular algunas prácticas frecuentes en el país: el robo de vehículos para “clonarlos” e introducirlos en el mercado “blanqueados”, los fraudes, los robos que se hacen de autos para cometer otros delitos y la del robo para tener repuestos.

De esas situaciones, el principal delito que se da actualmente -según la exposición de motivos del proyecto de ley- es la clonación. Esto es cuando se compra un vehículo que fue a “restos” (es decir, cuando se declara la pérdida total de la unidad), de un determinado modelo, color y por poco dinero. Posteriormente, se roba un vehículo del mismo modelo y color, se usan los papeles del vehículo que fue comprado a restos, quedando así “blanqueado” y luego se vende el auto robado en otro departamento.

Este es uno de los delitos que más afecta a las aseguradoras, junto con los fraudes, es decir, aquellos siniestros que se organizan intencionalmente con el objetivo de que la compañía pague por el valor asegurado. En relación a cuántos de los hurtos de vehículos denunciados son fraudes y cuántos son reales, desde el sector privado estiman que aproximadamente el 30% corresponden a estafas.

El gerente general del BSE, Raúl Onetto indicó ante el Parlamento que desde el ente ven “con muy buenos ojos” el proyecto porque “ayudará a dar transparencia al mercado y tenderá a mitigar, de alguna manera, los índices de siniestralidad que hoy pueden advertirse”.

Las compañías aseguradoras privadas, nucleadas en la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), también respaldan la iniciativa, aunque le hicieron llegar a la senadora colorada “varias sugerencias” al proyecto de ley, según indicó a El País el director ejecutivo de la gremial, Alejandro Veiroj.

Desde la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), también manifestaron estar “totalmente de acuerdo” con el objetivo de la iniciativa, ya que entienden que los robos de vehículos implican pérdidas para las personas y las empresas, que luego terminan por ser trasladadas a quienes pagan seguros.

Por todas esas pérdidas, “los que tenemos auto, debemos pagar” una prima mayor, “justamente, el hurto, como evento, es una parte importante en el cálculo (de la prima), por lo que cuando se da de forma importante en algunos modelos o marcas incide notoriamente en el costo del seguro y, en definitiva, nos castiga a todos. Por lo tanto, está fuera de cuestionamiento el apoyo incondicional a este tipo de medidas”, indicó el presidente de ACAU, Nicolás Papariello. No obstante, desde la asociación también presentaron sugerencias para modificar ciertos aspectos del proyecto.

Entre las principales modificaciones, el proyecto de ley plantea la creación del delito específico de clonación de vehículo automotor, es decir, una figura penal que castigará de forma específica a quien falsifique, suprima o altere la numeración de un vehículo, con el objetivo de hacer imposible su identificación. Asimismo, en términos penales se prevén otros agravantes específicos.

En lo que refiere a las aseguradoras, el proyecto establece la obligatoriedad de que las compañías deban retirar las chapas y libretas de propiedad de aquellos vehículos declarados irrecuperables, previo a que los envíen a “restos”, al remate, o sea cual fuere su disposición final. Además, una vez retirada la matrícula, deberá ser enviada al gobierno departamental de origen o al Congreso de Intendentes, en caso de no poder identificar dónde fue matriculado.

Adicionalmente, la normativa propuesta establece otras medidas con foco en la prevención y persecución de estos delitos. En este sentido, se plantea que todo vehículo nuevo deba contar con un marcaje único identificatorio, regulado por el Poder Ejecutivo; que todo vehículo que se comercialice o ingrese al país para su comercialización, cuente con un dispositivo de protección contra su uso no autorizado; la obligación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de informar, a requerimiento de la Fiscalía, sobre el tránsito por peajes automatizados de matrículas requeridas; así como la creación de una comisión honoraria para monitorear la situación de forma constante.