Redacción El País
El sector empresarial y el gobierno uruguayo, coinciden en que al país le espera un futuro “bastante prometedor” relacionado con el desarrollo de la segunda transición energética. Si bien hay conciencia en cuanto a que el camino no está libre de desafíos económicos, regulatorios y hasta políticos, coinciden en que el país debe lograr consensos para hacer de esto una política de Estado.

“El futuro que nos espera parece ser bastante prometedor. Uruguay va a empezar a atravesar una etapa bastante interesante que no va a ser fácil pero tampoco lo fue la primera transición energética” y el país hoy “ya está en el mapa del hidrógeno verde a nivel mundial”, afirmó Fernando Schaich, socio fundador de SEG Ingeniería y vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana ayer, al participar del Primer Foro de Hidrógeno Verde.

En su discurso, Schaich mencionó los proyectos vinculados con el hidrógeno verde que ya fueron anunciados en Uruguay y dijo que estos serán “próximos hitos” de cara a avanzar en la segunda transición energética del país.

Aunque aún resta por definirse múltiples aspectos, hay tres proyectos de hidrógeno verde que fueron anunciados por el sector empresarial y las autoridades de gobierno. El primero de ellos es Tambor Green Hydrogen Hub, un proyecto de la empresa Enertrag y SEG Ingeniería que consistirá en la producción de 15.000 toneladas anuales de hidrógeno verde.

El segundo refiere al proyecto piloto H24U -ganador del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y conformado por las empresas Saceem, CIR, Air Liquide y Fraylog-, que busca convertir unos 17 camiones del sector forestal, los cuales pasarán de funcionar con gasoil a hidrógeno verde.

Y en tercer lugar, el proyecto de HIF Global, una empresa seleccionada por Ancap para producir 180.000 toneladas por año de combustibles sintéticos, a partir de la captura de dióxido de carbono proveniente de la combustión de biomasa y destilación de alcohol de cereales de Alur en Paysandú, el cual también prevé la producción de 100.000 toneladas de hidrógeno verde por año.

“Que hoy Uruguay esté hablando de hidrógeno verde es un paso natural en lo que ha sido su proceso de transformación de su matriz eléctrica”, porque se debe recordar que “hace 10 o 15 años, teníamos cuatro hidráulicas y una planta térmica, mientras que hoy tenemos una generación totalmente distribuida de energía eólica, solar, biomasa, hidráulica y una planta térmica ahora en otro lugar de ciclo combinado mucho más eficiente”, recordó ayer María José González, coordinadora del proyecto de hidrógeno verde del MIEM.

A su entender, esa primera transición energética que el país “logró hacer en muy poco tiempo”, es lo que permite “hoy poder estar hablando de hidrógeno verde”, indicó la asesora ambiental del MIEM.

Más allá de que hay consenso en cuanto a que Uruguay debería aprovechar el potencial de nuevas energías renovables y productos como el hidrógeno verde, los actores privados y públicos también coinciden en que el camino por delante presenta algunos desafíos.

Según indicó en el foro el abogado y socio de Guyer & Regules, Juan Manuel Mercant, hay actualmente “una tensión temporal” porque los costos de este tipo de proyectos “al día de hoy pueden resultar no competitivos”. Sin embargo, manifestó que los actores involucrados “deberían preguntarse cómo van a evolucionar esos costos en un mediano o largo plazo”, para así saber en qué punto estará el país cuando esa demanda esté confirmada y exista.

“Ahí es donde está ese equilibrio y esa tensión que, creo humildemente que como país se está manejando muy bien, en cuanto a tratar de fomentar, propiciar, e ir preparando el terreno para estos proyectos, pero tampoco comprometer recursos escasos antes de tiempo”, señaló Mercant.

No obstante, el abogado reconoció que esa tensión y ese equilibrio son “bien difíciles de mantener”, porque “imaginar que uno tiene que tomar una decisión hoy, cuando no están dadas todas las variables relevantes y cuando no está confirmado si efectivamente va a haber claramente un comprador, es muy difícil”, reconoció.

En este sentido, Mercant sugirió manejar esa tensión “con mucha inteligencia”. Esto consiste en “preparar el terreno, ir dictando algunas normas legales que marquen determinadas reglas de juego y regulando lo que se pueda”, sin embargo, advirtió sobre el hecho de que el Estado otorgue subsidios para este tipo de proyectos. “Hay que tener mucho cuidado de no adelantarnos demasiado en ese proceso y comprometer recursos que son escasos”, dijo sobre ese aspecto.

En relación a las problemáticas y desafíos que enfrentan estos proyectos nuevos, Fernando Jiménez de Aréchaga, abogado y socio de Dentons Jiménez de Aréchaga, señaló que en estos casos “siempre es importante que exista un marco regulatorio claro” y dijo que el otro desafío tiene que ver con el costo de estos proyectos. “Las empresas tienen en su agenda las cuestiones de sostenibilidad y están dispuestas a pagar algún sobreprecio para impulsar esta industria, pero eso tiene un límite y se necesitan políticas de promoción” del Estado, indicó.