DATO

La pandemia del COVID-19 con sus medidas para contenerla (paráte de la economía en mayor o menor grado) impactaron en las personas más vulnerables. Así se verificó unaumento de la pobreza y la indigencia en América Latina y Uruguay no fue la excepción. La pregunta que queda es si el gobierno pudo hacer algo más para amortiguar la situación.

Ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó el informe “Estimación de la pobreza por el método de ingreso 2020”, el último que hará con la base de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005-2006, ya que en agosto se actualizará.

La pobreza pasó de afectar a 8,8% de la población en 2019 a 11,6% de la población en 2020. Eso supuso 99.953 personas que cayeron en la pobreza -según cálculos de El País- para totalizar 409.586 personas en esa situación. Es el tercer año consecutivo en que aumenta la pobreza: de 7,9% en 2017 a 8,1% en 2018, a 8,8% en 2019 y a 11,6% en 2020. Este último guarismo es el más alto desde 2013 (11,5%).

Por su parte, la indigencia se duplicó de 0,2% de las personas a 0,4% entre 2019 y 2020. En 2020 hubo 7.087 indigentes más para totalizar 14.124 personas en esa situación.

Para determinar las personas pobres, el INE utiliza una canasta básica total línea de pobreza, que se compone de una canasta básica alimentaria (que determina la línea de indigencia) y una canasta básica no alimentaria. En diciembre, esa canasta básica para determinar la línea de pobreza tenía un valor de $ 16.065. Es decir, una persona con ingresos por debajo de ese monto es considerada pobre y una persona con ingresos por ese monto o más, es considerado no pobre.

Para determinar la indigencia, la canasta básica alimentaria tenía un valor $ 4.168 en diciembre.

Ahora, ¿qué pasó en América Latina? “La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años”, señaló el informe “Panorama Social de América Latina 2020” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), divulgado el pasado 4 de marzo.

La Cepal estimó que el total de personas pobres ascendió a 209 millones en la región a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

La pobreza alcanzó en 2020 a uno de cada tres latinoamericanos (33,7%) y la pobreza extrema a poco más de uno de cada 10 (12,5%).

Si la región se vio impactada por el COVID-19 y la pobreza aumentó, ¿pudo hacer algo distinto Uruguay?

En mayo pasado, un estudio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Iecon-FCEA) realizado por los economistas Matías Brum y Mauricio De Rosa simuló el efecto de corto plazo de la situación generada por el COVID-19 en Uruguay en la tasa de pobreza. Allí estimaron que la pobreza alcanzaría a 11,6% de la población.

Para mantener la tasa de pobreza en los niveles de 2019 (es decir en el 8,8% de la población), Brum y De Rosa concluyeron que se requerían transferencias adicionales a las implementadas por el gobierno de aproximadamente US$ 22,6 millones por mes, unos US$ 271 millones en el año. Eso hubiera representado 0,5% del PIB en 2020.

El déficit fiscal en 2020 fue de 6% del PIB, mientras que la meta del gobierno era de 6,5% del Producto.

Se suele decir que “los niños no votan” para explicar la preferencia de los gobiernos al momento de tomar medidas pensadas para los ancianos. Si se ven los números de pobreza por franja etárea, esto queda en evidencia.

La pobreza afecta al 21,3% de los niños menores de 6 años, al 20,6% de los niños entre 6 y 12 años, al 18,9% de los adolescentes entre 13 y 17 años. Al mirar qué ocurre entre 18 y 64 años, la pobreza afecta al 10,3% de esta población. Solo 2,3% de las personas mayores de 65 años está bajo la línea de pobreza.

Por hogares, a nivel general la pobreza al 8,1%, pero las cifras varían si el “jefe de hogar” es varón o mujer. El 6,3% de los hogares con “jefe de hogar” varón es pobre, mientras que en hogares comandados por mujeres ese guarismo llega al 10%.

El INE también divulgó diferentes mediciones de desigualdad de ingresos. Una de ellas es el Índice de Gini, un indicador que varía entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 0, más repartido está el ingreso y cuanto más cerca de 1, más concentrado está el ingreso.

En 2020 el Índice de Gini en Uruguay fue de 0,387. En 2019 era de 0,383 y en 2018 de 0,380. Es el segundo año consecutivo en que aumenta la desigualdad.

“El análisis del Índice de Gini por departamento permite observar que Paysandú, Montevideo y Durazno son los departamentos con mayor nivel de desigualdad. Por su parte, los departamentos de Maldonado, San José y Colonia son los que presentan los menores niveles”, señaló el informe del INE.

Otra forma de medir la desigualdad es el ratio entre el décimo y el primer decil (se divide la población según ingreso en tramos de 10% y se compara el 10% de mayores ingresos con el 10% más pobre). Ese ratio fue de 11,4 en 2020. Es decir, el ingreso medio del 10% más rico superaba en 11,4 veces el ingreso medio del 10% más pobre. En 2019 era de 11,1 veces y en 2018 de 10,9 veces.

El gasto adicional del gobierno en medidas para vulnerables

El gobierno tomó algunas medidas como duplicar por única vez la Tarjeta Uruguay Social, duplicar por única vez el monto de las asignaciones familiares Plan de Equidad y entregar canastas de $ 1.200 a través de una aplicación durante dos meses. Según las cifras presentadas en febrero por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, los beneficiarios de tarjetas, asignaciones y aplicación pasaron de 602.410 en diciembre de 2019 a 840.617 a diciembre de 2020.

¿Cuánto gastó el gobierno en estas medidas? Según el informe del Fondo Solidario COVID-19 publicado en diciembre, el gasto en la duplicación del monto de la Tarjeta Uruguay Social implicó un gasto de US$ 26,6 millones. A su vez, duplicar en un mes el monto de asignaciones familiares Plan de Equidad significó US$ 30,9 millones. Por las canastas entregadas por la aplicación gastó US$ 72,9 millones. A ello se pueden sumar otros gastos como el complemento de tarjeta alimentaria del Instituto Nacional de Alimentación, el pago de canastas alimenticias en Educación Primaria y viandas y comidas para refugios, con un total de US$ 5,5 millones. En todos estos planes especiales por el COVID-19, el gobierno gastó US$ 135,9 millones en 2020, lo que representa 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB).

Tanto la oposición como algunos analistas cuestionaron que el gasto en medidas de protección a los más vulnerables fue escaso.

En entrevista publicada por El País el pasado 14 de febrero, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche respondió al respecto. “Las transferencias (sociales) aumentaron casi 60% en monto, qué básicamente se dio en dinero para que las personas pudieran consumir más alimentos, a través de la aplicación TuApp”, además “hubo un aumento muy importante en la cantidad de beneficiarios”, por lo que “hubo una respuesta fuerte de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Se siguen implementando medidas”, afirmó.