Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.
El decreto que reconoció la capacidad de suministrar potencia firme a los generadores privados de energías renovables no convencionales (como la eólica, fotovoltaica y biomasa), provocó división en la interna del directorio de UTE.

De los cinco jerarcas de la estatal, dos están a favor del decreto aprobado por el Poder Ejecutivo, otros dos se manifestaron públicamente en contra, mientras que otro aún analiza su postura.

Los que respaldan la iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) son la presidenta de la estatal, Silvia Emaldi y la novel directora en representación del Partido Nacional, Mariana Ubillos.

De forma contraria, la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona y el director por Cabildo Abierto, Enrique Pees Boz, rechazan la nueva normativa.

El representante del Partido Colorado en la estatal, Julio Luis Sanguinetti aún analiza su postura para terminar de definir si se expresa a favor o en contra del decreto aprobado.

Según dijo el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri en diálogo con El País, su compañero de partido está “analizando” el tema y admitió que ambos tienen “diferencias técnicas” en cuanto a las consecuencias que la normativa tendrá para la UTE. “Esta no es una discusión política, es una discusión técnica” y la visión de Sanguinetti “difiere con la mía”, indicó Verri.

Por su parte, la directora Ubillos explicó a El País que tanto ella como Emaldi tienen la misma postura que el Poder Ejecutivo, por lo que defenderán el decreto.

“La normativa no es perjudicial para la UTE, se puede competir porque (la estatal) tiene su monopolio en el resto de la parte energética, no tiene por qué haber ningún problema. Simplemente es cambiar un poco la cabeza, empezar a pensar en el futuro. Formas de competir siempre hay, es cuestión de ponerle cabeza y UTE puede hacerlo”, indicó Ubillos.

El pasado viernes, Cardona anunció que había presentado un recurso contra el decreto. Sobre esto y en relación a la posibilidad de que el decreto sea recurrido con mayorías del directorio de la estatal, Ubillos dijo que están “tratando de impedir que desde el directorio de UTE salga un recurso”, aunque admitió que “todavía las conversaciones no han terminado”.

Sobre este punto, Ubillos detalló que Pees Boz y Cardona son los que rechazan la normativa, ella y Emaldi la defienden, por lo que resta “preguntarle a Julio Luis Sanguinetti” qué postura tomará.

En caso de que haya mayorías en el directorio de la estatal para recurrir el decreto, Verri dijo que el MIEM “analizará si las razones son de peso como para replantear algo del decreto” y “de lo contrario, vamos a seguir adelante, manteniendo la normativa y será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el que termine dilucidando la situación”, adelantó.

El sindicato de UTE también informó la semana pasada que recurrirá el decreto. Gonzalo Castellano, dirigente de la agrupación de funcionarios de la estatal (AUTE), dijo que la normativa “cambia las reglas de juego” del mercado eléctri-co y que “atenta contra el interés público y el derecho a la energía”, según consignó Telemundo.

“Hay un lobby directo de los grandes generadores que son grandes empresarios” que a través de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) “están haciendo un lobby para que esto pase”, indicó Castellano. “Y el ministro (de Industria, Omar Paganini) en vez de estar defendiendo el interés colectivo, de las grandes mayorías de nuestro pueblo, está defendiendo los intereses corporativos de algunos”, sentenció el dirigente de AUTE.

El pasado viernes, Paganini señaló a El País que la advertencia del director cabildante acerca de que con el decreto UTE perdería todos los grandes clientes de golpe, implicaba “básicamente terrorismo”.

Ayer, Pees Boz ironizó con los dichos del ministro y criticó sus declaraciones. “Si ser terrorista significa defender la institución en la que me indicaron como director, entonces ¿dónde queda el pensamiento libre?”, cuestionó al ser entrevitado por radio 970 Universal.

En este sentido, Pees Boz dijo que “hay una coincidencia, por usar una palabra suave, entre las declaraciones del MIEM, del ministro, del subsecretario, del director nacional de Energía, con las declaraciones de los generadores e intereses privados”.

Pese a que el ministro aclaró que las tarifas de UTE no tendrán por qué aumentar a causa de este decreto, el director cabildante volvió a afirmar que estiman una suba tarifaria del 10% en términos reales, dado que la estatal deberá “compensar” la falta de ingresos por la potencial pérdida de 470 grandes clientes.

Sobre este punto, Verri dijo a El País que “eso no ocurrirá” y enfatizó además en que la fijación de las tarifas corresponde al Poder Ejecutivo y no a UTE.

El decreto “favorece la competencia en el mercado eléctrico que ya está abierto desde hace 20 años. El Frente Amplio eligió las renovables e inició el camino de la privatización de la energía. Por lo tanto, parece lógico que sigamos ese plan, haciendo los ajustes necesarios. Debemos incentivar a que aparezcan generadores de energía y que puedan hacer negocios entre privados”, defendió Verri.