El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) presentó un “Monitor de Desarrollo de Uruguay”, resultado de una investigación que llevó a cabo, en la que muestra dónde está parado Uruguay en el camino al desarrollo. El monitor abarca cómo Uruguay ha evolucionado en los últimos 10 años y lo compara con países de tamaño y calidad institucional similares, pero con mayor nivel de desarrollo, lo que permite medir diferencias. Entre esos países, están Dinamarca, Irlanda, Holanda, Finlandia, Nueva Zelanda, Israel. Los cuatro pilares del monitor son: crecimiento (base de los demás), bienestar, convivencia social y sostenibilidad ambiental. El estudio incluye un plan sobre cómo avanzar para dar un salto en el desarrollo, que –a entender de Munyo- es “perfectamente alcanzable”. La propuesta, presentada el martes pasado en el Desayuno de Ceres, sirve como una agenda para el gobierno que asuma en marzo de 2025. Lo que sigue es un resumen de la entrevista que el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo mantuvo con El País.

—¿Uruguay está muy lejos en su desarrollo de los países del grupo de comparación?

—La verdad que no, aunque depende de los niveles. El nivel más duro es el promedio de ingreso de una persona que vive en este país, ya que el de los países objetivo es el doble. Hay que considerar que los países con mayores niveles de crecimiento y de ingresos per cápita son los más abiertos al mundo, los que tienen más exportaciones y más importaciones. Por lo tanto, para poder crecer hay que abrirse, comerciar más con el resto del mundo.

—Un punto que usted destacó en la ponencia es la inversión, ¿qué conclusiones sacaron?

—La inversión es otro pilar central para lograr el crecimiento. Todos estos países con mayor desarrollo invierten más que nosotros y para poder exportar, hay que invertir en la oferta exportadora. Uruguay, tanto en materia de inserción internacional como de inversión, está rezagado con respecto a los países que son objeto de comparación. Además, Uruguay está estable en ambos indicadores en los últimos 10 años, no ha cambiado. Por ejemplo, en apertura comercial, Uruguay ronda el 50% constante en la última década, cuando habría que aspirar a niveles del 100%. Hay que duplicar las importaciones y las exportaciones.

—¿Y se puede duplicarlas?

—Sí, pero hay que invertir para eso. Un ejemplo es el área forestal. En el año 2000, ese sector exportaba el 0,4% del PIB de Uruguay, y en 2024, con la planta de celulosa funcionando a pleno, va a exportar 5% del PIB. Pasó del 0,4 % al 5% del PIB en 25 años. Finlandia exporta a un nivel similar. Ese es un logro que muestra que se puede. Se pueden aumentar mucho las exportaciones invirtiendo, para lograr esto en los últimos 20 años hubo una política de Estado que continuó con todos los gobiernos, dando certeza y seguridad jurídica a inversiones a largo plazo, y se requirió la inversión de tres plantas de celulosa para poder exportar a este nivel. Recién ahí se genera una oferta exportadora relevante.

—¿Qué pasa con los otros sectores productivos?

—Un sector con gran potencial es el de la energía renovable. Hay mucho interés a nivel internacional para invertir en hidrógeno verde, en amoníaco, en otros productos asociados. En los próximos 10 años, si todo anda bien, podrían llegar inversiones por US$ 10.000 millones en el sector de energías renovables, lo que se podría traducir en exportaciones de US$ 3.000 millones anuales.

—Esos andamiajes para la industria forestal, energías renovables e hidrógeno verde ya están siendo impulsadas, ¿qué rubros identificaron que no se estarían aprovechando?

—Identificamos dos motores para seguir aumentando exportaciones: el riego y la pesca. Hicimos cálculos que muestran que si Uruguay llegara a regar 500.000 hectáreas, podría tener un impulso grande en la producción de soja, maíz, carne y leche, y así alcanzar exportaciones de unos US$ 600 millones más. Pero para eso hay que invertir en conexión eléctrica, en aparatos de riego. Y la pesca es un rubro con gran disponibilidad de recursos, pero nuestro país mira de espaldas al mar, cuando tiene una superficie marítima más grande que la terrestre y podría duplicar las exportaciones de pescado, sin afectar la sostenibilidad. No lo hace porque hay que invertir en buques y generar las condiciones para que las empresas quieran ir a ese negocio. Hoy, las condiciones regulatorias y de costos para el negocio lo hacen inviable. Es decir, para dar un salto en las exportaciones que Uruguay necesita, hay que hacer cambios de políticas públicas y generar las condiciones para que las inversiones lleguen y tengan rentabilidad. Si no, no se concretan.

—Suponiendo que se hicieran las inversiones adecuadas, ¿cuánto tiempo se demoraría en ver retornos de inversión?

—En el caso de la energía, más de 10 años. En el riego de tierras, es automático. A medida que se riega, se aumenta rápidamente la productividad.

—En su exposición también habló del crédito, ¿hasta qué punto es una limitante?

—El crédito en Uruguay es bastante menor que el de los países del grupo de comparación, en cuanto al porcentaje del PIB, y no ha cambiado a lo largo de la última década. Es un escalón que hay que subir para aspirar a un nivel mayor de desarrollo. Ahí las razones son múltiples. Uruguay no tiene un mercado de capitales desarrollado, porque hay una regulación que no ayuda, es demasiado estricta. También el sistema bancario presta menos que lo que podría, en parte porque el negocio del crédito en Uruguay es muy limitado. Una institución financiera tiene tantos sobrecostos, que presta hasta determinado segmento de empresas, pero ya con pymes no hay negocio.

—Pasemos al tema de la inversión en investigación, ¿qué muestra el monitor?

—Uruguay invierte en investigación y desarrollo el 0,4% del PIB. En las últimas décadas se ha mantenido esta inversión, que es muy poca, a pesar de ser clave para el crecimiento de los países. En el grupo objetivo, el promedio está en 2% del PIB, o sea cinco veces más. Hay que pensar que investigación y desarrollo es lo que hacen las empresas para generar productos competitivos, para que se puedan colocar en mercados que exigen innovación y estándares elevados de calidad. Hay que tener un foco ahí.

—Resultados del monitor indican que no hay espacio para más gastos ni más impuestos en el país, ¿qué significa esto exactamente?

—Uruguay no tolera más gastos, porque no tolera más impuestos. O sea, Uruguay ya tiene una carga tributaria excesiva que conspira contra la inversión que necesitamos para poder exportar. Sería suicida, en este momento, sugerir nuevas cargas impositivas porque básicamente le ponen al país una piedra en la rueda en el camino al desarrollo.

—Pero, ¿qué podría pasar si se suben los impuestos?

—Se enlentece la inversión y si eso ocurre, se enlentecen las exportaciones, incluyendo las exportaciones con valor agregado, que son las que tienen mayor potencial de generar las condiciones de desarrollo. Si se eliminaran las exoneraciones a la inversión, sería contraproducente. De hecho, las inversiones que existen en Uruguay y que mueven la aguja son todas de regímenes especiales. Si no, no estarían. Otra falacia es pensar que hay espacio para aumentar las franjas más altas del IRPF para recaudar, cuando está más que demostrado que ahí se recauda muy poco.

—¿Qué otros cuellos de botella encontraron?

—Hay algo que es fundamental: el capital humano. Vamos a conocer esta semana los resultados de las pruebas PISA. Desde el 2003, que fue la primera vez que Uruguay participó en esas pruebas, nos hemos mantenido en que uno de cada dos jóvenes no tiene las habilidades mínimas como para agregar valor en un trabajo. Es tremendo. Además, Uruguay tiene una población que no crece y lo único que podemos aspirar es a aumentar con la inmigración. O sea, que lleguen al país más inmigrantes capacitados, con ganas de trabajar. También está la pata de la regulación, hay que revisar los Consejos de Salarios. Nadie dice de eliminarlos, sino modernizarlos para permitir las flexibilidades que exige el mercado de trabajo de hoy.

—Nos quedan los pilares del bienestar, convivencia y sostenibilidad ambiental.

—El monitor del bienestar es clave: salud, vivienda e ingreso. En salud, se ve una mejora sostenida pero leve, hay que mejorar la esperanza de vida. La diferencia con los países de referencia está más que todo en la mortalidad infantil. En vivienda, venimos mejorando, pero hay un déficit de 65.000 unidades. Y hay un drama difícil de resolver, que son unas 200.000 personas que viven en más de 650 asentamientos irregulares. La pobreza está en el entorno al 10% en los últimos 10 años; se debe trabajar ahí. En materia de convivencia, la distribución del ingreso se ha estancado en la década. Hay que mejorar mucho “a los de abajo” y esa oportunidad viene con capacitación laboral. La reforma educativa es fundamental en esto. Hay otro tema que es la población carcelaria. Hay 15.000 personas viviendo en cárceles y salen de allí 26 de ellas, en promedio, por día. Y la tasa de reincidencia es del 70%. Evaluamos otros indicadores, como homicidio y narcotráfico, en los que también vemos que hay que trabajar.

—¿Estamos por encima del grupo de países de referencia en algún indicador o variable?

—Sí, nos va muy bien en sostenibilidad ambiental. En materia de energías renovables tenemos cifras muy superiores al grupo objetivo. Acá sí les ganamos.

—¿Qué puede pasar a futuro?

—Estamos bien orientados, pero vamos a una velocidad que no es suficiente. También hay luces rojas que nos pueden sacar del camino, como la propuesta del plebiscito en contra de la reforma de la seguridad social que plantea el Pit-Cnt. Si se incluye en la Constitución lo que pretenden, la agenda actual queda trunca y se condicionará al próximo gobierno, sea cual sea. Esa propuesta, de instrumentarse, ocasionará daños institucionales, de seguridad jurídica y de calificación de riesgo. Esos daños van a venir porque los genera la confiscación de ahorros individuales que plantean, la cual dará lugar a juicios contra el Estado y otros graves problemas.

Ceres plantea que Uruguay tiene un Estado que no es operativo ya que no logra cumplir con su tarea esencial de llegar con su servicio al destinatario, en tiempo y forma. Reconoce que el Estado está muy bien diseñado, pero no es eficiente en su funcionamiento. En tal sentido, propone que la próxima administración contrate lo que llama “100 orientales” (el nombre deriva de la importancia de estos especialistas), que plantea estén a lo largo y ancho del organigrama del Estado, con el fin de agilizar.

Propone que al menos haya una de estas personas en cada ministerio. La figura es como la de gerente general, que responde en forma directa al ministro (acordado previamente en el Consejo de Ministros), para que pueda concretar mejoras lo antes posible y que no se tranquen los procesos en el aparato burocrático, como está pasando en todas las áreas desde hace años.

“Son personas de alta especialización que ocupan cargos estratégicos, provenientes del sector privado, con el objetivo de hacer funcionar el sistema, que está muy lento”, dijo Munyo.

El economista remite a antecedentes al respecto. En la ley de Presupuesto de 1995 (segundo gobierno de Julio María Sanguinetti), existió un conjunto de artículos que posibilitó la creación de cargos de alta especialización. “Cada organismo del Estado que pedía un gerente de este nivel, tenía que autofinanciarlo”, contó Munyo. La condición era que sus remuneraciones fueran competitivas con el sector privado, para atraer a gerentes de ese perfil y cumplir con la tarea de innovar en el sector público. Munyo señaló que dicha iniciativa funcionó hasta que el gobierno de Tabaré Vázquez, en 2007, en una Rendición de Cuentas, mantuvo esos cargos pero los sueldos quedaron equiparados en el escalafón del sector público, con lo que se perdió la posibilidad de retener a esa gente. “Se cometió un error muy grande”, opinó Munyo.

Con el gobierno de José Mujica, la ley de Presupuesto eliminó completamente esta figura, que ya había perdido su esencia.

“No hay que crear desincentivos para cargos que son centrales. Esto se necesita. Acá se juega el partido”, concluyó el economista.