El plan de shock lanzado por el gobierno de Javier Milei para intentar corregir en el corto plazo los múltiples desequilibrios de la economía argentina continúa su marcha.

Luego de la suba de 118% del tipo de cambio oficial y de la liberalización de los precios en diciembre, en enero llegó el turno de nuevos aumentos en los combustibles, las tarifas del transporte público y las cuotas de la medicina prepaga, entre otros rubros. Para febrero, en tanto, se espera que comiencen a aplicarse fuertes incrementos en las tarifas de electricidad y gas, mientras que en marzo llegarán los ajustes en las cuotas de la educación privada.

Esas correcciones pendientes amenazan con mantener en niveles elevados a los índices de inflación por varios meses más. Luegodel 25,5% registrado en diciembre, las proyecciones para enero apuntan a un índice que estará otra vez por encima del 20%. En tanto, el promedio de las últimas estimaciones de las consultoras recopiladas por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé una inflación del 18,2% para febrero y del 15% para marzo.

De confirmarse esas proyecciones, la inflación acumulada en el período noviembre-marzo superará el 130%. Ante esa carrera a toda velocidad de los precios, los ingresos de la gran mayoría de los argentinos vienen quedando cada vez más retrasados.

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“Probablemente algunos sindicatos logren incrementos salariales en línea con la inflación, pero, en general, los ingresos serán la variable de ajuste del plan económico. Hay que corregir tarifas y tipo de cambio, y si a eso se le sumaran aumentos de los salarios al mismo ritmo que la inflación, volveríamos al punto de partida con la necesidad de ajustar otra vez tarifas y tipo de cambio. Sería como un perro que se muerde la cola. Por eso, inevitablemente los ingresos quedarán en su mayoría rezagados”, dijo a El País Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires.

En esa carrera desigual entre precios e ingresos, los haberes de los jubilados podrían sufrir el mayor impacto.

Para cumplir con la meta de recorte del gasto público por el equivalente al 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) fijada para este año, el gobierno prevé reducir en 0,4% del PIB las erogaciones por jubilaciones y pensiones. El recorte, en el marco de un PIB que podría retroceder en torno al 3% en 2024, implicaría una disminución en el valor real de las jubilaciones cercana al 12%.

Ese descenso aceleraría la tendencia de los últimos años. Según un estudio de la consultora IDESA, entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2023 el poder adquisitivo de la jubilación media se desplomó 32%. Con eso, actualmente el 65% de los casi 6 millones de jubilados y pensionados perciben el haber mínimo de 105.712,61 pesos argentinos (unos US$ 85, según la cotización del tipo de cambio paralelo).

FRENO A INICIATIVA. Ante ese panorama, incluso los sectores de la oposición más dialoguista buscan frenar en el Congreso la iniciativa del Poder Ejecutivo que plantea suspender por tiempo indeterminado la actual fórmula de movilidad jubilatoria, un esquema que ajusta los ingresos en forma trimestral de acuerdo a la evolución de la inflación.

NATACHA PISARENKO/AFP

La intención del gobierno es volver a otorgar por decreto incrementos discrecionales, tal como sucedió durante el primero año del gobierno de Alberto Fernández.

En caso de prosperar la propuesta del oficialismo en el Congreso, además de las jubilaciones y pensiones también se verían afectados los montos de la Asignación Universal por Hijo, un programa social que alcanza a más de 4,4 millones de niños y se ajusta por la fórmula de movilidad jubilatoria.

“En el rezago de los ingresos con relación a la inflación proyectado para este año, las jubilaciones seguramente se llevarán la peor parte. Es un sector que no tiene negociación posible por lo que es la variable ideal para ajustar. Otros segmentos sobre los que recaerá el mayor efecto del ajuste serán los empleados del sector público y los trabajadores informales”, dijo Beker.

En el caso de los empleados registrados del sector privado, si bien cuentan con mayor poder de negociación para resistir la caída de sus ingresos, todo indica que también sufrirán recortes.

La razón es que buena parte de las negociaciones paritarias recién comenzarán en marzo, con lo que la mayoría de los trabajadores atravesará estos meses de alta inflación con ingresos desactualizados.

“El poder adquisitivo de los salarios viene cayendo desde hace cinco años en Argentina. En 2023, el salario real fue un 20% menor al promedio registrado en 2018. A eso se sumará ahora una caída todavía mayor, al menos en la primer parte del año. Por eso, aún si la inflación se desacelerase en los próximos meses, ese alivio probablemente llegue más tarde de lo que la sociedad esté dispuesta a tolerar. En ese sentido, marzo -cuando se reinicien las clases, entre otras actividades- será un mes clave”, dijo a El País Francisco Ritorto, economista de ACM Consultora, en Buenos Aires.