INFORME

La clásica presión cambiaria que surge en cada uno los períodos electorales en Argentina comenzó a evidenciarse una vez más. Con los comicios parlamentarios de medio término a la vista –las primarias se desarrollarán el 12 de septiembre y las generales, el 14 de noviembre-, la creciente demanda de dólares para cubrirse ante una eventual devaluación viene impulsando la cotización de los tipos de cambio alternativos.

Si bien el gobierno de Alberto Fernández mantiene bajo control al dólar oficial gracias a un estricto cepo cambiario, el valor implícito del dólar MEP y del Contado con Liquidación (CCL) -operaciones financieras con las que se puede acceder a dólares mediante la compra-venta de bonos- saltó desde una cotización en torno a los 140 pesos argentinos a comienzos de abril a 170 pesos argentinos en la actualidad. En el mismo período, el llamado dólar blue pasó de 140 a 178 pesos argentinos.

La mayor demanda viene obligando al Banco Central a ejercer una intervención cada vez más activa en los mercados paralelos. Desde mediados de julio, la autoridad monetaria profundizó las ventas de bonos dolarizados que tiene en su cartera como vía para frenar el alza de los tipos de cambio alternativos.

Ese objetivo fue logrado, pero al costo de resignar solo durante julio US$ 410 millones de las reservas, el mayor registro mensual desde que se realiza esta operatoria, según la consultora Equilibra.

Esa dinámica amenaza con sostenerse. Para Equilibra, el Banco Central deberá seguir interviniendo en los mercados paralelos a un ritmo similar al de la segunda mitad de julio (US$ 25 millones diarios) si pretende evitar un mayor ensanchamiento de la brecha cambiaria.

Eso implicaría desembolsos en los próximos cinco meses por US$ 2.130 millones frente a un stock de reservas netas en el Banco Central que rondan los US$ 6.300 millones.

“Se trata de una estrategia de muy corto plazo porque no hay poder de fuego para sostener en el tiempo una situación como ésta, más allá de ir administrando con un fuerte cepo cambiario los dólares que se entregan para importaciones y los que se usan para pagar servicios de deuda. Con los actuales niveles de brecha cambiaria en torno al 80% entre el dólar oficial y los alternativos, no están dados los incentivos como para que la economía pueda funcionar”, dijo a El País Fernando Baer, economista asociado de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

En cualquier caso, las causas que reimpulsaron las presiones cambiarias continuarán profundizándose en los próximos meses.

Por un lado, la oferta de divisas se reducirá ante el fin de la temporada alta de la liquidación de la cosecha gruesa. Por el otro, la demanda seguirá siendo alimentada por una nueva oleada de emisión de pesos para financiar el déficit fiscal.

Luego del fuerte ajuste aplicado en el primer semestre sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y planes sociales, lo que derivó en una reducción del rojo fiscal al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), las estimaciones apuntan a que el año termine con un déficit del 4%.

Ese cambio de tendencia empezó a reflejarse en julio, mes en que el Banco Central giró 180.000 millones de pesos argentinos al Tesoro. Sin acceso a los mercados internacionales de deuda y con límites para colocar deuda en el mercado local, más del 60% del agujero fiscal deberá ser financiado con emisión de pesos en los próximos meses. En ese marco, el consenso de las proyecciones apunta a una emisión de otros 730.000 millones de pesos argentinos en lo que resta del año.

“A la clásica demanda por cobertura preelectoral en Argentina, se suma el efecto de expectativas de creciente emisión monetaria para los próximos meses. Es una historia cíclica en la que Argentina posterga las reformas y eso genera que vuelvan los controles de capitales, se pierda el acceso al financiamiento y solo quede la opción de recurrir a la emisión monetaria”, dijo a El País Juan Pablo Di Iorio, economista de ACM Consultora, en Buenos Aires.

Con niveles de inflación en torno al 50% anual, uno de los principales objetivos del gobierno de Alberto Fernández de cara a las elecciones es evitar un salto cambiario que impulse una nueva ronda de aumento de precios.

La buena noticia es que, a diferencia de lo que ocurrió en otros episodios que derivaron en crisis cambiarias en Argentina, el gobierno cuenta con herramientas para acotar las tensiones, al menos, en el corto plazo.

“El proceso de dolarización está un poco más acotado que en otras ocasiones porque la economía llega a esta campaña electoral con controles más estrictos para intentar moderar la caída en la demanda de dinero. Además, en los primeros siete meses del año el Banco Central logró acumular casi US$ 3.200 millones de reservas, que podrían utilizarse en parte para intervenir en los mercados libres”, dijo Baer.

A eso hay que agregarle la asignación especial de Derechos Especiales de Giro (DEG) que dispuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todos sus países miembros

El dinero que viene del FMI y la necesidad de un acuerdo con el organismo

A corto y mediano plazo

A los casi US$ 3.200 millones de reservas que acumuló el Banco Central entre enero y julio, se suma que el gobierno de Alberto Fernández recibirá a fines de este mes US$ 4.355 millones por la asignación especial de los DEG, un mecanismo que dispuso el FMI para proveer de liquidez a todos sus países miembro en el marco de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Esos recursos se utilizarán para cubrir los vencimientos con el FMI en lo que resta del año. Ese ingreso extraordinario de dólares, sumado a la acumulación de reservas de la primera parte del año, permitirían equilibrar el mercado cambiario sin tener que recurrir a un nuevo endurecimiento del cepo a las importaciones.

Un ajuste mayor en la entrega de divisas para los importadores no solo implicaría un golpe adicional a una actividad económica que todavía está por debajo de los niveles pre-pandemia, sino que podría acelerar aún más a la inflación.

En medio de ese desfiladero estrecho, el gobierno de Alberto Fernández buscará transitar los próximos meses de campaña electoral sin sobresaltos cambiarios.

Cuenta con herramientas para alcanzar ese objetivo, pero todo indica que habrá cambios una vez superado el desafío electoral.

“El gobierno podría mantener controlado el tipo de cambio oficial en los próximos meses, pero ya a comienzos del año próximo debería alcanzar un acuerdo con el FMI”, dijo Fernando Baer economista asociado de Quantum Finanzas.

“En el arranque de 2022 Argentina tiene fuertes vencimientos de deuda con ese organismo. Sin algún tipo de acuerdo con el FMI, ya no habría dólares suficientes para cumplir con los pagos de deuda y eso haría que la situación se vuelva mucho más compleja”, añadió Baer.