A cinco semanas de las elecciones generales, Sergio Massa continúa apelando al poder que le otorga el cargo de ministro de Economía para intentar fortalecer su candidatura presidencial. Luego de definir a fines de agosto el pago de tres bonos de refuerzo para jubilados y de una suma fija tanto para trabajadores estatales como privados, en los últimos días anunció una fuerte rebaja de impuestos para los empleados registrados con sueldos altos y la devolución del IVA en la compra de alimentos para trabajadores, jubilados, monotributistas y autónomos.

“Massa está usando recursos públicos para fortalecer su campaña política. Son medidas de claro tinte electoralista que denotan una irresponsabilidad fiscal enorme. La situación económica es muy precaria y requiere de un manejo mucho más responsable de las cuentas públicas”, dijo a El País Pablo Repetto, director de Research de Aurum Valores, en Buenos Aires.

Luego de que el oficialismo quedara relegado en las elecciones primarias al tercer lugar con el 27,2% de los votos por detrás del candidato libertario Javier Milei (29,8%) y de la coalición opositora Juntos por el Cambio liderada por Patricia Bullrich (28%), Massa salió decidido a jugar fuerte con el objetivo de crecer en los comicios del 22 de octubre para asegurarse el ingreso a un eventual balotaje. En esa línea, ha venido lanzando una batería de medidas dirigidas a compensar los efectos devastadores de la inflación. En agosto el índice trepó al 12,4%, el incremento mensual más alto de los últimos 32 años. Con ese salto, que amenaza a repetirse en septiembre, el año cerrará con una inflación acumulada de 169,3%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), un promedio de las estimaciones de las consultoras recopiladas por el Banco Central.

Para que su caudal electoral no sea arrastrado por la ola inflacionaria, Massa lanzó una saga de medidas cuyo primer capítulo fue el pago de tres bonos de 37.000 pesos argentinos (unos US$ 50 al tipo de cambio libre) para jubilados y pensionados. Esos refuerzos se abonarán en septiembre, octubre y noviembre, en pleno proceso electoral. A esa medida le siguió el anuncio de una suma fija de 60.000 pesos argentinos (unos US$ 82) por única vez para trabajadores formales. No obstante, ese alivio se concretó solo en forma parcial dado que en muchos casos tanto empresas privadas como gobernaciones y municipios se negaron a otorgarlo ante las dificultades que presenta el escenario económico.

En la últimos días, Massa elevó la apuesta con el anuncio de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a 1,77 millones de pesos argentinos (unos US$ 2.425), el equivalente a 15 salarios mínimos. En la práctica, la medida implica que a partir de octubre dejarán de pagar el tributo unas 800.000 personas que tienen empleo en blanco e integran los segmentos más favorecidos de la pirámide de ingresos. Según los últimos datos oficiales correspondientes al primer trimestre del año, en Argentina el 42,2% de los asalariados del sector privado trabaja “en negro”. En tanto, la remuneración promedio sujeta a aportes al sistema previsional ascendía en julio pasado a unos US$ 650 valuados al tipo de cambio libre.

Por último, el martes pasado Massa anunció un alivio para los segmentos de medianos y bajos ingresos con la devolución del 21% del IVA en las compras de productos que componen la canasta básica.

Los mayores gastos y la menor recaudación derivados de las medidas anunciadas no están siendo compensados con recortes de la misma dimensión en otras áreas ni con nuevos impuestos. “Las medidas que van a impactar este año tanto del lado del gasto como de la recaudación suman 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) al déficit fiscal. Con eso, el rojo fiscal primario del año cerraría en torno al 3,5% del PIB. La mayor parte de ese agujero se financiará con más emisión monetaria en un contexto en que la demanda de pesos se derrumba cada día. Es como bailar al borde del precipicio”, dijo Repetto.

El costo fiscal de las últimas medidas no solo implica que el gobierno incumplirá las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que, sin ahorro disponible ni otras opciones de financiamiento, deberá apelar a mayor emisión monetaria por parte del Banco Central. El grupo financiero Aurum Valores estimó que el nivel de emisión para financiar el agujero fiscal producido por las últimas medidas equivaldrá al 11% de la base monetaria actual.

El riesgo es que esa expansión monetaria termine por darle otro impulso a los precios y a los dólares paralelos. De hecho, en su discurso ante los gremios cuando anunció la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, Massa advirtió sobre esos peligros y les pidió a los trabajadores que “no me vayan a comprar dólares” con los pesos de más en el bolsillo. “Si tienen que ahorrar, compren un auto o algún bien producido en la Argentina”, dijo el ministro de Economía.

“Si bien la devaluación tuvo consecuencias sobre los ingresos por la aceleración de la inflación, el gobierno podría haber decidido no aumentar el gasto y tratar de ser más cuidadoso con el déficit. Sin embargo, la decisión fue ir por otra línea en la búsqueda de tratar de recomponer la relación del oficialismo con los votantes. Entre los riesgos de las nuevas medidas, todo indica que el mayor poder de compra que van a tener quienes van a beneficiarse con la eliminación del Impuesto a las Ganancias puede ir a dólares o a bienes. No hay muchas otras opciones”, dijo a El País Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

Más allá de los cálculos electorales que están por detrás de las medidas anunciadas, el agujero fiscal provocado en buena parte por beneficios otorgados a sectores de ingresos medios y altos no solo agrega más inestabilidad en el corto plazo, sino que amenaza con volver aún más pesada la herencia para el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre. “A medida que la herencia se vuelve cada día más gravosa, el tiempo que tendrá el próximo gobierno para acertar con sus políticas se torna cada vez más corto. Quien asuma deberá tener una respuesta muy rápida y certera a este desbarajuste. No habrá espacio para la improvisación y la prueba dado que el riesgo que se está acumulando es cada vez mayor”, dijo Repetto.