El informalismo en el mercado inmobiliario sigue en alza. De hecho, según estimaciones hechas por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), este hecho asciende entre un 50% y un 60% en el Uruguay al día de hoy. Esta es una de las razones por las cuales buscan regular el sector a través del proyecto de Ley del Operador Inmobiliario. Sin embargo, a pesar de ya haber sido aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto aún sigue estancado en el Senado, lo que aumenta la preocupación en el sector. Ahora, ¿qué se busca concretamente con esta ley y qué expectativas tienen algunos de los principales actores del mercado en relación a la aprobación de la misma?

Cabe resaltar que este proyecto apunta a varios objetivos básicos, como por ejemplo brindar transparencia en el sector y dar igualdad de oportunidades a todos los participantes del mercado.

A su vez, se busca evitar la competencia desleal, que los operadores inmobiliarios sean todos iguales ante la ley, proteger los derechos de los trabajadores, evitar el lavado de activos y contemplar a todos los que trabajan formalmente.

En ese marco, Matías Medina, vicepresidente de la CIU, destacó que es necesaria la inminente aprobación de dicha ley ya que la actividad inmobiliaria y de la construcción en conjunto “son un 12% del Producto Interno Bruto (PIB)”, sumado a que todas las cámaras inmobiliarias del interior del país, la Asociación de Agentes Inmobiliarios (ADIU) y el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, por ejemplo, han sido partícipes de la promoción de la ley durante los últimos meses en los 19 departamentos.

Asimismo, resaltó que detrás de este proyecto hay más de 1.500 empresas y unas 15.000 a 20.000 familias viven de esta actividad en todo el Uruguay (sin contar las actividades conexas del sector inmobiliario que generan empleo), sumado a que los inscriptos en el Banco de Previsión Social (BPS) para poder operar formalmente son, en promedio, unos 28.000 trabajadores, lo cual ya ha sido expresado en Diputados antes de que el proyecto pasara al Senado.

Foto: Leonardo Mainé

“También les dijimos que la ley busca reducir el informalismo, disminuir el delito de estafa por alquileres y ventas, proteger al consumidor final, profesionalizar al sector para los futuros operadores inmobiliarios y, entre otros puntos, promover y mejorar la visión de nuestro país”, explicó.

Por su parte, Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este/Maldonado, opinó que el proyecto tiene “suma importancia” para todo el sector, ya que del mismo han participado “todos los actores inmobiliarios y las Cámaras del país”, sumado a que su aprobación será clave “para el Estado, para el propietario y para el comprador o inversor”.

“Esta regulación hace que todas las partes mejoren su calidad con relación a lo que hoy se ejerce como actividad”, agregó.

Por otro lado, el vicepresidente de la CIU hizo énfasis en que el eje central de la ley es “garantizar la libertad de los propietarios a la hora de que quieran vender y alquilar una propiedad”. Asimismo, aclaró que la CIU y todas las cámaras inmobiliarias que se rigen bajo la ley buscan “legislar a todos los operadores inmobiliarios” pero no “en base a un modelo específico de negocio”.

En este sentido, dijo que todos los tipos de inmobiliaria están contempladas dentro del articulado y que si los parlamentarios estiman que hay un cambio que debe ser pertinente dentro del mismo “se habla y se dialoga” para encontrar una solución.

Foto: Estefanía Leal

En este caso, Sena dijo que es clave que la ley se apruebe ya que los futuros operadores deberán percibir impuestos (los informales no lo hacen hoy en día) y darle “garantías” al comprador o inversor. En este caso, el operador podrá trabajar con la tranquilidad de que cuenta con “información correcta” y que “estará controlado por la ley”.

A su vez, según Sena, si todos los operadores operan de manera formal, los interesados en alguna propiedad tendrán “información correcta de tasación y de cómo viene su inversión de forma preliminar para que de esa forma pueda tener un mejor asesoramiento”.

“Acá hay un título de operador inmobiliario, hay una carrera de rango terciario que se debe respetar porque estamos regulando la actividad, como sucede con los rematadores y con otras profesiones. Eso tiene que quedar muy en claro, porque antes se quería hacer un relato de que esto era una mera actividad comercial, y esto es una profesión”, agregó Medina.

En ese marco, el vicepresidente de la CIU señaló que todos los operadores que deseen operar formalmente deberán tener el aval del Ministerio de Turismo (Mintur) para operar en zonas turísticas. A su vez, la regularización del sector también busca atacar el lavado de activos.

En esa línea, el vicepresidente de la CIU aseguró que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) envió un informe “favorable” de la ley al Poder Ejecutivo.

Consultado sobre por qué la cree que la ley no ha sido tratada aún en el Senado, Medina dijo que “el sistema político entiende el problema y sabe que tiene que legislar”, pero que las “versiones” o “voces” que han salido en contra de su aprobación han “dilatado el debate”.

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Por su parte, Luis Silveira, director de Siab Inversiones y tesorero de la CIU, resaltó la importancia de que el proyecto sea tratado antes del 20 de setiembre, ya que de no aprobarse antes su tratamiento pasará al próximo período de gobierno.

“La importancia de la ley es clarísima. El informalismo ha crecido y lo vemos en redes y publicaciones. Queremos estar registrados”, agregó.

A su vez, el tesorero de la CIU hizo énfasis en que la aprobación del proyecto de ley es clave para poder “seguir defendiendo” la “bandera de seguridad jurídica que refleja Uruguay en materia de promoción de inversiones ante los ojos de la región y el mundo, aunque eso dependerá que la misma sea tratada cuanto antes por la Cámara de Senadores”.