IMPACTO DE LA INVERSIÓN

El efecto UPM. Con esas tres palabras bancos internacionales con presencia en Uruguay y calificadoras de riesgo hacen referencia al impacto económico de la instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa. Hasta ahora, sus proyecciones se basaban en el “supuesto”, pero desde ayer la planta es un hecho.

A fin de marzo, la economía uruguaya completó un año estancada (con una pequeña caída incluso) en la medición desestacionalizada del Producto Interno Bruto (al comparar el trimestre con el inmediato anterior). La inversión privada lleva cinco años consecutivos de caída. El otro “motor” de la demanda, el consumo, lleva dos trimestres seguidos de baja.

En el corto plazo, la construcción de la planta de celulosa (y posterior comienzo de operación) de UPM y sus inversiones conexas (ferrocarril central) podrán revertir la situación.

El socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone enumeró que la inversión de UPM “tendrá efectos positivos sobre empleo, PIB, divisas, estabilidad de flujo exportador, diversificación exportadora. Además, ayudará a compensar eventuales efectos recesivos en 2020 y 2021 de ajuste fiscal que se implementará”.

Según las cifras divulgadas ayer por la propia empresa finlandesa, la inversión en la planta de celulosa alcanzará a US$ 2.700 millones. Además, destinará otros US$ 350 millones en operaciones portuarias en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros. Con esto se convierte en la mayor inversión individual de la historia.

La consultora CPA Ferrere estimó preliminarmente en un informe de marzo de 2017 que la planta generaría un efecto permanente en el PIB de 2,4% (de los que 0,1% ya se generaba por las inversiones en masa forestal), “un total 9.000 empleos, lo que implica un efecto incremental de 8.000 empleos (1.000 empleos actualmente afectados a la inversión en forestación)” y exportaciones asociadas que “superarían los US$ 1.000 millones (a precios 2015)”. A eso le sumó que la “cadena de valor” asociada a la segunda planta implicaría unos US$ 124 millones al año en impuestos.

“Las estimaciones de impacto sugieren que la celulosa agrega más valor, genera más empleo y más impuestos por hectárea en comparación con usos alternativos de la tierra”, aseguró CPA.

El comunicado de ayer de UPM señaló que el impacto en el PIB una vez que comience a operar la planta será de 2%, con una generación de 10.000 empleos en toda la cadena asociada.

El economista Javier de Haedo estimó que el efecto “sobre el PIB será de unos siete puntos repartidos a lo largo de cuatro años. Parte de ello no tendrá el mismo impacto fiscal de un aumento habitual del PIB, por las exoneraciones fiscales de las que el proyecto es beneficiario”.

Esos siete puntos se reparten entre “infraestructura pública, la construcción de la planta y el primer año de producción de la planta”.

En el corto plazo el efecto positivo es innegable: impulso a la actividad vía construcción (inversión, mano de obra que además tiene un efecto en el consumo) y vía un nuevo escalón en la producción de celulosa en el país (incrementará más de 50% la de la propia UPM) además de un aumento en la producción de energía (a partir de biomasa).

En el largo plazo, la cuenta es otra y ahí entra a qué se comprometió el Estado uruguayo en el acuerdo de inversión. Esto supone, entre otras cosas, la construcción vía Participación Público Privada del ferrocarril central (que además de UPM tendrá otros clientes) y la compra del excedente de energía eléctrica que produzca la planta.

Al sumar todo lo que deberá poner el Estado por los plazos estipulados, el total es de US$ 4.868,5 millones. La mayor parte es el ferrocarril (pagará US$ 2.669,4 millones al grupo Vía Central por los 18 años de contrato por la construcción y disponibilidad del tren) y energía (UTE abonará US$ 1.450 millones durante los 20 años de contrato).

Entre lo que generará UPM (entre pagos por canon de utilización de la zona franca donde se ubicará la planta, canon por uso del ferrocarril, tarifa por uso de la terminal portuaria y otros) más los impuestos mencionados, la cuenta da US$ 4.173,38 millones en 30 años de operación.

Otro efecto de la confirmación: ayuda al grado inversor

La decisión de UPM puede tener otro efecto positivo: es un factor que ayuda a mantener el grado inversor que las calificadoras de riesgo le otorgan a la deuda uruguaya.

Eso ha sido dejado en claro en los informes más recientes de las agencias. Por ejemplo, Moody’s, señaló en su reporte de enero que para “2020, vemos un riesgo potencial al alza para nuestro pronóstico de crecimiento si comienza la construcción propuesta de una tercera planta de celulosa en el país liderada por UPM de Finlandia”.

En mayo, Standard & Poor’s dio cuenta de algo similar. En su informe indicó que la calificación de Uruguay correría riesgo a la baja “en los próximos dos años si el fracaso en el avance de importantes proyectos de inversión y en políticas para revertir la actual reducción de las inversiones socava la base de generación de ingresos del gobierno”. Sin nombrarlo, la calificadora hizo mención a UPM y ahora ese riesgo queda disipado.

El director de Banca de Inversión del Itaú BBA en América Latina, Baruc Saez dijo en marzo a El País que de aprobarse la planta “creo que es positivo (para el grado inversor) y en ese caso la agencia (Fitch) le daría más tiempo (a Uruguay) y no se adelantaría a hacer un downgrade (baja de calificación)”.