Si bien la renovación de los acuerdos por segmentos de 4G han generado choques entre agentes privados y el Poder Ejecutivo, la subasta de 5G es la que ha levantado el tono en el sector de las telecomunicaciones. Ante los cuestionamientos de la posible “discriminación” a uno de los interesados en la subasta, la determinación del precio base, entre otros factores, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dio a conocer las razones detrás de las decisiones del gobierno.

Cómo publicó El País ayer, una delegación del ministerio, liderada por Paganini, y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), encabezada por su presidenta Mercedes Aramendía, concurrieron ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, del Senado, en donde argumentaron su posición.

La subasta de 5G, que será de tres bloques de 100 megahertz (MHz) en la banda de 3.5 gigahertz (GHz) -llamada banda media-, iba a comenzar a fines de abril, pero “por problemas operativos vinculados con los feriados que tiene esta etapa, se decidió prolongar hasta el 9 de mayo”, según explicó Paganini en el Parlamento.

Para esta subasta, fueron dos las empresas que compraron el pliego de bases y condiciones (Movistar y Claro). Este paso es uno de los requeridos para participar del proceso competitivo.

Estas empresas recurrieron el decreto del Ejecutivo, previo a la presentación del ministro ante la comisión. Asimismo, la empresa de capitales uruguayos. Dedicado, también lo recurrió debido a condiciones que la “discriminan”.

Sobre los requerimientos, que demandan experiencia brindando servicios de telefonía móvil, Paganini sostuvo que son solicitados para que “quien adquiera la banda no sea solamente alguien que tenga la capacidad financiera de adquirirla y después salga a ver cómo desarrolla el servicio, sino asegurarla a alguien que tenga la experiencia y las credenciales necesarias, como suele suceder en muchísimos procedimientos para entregar concesiones del Estado o dar licitaciones públicas”.

“Cabe destacar que ser operador de telefonía celular en Uruguay no es solamente decir: ‘Yo puedo transmitir algunas cosas; yo puedo instalar ciertos equipos’. Es tener capacidad financiera, capacidad de atención al público, capacidad de dar atención técnica, atención a reclamos, etcétera, y, sobre todo, expandirse a un volumen razonable de clientes que lo hagan sustentable”, agregó.

En tanto, sobre Dedicado, que ya cuenta con dos bloques de 5G para el servicio de Internet con transmisión de datos inalámbrica (LMDS, por su sigla en inglés), destacó que “no es una empresa de telefonía móvil”, sino que es “una empresa que está dando un servicio de Internet punto a punto, fijo y que tiene más o menos 9.500 clientes en Uruguay”.

“Pensemos nomás en los centenares de miles de clientes que tienen las operadoras que existen”, subrayó.

No obstante, Dedicado ha cuestionado que el año pasado solicitó la habilitación para ser un operador telefónico a través de los bloques con los que cuenta, pero no recibió respuesta. En esta línea, la empresa ha comparado que Antel fue autorizada para brindar servicios móviles en la banda milimétrica que tiene en los 28 GHz, a pasar de que ese bloque estaba destinado a LMDS, según indicó el ministro.

“Entendemos que una cosa es dárselo a Antel, que es un operador de IMT (de telefonía móvil) en muchísimas bandas, con muchísima trayectoria y con muchísimos clientes, pero que además está autorizado a ser un operador telefónico, que una asignación de frecuencia la puede asignar a telefonía celular, como ya tiene muchas otras; es muy distinto que a una empresa que no tiene telefonía celular, de repente, habilitarla a telefonía celular”, dijo.

“La discusión de fondo es: autorizamos a un operador de telefonía celular para esta empresa y ¿por qué para ella y no para otras? Por tanto, finalmente decidimos que esta es una discusión que se procesa por un camino que es el de habilitar o no un cuarto operador”, agregó.

Otro de los puntos criticados de la subasta ha sido el precio base, fijado en US$ 28 millones. Sobre esto, el ministro sostuvo que el mecanismo utilizado fue la solicitud a la Ursec de un valor indicativo del precio de mercado internacional y luego “entender que en Uruguay vale un poco más”. En esta línea, mencionó el antecedente de Chile, que de tomarlo hubiese llevado a fijar el precio base en US$ 50 millones, pero el análisis de la Ursec, que tomó 27 países, llevó a que el precio de referencia del mercado internacional fuese US$ 22 millones.

A su vez, ante el cuestionamiento de por qué no se subastaban las bandas milimétricas, las cuales también permitirían brindar estos servicios, explicó que el modelo de 5G no está “maduro”.

Por su parte, Aramendía señaló que en Brasil luego de la subasta hubo casos donde las bandas milimétricas fueron devueltas y que en España al subastarse la frecuencia de 26 GHz, solo se subastó el 20% de los bloques disponibles.

“Si se hace una licitación pública para hacer el arreglo de las rutas 8, 9, 10 y 11, ¿tengo que hacer la licitación de todas ellas al mismo tiempo? Es claro que la respuesta es que no”, afirmó.