Por Gustavo Stok/Buenos Aires

Un año después del inicio de la “guerra contra la inflación” declarada por el presidente Alberto Fernández, el resultado es devastador para el gobierno argentino. En febrero pasado el índice superó la barrera del 100% interanual por primera vez desde octubre de 1991 y las expectativas son aún peores en el corto plazo. Luego del 6,6% registrado en febrero, el consenso de los analistas proyecta para marzo una inflación en torno al 7%.

“Lamentablemente el índice podría subir otro escalón. Ya la suma de incrementos anunciados para este mes en precios regulados como las tarifas de electricidad, gas, agua, transporte y medicina prepaga deja un piso alto. A eso hay que sumarle la tendencia alcista que vienen teniendo los precios de los alimentos impulsados por la sequía”, dijo a El País la economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, en Buenos Aires.

Marzo tiende a ser en Argentina un mes con una inflación superior al promedio del resto del año dado que hay una mayor incidencia de rubros como educación por el inicio de las clases y de la indumentaria por el cambio de estación. Sin embargo, más allá de esos factores estacionales, hay otras razones que seguirán impulsando a la inflación en los próximos meses. En una reciente revisión del acuerdo vigente con el gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional autorizó una flexibilización de la meta de acumulación de reservas en el Banco Central ante el severo impacto de la sequía, pero mantuvo firme el objetivo de reducción del déficit fiscal primario, que deberá pasar del 2,4% del PIB registrado en 2022 al 1,9% este año.

Para alcanzar esa meta en un contexto de caída de la recaudación por la contracción de la economía y los menores ingresos por retenciones a las exportaciones agrícolas, el gobierno se comprometió con el FMI a acelerar la reducción de los subsidios económicos. En esa línea, en mayo habrá un brusco aumento de las tarifas de electricidad y gas para los usuarios de mayores ingresos.

La Nacion/GDA

A esas subas proyectadas se agrega el debilitamiento del programa “Precios Justos”, una iniciativa acordada en noviembre pasado con supermercados, cadenas mayoristas y empresas proveedoras de bienes de consumo masivo para congelar los precios de unos 1.700 productos. De manera informal, el gobierno les había ofrecido a las empresas de bienes de consumo masivo una mayor fluidez en el acceso a los dólares necesarios para concretar sus importaciones de insumos como incentivo para que cumplieran con las pautas del programa. Sin embargo, ante la agudización de la escasez de reservas en el Banco Central provocada por la sequía, el gobierno no viene respetando ese compromiso y, con eso, el acuerdo está languideciendo en la práctica.

Ante ese panorama de suba de precios regulados y de productos de la canasta básica, el ministro de Economía, Sergio Massa, viene apelando a todas las herramientas disponibles para evitar un salto cambiario que echaría aún más combustibles a la inflación. No obstante, también ese objetivo se está volviendo cada vez más difícil de alcanzar. “El gobierno debe administrar la brecha cambiaria en un contexto de sequía que no permite acumular reservas. Estimamos una pérdida de unos U$S 15.000 millones de exportaciones agrícolas para este año.

En ese marco, es esperable que pueda haber una aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial en los próximos meses. Además, a cambio de acceder a flexibilizar la meta de acumulación de reservas, el FMI ya no permite ninguna intervención en los mercados paralelos ni del Tesoro ni del Banco Central para contener a los dólares financieros, lo que podría acelerar la suba de esas cotizaciones”, dijo a El País Francisco Ritorto, economista de ACM Consultora, en Buenos Aires.

ECONOMÍA ELECTORAL. Con los niveles de aprobación del presidente Alberto Fernández por el piso y un techo electoral bajo para la vicepresidenta Cristina Kirchner dado sus altos índices de imagen negativa, buena parte del oficialismo depositó expectativas en una eventual candidatura de Sergio Massa para las elecciones presidenciales de octubre próximo. Si bien el ministro de Economía se encargó de negar sistemáticamente esas especulaciones, su candidatura parecía estar sujeta a la evolución de la economía y, sobre todo, de la inflación.

Foto: AFP

Desde la toma del cargo en agosto pasado, la apuesta de Massa, expresada públicamente, era ir logrando una desaceleración gradual de la inflación hasta alcanzar un índice por debajo del 4% en abril, cuando ya esté lanzada la campaña electoral. Sin embargo, lejos de cumplir con esas proyecciones a la baja, los precios vienen registrando una sostenida tendencia ascendente desde noviembre. “El piso de la inflación pasó a ser del 6%. La sequía seguirá impulsando los aumentos en alimentos y si se llegaran a acelerar los incrementos de las tarifas de servicios públicos para reducir los subsidios, eso también tendrá un impacto adicional en la inflación. En el corto plazo, el gobierno no cuenta con más herramientas que la de aplicar una política monetaria aún más restrictiva”, dijo Ritorto. Tras conocerse el índice de inflación de febrero, el jueves pasado el Banco Central decidió una nueva suba de tasas y la efectiva pasó al 113,2% anual.

Para empeorar aún más las chances electorales del gobierno, el rubro que viene liderando el aumento de los precios es el de “Alimentos y Bebidas no alcohólicas”. Impulsado por los incrementos de la carne, leche y huevos, en febrero la canasta básica alimentaria, aquella que mide el umbral de la indigencia, saltó 11,7%, cerca del doble de la inflación promedio. Esas alzas, que impactan con mayor fuerza sobre el segmento de menores ingresos, no solo asestan un durísimo impacto adicional a un cuadro social que ya presenta a más del 40% de los argentinos con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, sino que apuntan directamente sobre la base electoral histórica del peronismo.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se asoma al inicio de la campaña electoral con niveles de inflación que no se registraban en Argentina desde la hiperinflación de inicios de la década del 90. Con fuertes tensiones internas y escasas herramientas disponibles para dar respuestas en el corto plazo, el oficialismo se resigna al modesto objetivo de ganar tiempo para, al menos, evitar una llamarada inflacionaria adicional antes de las elecciones.

“El gobierno busca a toda costa engrosar reservas y está reforzando el cepo cambiario para evitar un salto cambiario. Si bien esa estrategia implica actividad económica en baja, el gobierno prefiere más recesión a que se produzca un salto cambiario que impacte aún más sobre la inflación”, dijo Castiglioni.