El Banco Central publicó un proyecto de resolución que plantea modificaciones a la normativa del sistema de pagos, que trae regulación del sistema financiero a empresas de porte “más liviano”. Según advirtieron expertos, esto podría aumentar los costos para los usuarios finales, así como llegar al borde de la sobrerregulación.

Dentro de las modificaciones en el sistema de pagos que plantea el proyecto de la autoridad monetaria, se encuentran cambios en la normativa de determinadas licencias reguladas, como los adquirentes, procesadores e Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE), principalmente en materia de gobierno corporativo y requerimientos respecto a registros y obligaciones.

En este sentido, el socio de Ferrere, Federico Lemos, explicó a El País que hasta ahora, las licencias del sistema de pagos contaban con una carga regulatoria mucho menor que otras licencias, por ejemplo, del sistema financiero o del mercado de valores. No obstante, con el auge de las fintech y el “desarrollo exponencial” del sistema de pagos, “el regulador ha comenzado a diseñar una regulación más exigente”.

En este sentido, sostuvo que el “potencial de desarrollo y operacional de estas licencias del sistema de pagos ha quedado en evidencia en estos últimos años demostrando que son licencias muy ágiles y aptas para desenvolverse de forma muy eficiente tanto en el sistema financiero como en la cadena de pagos”.

Sin embargo, señaló que, si bien no puede perderse de vista que estas licencias “eventualmente podrían tener la capacidad de generar riesgo sistémico” -lo que justificaría una mayor regulación- también aumentar la carga regulatoria “trae consigo mayores costos de cumplimiento”.

“Estas empresas no escapan a la lógica de cualquier otro mercado en el cual los costos de cumplimiento terminan siendo traspasados a los usuarios, por lo cual el regulador deberá afinar mucho su criterio a la hora de seguir cargando a estas licencias de obligaciones y tendrá el desafío de encontrar un buen balance entre dar seguridad al sistema manteniendo también la eficiencia”, afirmó.

Por su parte, la socia de Guyer & Regules, Florencia Castagnola, explicó que el BCU está “trasladando” la experiencia en el sector financiero al sistema de pagos, ya que este “seguramente es de los que más ha crecido en volumen y en relevancia”.

Asimismo, señaló que a mayor regulación, mayor carga para las empresas, llevando a que deban aumentar el peso de sus estructuras, lo que se traduce en mayores costos para ellas. Sin embargo, señaló que puede no ser tan “lineal” el traslado de los mismos para los usuarios finales.

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En tanto, al mirar la región con respecto a las diferentes regulaciones que tienen los países como Chile -que entró en vigencia recientemente- Argentina, Brasil, Colombia y Perú, para el sector fintech, señaló que Uruguay no está “desalineado”, aunque antes no había esta carga de gobierno corporativo. “Estamos bastante parejos”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que, si bien es conveniente que las empresas puedan regirse bajo una regulación alineada con la región -ya que aspiran a expandirse en la misma- el proyecto normativo del BCU “lo lleva hasta lo máximo que podría ir”, hasta el “límite”, ya que de seguir avanzando podría caer en una “sobrerregulación”.

De este modo, explicó que las empresas a las que alcanzarían las modificaciones “son más chicas y más livianas”, por lo que puede generar un cambio relevante para ellas y llevándolas a “repensar” sus avances.

En este sentido, afirmó que el cuidado que se debe tener es que se regule respecto a donde efectivamente hay riesgos. Asimismo, dijo que las modificaciones están acorde a un sistema que va creciendo, pero no así si se plantea “otra capa más de regulación”.