En el “abrirse al mundo” que impulsa el gobierno, hay dos temas sobre la mesa que se relacionan entre sí. Por un lado, la solicitud de Uruguay de adherirse al Tratado de Asociación Transpacífico (Cptpp, por sus siglas en inglés) planteada formalmente el pasado 1 de diciembre. Y por otro lado, la iniciativa del Poder Ejecutivo de someter a consideración del Parlamento un proyecto de ley para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el pasado 25 de julio.

Los temas se unen porque, para ingresar al Cptpp (el cual abarca un mercado enorme a través del cual Uruguay se podría vincular con el Asia-Pacífico), se requiere que el país interesado esté adherido al PCT.

También ésta es una exigencia que plantean diversos acuerdos bilaterales en el mundo, por lo que es esperable que el gobierno uruguayo ponga foco en el PCT, un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que instrumenta un procedimiento unificado para el examen de patentes de invención y al que ya están adheridos 157 países.

Uruguay ha ido contra corriente en esta materia, dado que en el país (al igual que en Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Surinam y Guyana), el lobby de la industria nacional de laboratorios farmacéuticos ha hecho presión en contra del PCT durante años, por considerar que su implementación podría ir en contra de sus intereses y de aquellos sectores de la sociedad que recurren a medicamentos genéricos, generalmente por sus precios más bajos que los originales.

El País contactó a Álvaro Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ANL), quien aclaró que no están en contra de las patentes, pero que se oponen a los monopolios. También alerta de que el PCT podría quitarle a Uruguay poder en la toma de decisiones a la hora de otorgar o rechazar solicitudes de patentes de invención, una visión que no es compartida por otros especialistas consultados por El País.

La ANL explica su posición en relación a las dos fases que forman parte del tratado PCT. La primera fase consiste en una búsqueda de todos los documentos de patentes existentes vinculados a la solicitud que se presenta; y con esta fase la asociación está de acuerdo ya que en Uruguay no existen recursos para realizar una búsqueda tecnológica de ese tipo y además, el dictamen producido no es vinculante. Esto significa que la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual de Uruguay (DNPI) puede adoptar un criterio distinto al dictamen PCT.

Pero la ANL no está de acuerdo con la fase 2 del PCT, que establece -según la ANL- que la oficina internacional también haría un examen de fondo de las solicitudes de patentes, en lugar de la DNPI. “Si bien ese examen de fondo de la oficina internacional no es vinculante para la DNPI, es decir no tiene obligación de adoptarlo, en los hechos la oficina nacional tenderá a hacerlo sin mayores cuestionamientos”, opina ANL, fundamentando que de alguna forma se impondrá en los hechos la “fortaleza de los países desarrollados”. Directamente, la asociación advierte así de un posible “desplazamiento de la responsabilidad y funciones a las oficinas de los países desarrollados”.

Entre otros temas, la asociación también plantea que los criterios para evaluar los requisitos de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial) por parte de la oficina internacional no son los mismos que rigen en la ley uruguaya (por ejemplo, el patentamiento del segundo uso, los métodos de tratamiento, la protección de seres vivos), lo que generaría problemas.

“No somos la única organización que ha presentado sus reservas sobre el tema, sino también la Cámara de Productos Agroalimentarios y otras más”, dijo Martínez.

Ante estas resistencias, El País consultó con Agustina Fernández, presidenta de la Asociación de Propiedad Intelectual (API) de Uruguay, quien manifestó que “el PCT es una herramienta útil que no priva de ninguna manera a Uruguay de su discrecionalidad de determinar qué es la materia patentable, o sea sobre qué dimensiones va a conceder patentes”.

“El PCT representa una gran simplificación administrativa pero la discrecionalidad en las decisiones sigue siendo de los países”, insistió. Y fue más lejos al decir que, para la API, Uruguay debería darle prioridad a este tema “para que no quedemos afuera del mundo”.

En sus inicios hubo muchos temores al respecto, pero la abogada afirma que el PCT ha derribado resistencias y se ha convertido en un estándar de la industria. De hecho, Brasil e India, que son grandes productores de medicamentos genéricos, están adheridos al PCT.

Alejando Alterwain, abogado líder del equipo de Defensa de la Competencia e integrante del de Propiedad Intelectual del estudio Ferrere, afirmó a El País que la adhesión al PCT, además de aliviar la gran carga administrativa que pesa sobre el sistema de patentes en el país (dado que simplifica procedimientos y acorta tiempos de revisión de solicitudes), le facilitaría a Uruguay firmar otros tratados o acuerdos bilaterales.

Cabe aclarar que Uruguay ya está suscrito al PCT, pero necesita ser ratificado por el Parlamento para que entre en vigencia. Alterwain recordó que ya hubo intentos anteriores de su puesta en vigencia, sin éxito. Sin embargo, parecería que ahora podrían darse las condiciones para ello.

Esto se debe a que, de alguna manera, el hecho de que el acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur esté nuevamente empantanado (se esperaba su concreción en julio pasado en el marco de la reunión UE-Celac, y no ocurrió), actuó como acelerador para que el gobierno uruguayo atendiera más otras opciones en su objetivo de abrirse al mundo. Además, para ingresar al Cptpp no se requiere el respaldo o anuencia de Brasil o Argentina, los dos grandes del Mercosur.

El economista Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, en entrevista con El País, sostuvo que sería muy positivo si Uruguay logra ser parte del Tratado de Asociación Transpacífico (Cptpp), dado que funciona en una de las zonas económicas más importantes a nivel global.

“Es el ingreso a un mercado que hoy incluye 480 millones de personas que representan el 14% de la producción global, y que se espera sea mucho mayor en los próximos años. Aunque es cierto que hoy les exportamos muy poco (6% del total de las exportaciones de Uruguay), en parte por aranceles elevados, el análisis estático no es el correcto. Hay que ver el potencial para exportarles que es grande”, afirmó Munyo.

Sobre qué tan cerca o lejos está Uruguay de esa posibilidad, Munyo señaló: “El Acuerdo Transpacífico no es un traje confeccionado a medida del Uruguay, pero, en las actuales circunstancias globales es un traje que nos calza muy bien. Dado que varios de los países miembros lograron regímenes especiales, hay espacio para pedir lo que Uruguay considere más adecuado a sus intereses”.

Llevado al tema de propiedad intelectual, Munyo sostiene que “los perjuicios internos asociados a la producción de medicamentos no patentados que puedan existir por adherirnos al PCT son inciertos y, de ocurrir, pueden ser compensados. No existen estudios contundentes en el mundo que demuestren una relación causal entre adecuar los estándares de protección de patentes y la suba de costos en el sistema de salud”, concluyó.